¿Hay vida después del Plan E?

En Cantabria han sido algo más de 6.000 los puestos de trabajo generados por los 500 proyectos de obra que se han llevado a cabo en los 102 ayuntamientos. La creación de nuevos puestos de trabajo, para frenar el crecimiento galopante del paro, era una de las condiciones para la adjudicación de los proyectos, pero los empresarios se quejan de que no se valorase, a la hora de las adjudicaciones, el esfuerzo hecho para mantener sus plantillas.

El nuevo Fondo Local

El impulso a la reactivación del sector va a tener continuidad durante el próximo año. El Gobierno central tiene previsto destinar 5.000 millones de euros a un nuevo Fondo de Inversión Local y trabaja ya para que el dinero pueda repartirse a principios de 2010 entre los ayuntamientos que presenten proyectos. Si el primer Fondo (el Plan E) estuvo dirigido exclusivamente a la realización de obra pública, con este segundo se financiarán proyectos ligados al acceso a las nuevas tecnologías y a la protección del medio ambiente. Esto incluye iniciativas de ahorro energético, transporte sostenible, mejora de abastecimiento de aguas y tratamiento de residuos. También incluirá proyectos vinculados a la protección social, que financiará la inversión en equipamientos sociales, sanitarios, educativos, culturales y deportivos.
El anuncio del nuevo Plan supone un alivio para el sector, pues permitirá enlazar con las obras que los ayuntamientos ejecutarán de cara a la elecciones locales y autonómicas de 2011.

Reunión con la Consejería de Desarrollo Rural

Miembros de la junta directiva de AEXCA se reunieron con el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad, Jesús Oria, para trasladarle las cuestiones que más preocupan a los asociados.
Las inversiones para el presente año y las previsiones para el próximo, en el que contará con un 10% menos de presupuesto fueron algunas de las cuestiones tratadas, así como la aplicación práctica, en las licitaciones de la Consejería, de las medidas adoptadas desde Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria para trasladar la liquidez a los contratistas y subcontratistas y eliminar, en la medida de lo posible, el riesgo de sufrir impagados.
También se abordaron las obras que se ejecutarán en Cantabria en base al futuro Convenio de Colaboración, todavía en fase de estudio, entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Gobierno de Cantabria, para el desarrollo de actuaciones en materia de infraestructuras rurales, solicitando al consejero la mayor participación posible de las empresas cántabras en la ejecución de las obras que se hagan.

UNA INICIATIVA PIONERA PARA GARANTIZAR EL COBRO
Varias autonomías implantarán la ‘toma de razón’ puesta en marcha en Cantabria

Algunos meses después de que se pusiesen en funcionamiento las modificaciones en la licitación pública introducidas por la Consejería de Economía y Hacienda, llega la hora de hacer balance.
Representantes de la Asociación de Excavadores de Cantabria han analizado con la Interventora General del Gobierno de Cantabria, Gema Uriarte, los resultados observados en el tiempo transcurrido desde la aplicación de estas novedades. En concreto, se evaluaron los resultados de valorar en las licitaciones públicas el compromiso de cesión de créditos del contratista de una obra en favor del subcontratista. Esta iniciativa, junto al mecanismo de la ‘toma de razón’ (un reconocimiento de deuda por parte de la Administración), han ayudado a garantizar a los subcontratistas el cobro de sus trabajos y ha llamado la atención de otras comunidades. A las oficinas de la Intervención del Gobierno de Cantabria han llegado ya peticiones de información de otras regiones que desean implantar en sus territorios estos procedimientos.

Más tomas de razón que cesiones de crédito

En el balance destaca el hecho de que hasta ahora se ha utilizado mucho más la toma de razón directa de la Administración al contratista que la cesión por éste de sus créditos a favor del subcontratista como medio de pago.
Aún así, la interventora ha señalado que ya se estaban dando casos de subcontratistas a los que se estaba tomando razón de las cesiones de créditos. Estos créditos no tienen porque ser sólo los relativos a una obra concreta, sino a cualquier derecho de cobro que el contratista tenga frente a la Administración.
Mediante la cesión de créditos, esos derechos de cobro pasan a favor del subcontratista, lo que elimina el riesgo de impagos y aportan una garantía adicional para que, si el subcontratista lo desea, pueda hacer efectivo el crédito en una entidad bancaria o usarlo como medio de pago, sin coste alguno, hacía sus proveedores o suministradores.
Es este aspecto del nulo coste de esta operación, frente a por ejemplo el ‘confirming’ bancario, el que se quiere subrayar desde AEXCA: “Lo que debe hacer el subcontratista cuando el contratista le cede los créditos –aconsejan desde la Asociación– es ir a la Intervención General a que le ‘tomen razón’ de esos créditos, es decir a que la Administración le reconozca formalmente como titular de esos derechos de cobro. Lo bueno de este procedimiento es que si decide, a su vez, ceder esos mismos derechos a sus proveedores, esa cesión no tiene gastos y sí una garantía automática de cobro para quien los recibe, porque quien le adeuda ese dinero es la Administración”.
Desde AEXCA se traslado también la preocupación de sus asociados por una posible merma en los presupuestos de las consejerías más inversoras del Gobierno de Cantabria, situación que sería nefasta para las empresas y trabajadores del sector, y se solicitó la toma de las medidas necesarias para favorecer el mantenimiento del esfuerzo inversor del Gobierno de Cantabria.

