Fedea pide diseñar ya un plan de ajuste fiscal desde 2022 y racionalizar el gasto antes que subir impuestos

Doménech (BBVA Research) avisa de que el «camino rápido» de la subida de impuestos podría poner en peligro la recuperación

El Grupo de Trabajo Mixto-Covid19 (GTMC), formado por más de 120 expertos e impulsado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), aboga por empezar a diseñar un plan de ajuste fiscal a medio y largo plazo a implementar desde 2022, para que los estímulos fiscales adoptados sean más efectivos y se acelere la recuperación, así como reformas para aumentar el crecimiento potencial y los ingresos, racionalizar el gasto público y mejorar la estructura fiscal antes que subir impuestos, ya que podría perjudicar el crecimiento, el empleo y la inversión.

Así figura en el primer trabajo del Grupo de Trabajo Mixto-Covid19, centrado en la estabilidad macroeconómica y presupuestaria, coordinado y presentado este lunes en una webinar por el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, y el director de Fedea, Ángel de la Fuente.

El Grupo de Trabajo Mixto, formado por un amplio número de economistas de universidades y organismos como Fedea, BBVA Research, Funcas o Equipo Económico, han instado a que se empiece a diseñar ya un plan de ajuste fiscal a iniciar de forma progresiva desde 2022 y que sea «transparente, ambicioso, pausado pero sostenido en el tiempo, creíble y con un amplio apoyo político y social», para aportar certidumbre y credibilidad y permitir aumentar la efectividad de los estímulos fiscales aprobados por le Gobierno y por consiguiente acelerar la recuperación económica.

En concreto, Doménech ha explicado que no tendría «mucho sentido» acometer el ajuste fiscal este año ni el siguiente, al ser necesarios los estímulos fiscales, que han permitido evitar una contracción adicional de 3 puntos de PIB, según sus estimaciones, y dada la previsión de una caída del PIB del 10% y que no se vuelva a los niveles previos de la crisis hasta al menos 2022 en adelante.

No obstante, ha abogado por empezar a diseñar ya el plan de ajuste fiscal con anuncios de medidas de consolidación fiscal para aportar «mucha certidumbre y confianza» en las decisiones de los agentes económicos, y empezar a implementarlo gradualmente desde 2022, reduciendo medio punto de déficit público estructural cada año.

De esta forma, Doménech ha indicado que con esa senda de reducción se podría lograr en el máximo de una década el equilibrio.

SUBIR IMPUESTOS, LO ÚLTIMO

Para alcanzar ese objetivo, ha indicado que no basta con pequeños retoques en los ingresos y gastos públicos, sino que es necesario un amplio conjunto de medidas que pasan por abordar reformas que aumenten el crecimiento potencial, como mejorar la eficiencia del mercado de trabajo, los ingresos públicos, racionalizar el gasto público, mejorar la estructura fiscal y, en último término, aumentar los impuestos de forma que perjudique lo «menos posible» el crecimiento económico, la inversión, la innovación y el empleo.

«Es preferible ensanchar las bases imponibles con más crecimiento económico y empleo que no adoptando el camino rápido de la subida de impuestos que pueden poner en peligro la propia recuperación económica, particularmente si perjudica al crecimiento, la inversión y el empleo», ha advertido.

Preguntado sobre la creación de nuevas figuras impositivas por parte del Gobierno, como las tasas Google y Tobin , Doménech ha recordado que llevan un tiempo siendo abordados por la Comisión Europea y la OCDE, y considera que «lo razonable» es tratar de armonizar la política impositiva antes que tomar medidas «unilaterales».

En lugar de subidas de impuestos, ha insistido en acometer reformas para aumentar el potencial de crecimiento, apuntando que si se redujese a medio y largo plazo la diferencia 9 puntos de la tasa de paro media de España con la media del resto de países de la UE, se ganarían 6 puntos porcentuales de PIB de margen presupuestario, más incluso que los 5 puntos necesarios para reducir el déficit estructural que se prevé que se alcance el próximo año.

De hecho, ha recordado que esta es una de las recomendaciones de la «Comisión Colao» que ha creado Italia de cara a la reconstrucción económica con empresarios y economistas, y ha afirmado que «derogar la reforma laboral iría en la dirección contraria»».

Doménech ha recalcado la importancia de «gastar bien» con medidas «eficaces» que «lleguen donde tienen que llegar» y políticas de renta «bien diseñadas» que permitan mantener los niveles de gasto y consumo, así como prevenir que los estímulos fiscales pongan en peligro la sostenibilidad financiera a futuro de las cuentas públicas reforzando los mecanismos existentes de evaluación ex ante y ex post de las políticas públicas.

APOYA USAR EL MEDE Y NO ESTIGMATIZAR LA «SOLIDARIDAD» EUROPEA

Tanto Doménech como De la Fuente creen que hay que empezar a estudiar cuanto antes algunas reformas que mejorarían sensiblemente la credibilidad del compromiso con la sostenibilidad de las cuentas públicas, como la del sistema público de pensiones, la sanidad, la dependencia o la financiación autonómica. De la Fuente ha incidido en la necesidad de que todas las administraciones tengan «responsabilidad fiscal».

Por ello, ha defendido la posibilidad de que España pueda recurrir al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), además de al mecanismo de reaseguramiento (BEI), la financiación del BEI o el fondo de reconstrucción que consensúe Bruselas, ya que «la solidaridad europea no debería ser terreno de confrontación política y no se debería estigmatizar su uso». Máxime, ha dicho, cuando España es un país «particularmente golpeado» por la pandemia y con un margen de maniobra fiscal más limitado que otros.

Este ha sido el primer trabajo de un total de diez que prevé elaborar el Grupo Mixto de Trabajo-Covid-19, que se remitirán a la Comisión de Reconstrucción del Congreso y que versarán también sobre sanidad, política tributaria o formación, entre otros.