Preocupación por el descenso en la inversión pública

La noticia de que la Consejería de Obras Públicas podría reducir en un 20% sus inversiones para el próximo año, ha inquietado al sector de la excavación ante las repercusiones que tendrá para los trabajadores, autónomos y empresas. Para trasladar esta preocupación la junta directiva de la asociación mantuvo, el pasado veintiuno de septiembre, un almuerzo de trabajo con los responsables de la Consejería. En la reunión se solicitó al Consejero la mayor firmeza en la participación de su departamento en los presupuestos de Cantabria para el próximo año, y la búsqueda de medidas imaginativas que ayudasen a paliar los efectos de la crisis.
Los representantes de AEXCA insistieron también en la reclamación de una estricta vigilancia del cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente para la contratación pública en todos y cada uno de sus aspectos y, en especial, en los plazos y condiciones de pago que se dan en estas obras pagadas con el dinero público.
Los responsables de Aexca insistieron en la necesidad de que desde la Consejería y desde el propio Gobierno cántabro se haga un esfuerzo suplementario que favorezca el necesario equilibrio entre las distintas partes que ejecutan los contratos públicos, lo que contribuiría en gran medida a atemperar las consecuencias de las situaciones que se han venido produciendo en los últimos meses en este sector.

Acuse de recibo desde La Moncloa

Los escritos remitidos por AEXCA el pasado marzo al presidente del Gobierno y al líder de la oposición, solicitándoles una reunión para tratar, en nombre de otras diez asociaciones de excavadores, el gravísimo problema de los plazos y las garantías de cobro que afecta al sector, han corrido diversa suerte.
La Presidencia del Gobierno contestó el pasado mes de julio a la Asociación informando del traslado de la petición a la Secretaría de Estado de Economía, por entender que es el organismo que mejor puede atender la petición. AEXCA ha solicitado ya al delegado del Gobierno en Cantabria que contacte con su titular para agilizar la reunión.
De quien aún no se ha recibido contestación sobre la propuesta ha sido del presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, algo que desde AEXCA se lamenta por entender que si no se corrigen los negativos efectos que está creando esta demora en el pago, estaremos sentando las bases de la siguiente crisis económica.

Nueva oleada de daños en la maquinaria

La Asociación de Excavadores de Cantabria ha transmitido al Delegado del Gobierno su preocupación por la nueva oleada de actos vandálicos sobre la maquinaria estacionada a pie de obra. Roturas de lunas, motores, dispositivos electrónicos y, en algún caso, hasta la quema de una máquina, son los daños que se han registrado recientemente y que recuerdan lo ocurrido hace unos meses.
A estos actos vandálicos habría que añadir el robo de maquinaria pequeña, como miniexcavadoras o martillos, la muy habitual sustracción de gasoil de los depósitos y, en algunos casos, de piezas valiosas de la propia máquina.
La anterior oleada de robos y destrozos fue cortada eficazmente por la intervención de las fuerzas de seguridad del Estado y desde AEXCA se confía en que la repetición de las medidas que se aplicaron entonces, surtan otra vez efecto.

Más control de la Administración
en el vertido de inertes

Para el control efectivo de lo que se hace con las tierras excedentarias que se producen durante el vaciado de un solar, no basta con crear normas sobre cómo deben ser gestionadas o dónde deben ser depositadas. Hace falta también una vigilancia que verifique que efectivamente se cumple lo que establece la ley. Algo que no se lleva a cabo en Cantabria, donde se continúan produciendo vertidos de inertes en lugares inadecuados.
Para AEXCA el paso que falta por dar es que la Administración realice una vigilancia estricta del fin último que el constructor o subcontratista va a dar a esos residuos: “Se trataría de que se certifique por un gestor autorizado que esos residuos se han recibido en su depósito y que están gestionados conforme a la ley. Y, si no es así, que la inspección funcione y verifique que los excedentarios que no se llevan a un gestor autorizado no se están echando en cualquier finca o prado”.
El problema de qué hacer con estos vertidos se arrastra desde hace muchos años, originado por el hecho de que los promotores de las obras públicas y privadas no se implican en la gestión de los inertes. “Ellos subastan el vaciado de tierras –explican desde la Asociación– y si una empresa no les cobra el canon (por depósito en vertedero autorizado), se lo dan a ella porque les sale más barato”.
En Cantabria, además de algunos vertederos privados, existen cinco depósitos para el vertido de inertes (Val de San Vicente, Oreña, Reinosa, Reocín y Liérganes) gestionados por la empresa mixta Gesmacan, creada por socios de AEXCA y la propia administración regional, a través de la empresa pública MARE.