Un nuevo modelo de asistencia geriátrica

Aunque todavía no se perciba con claridad, por la dificultad para poner en práctica una norma de tanto calado, la aplicación de la Ley de Dependencia va a suponer un cambio histórico en el modelo de protección social de este país. Ese reconocimiento del derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a recibir servicios y prestaciones adecuados a su situación de dependencia esta incidiendo también en el modelo de residencias para mayores que se ha comenzado a impulsar.
Un buen ejemplo es la reforma integral de la Residencia pública de Laredo para su conversión en plazas de atención a personas en situación de dependencia (no necesariamente mayores), en la que la Dirección de Asuntos Sociales de Cantabria ha invertido seis millones y medio de euros.
La obra, ejecutada por Teconsa, finalizará este mes y no se ha limitado a la modificación de las 90 plazas ya existentes y al acondicionamiento de las instalaciones sino que ha permitido crear 50 plazas más.

Un centro de día

Tras la reforma, la residencia albergará también un centro de día, con capacidad para veinte usuarios, que será, tras el de Castro Urdiales, la segunda instalación de esta naturaleza de carácter público, ya que el resto de los centros de día repartidos por la región son concertados. Al igual que el de Castro, tendrá un horario muy amplio –estará abierto todos los días del año entre las ocho de la mañana y las diez de la noche–, para que la persona mayor permanezca en su entorno todo el tiempo posible a la vez que se ofrece un respiro a los cuidadores familiares.
Para ocuparse tanto de los residentes como del centro de día, la plantilla se ampliará hasta los 150 trabajadores entre médicos (1), enfermeros (12), fisioterapeutas (2), terapeutas ocupacionales (2), auxiliares de enfermería (66) y el nutrido grupo de personas que son necesarias para las tareas de cocina, limpieza y mantenimiento.

2.777 plazas más para 2015

Las residencias para mayores o personas dependientes forman uno de los campos donde tienen más posibilidades de colaborar la administración y la iniciativa privada. Allí donde tardaría en llegar la Consejería de Bienestar Social con su presupuesto, pueden anticiparse las empresas, construyendo plazas que luego pueden concertar con la Administración. El erario público paga 51 euros diarios por cada una y la estimación de las necesidades de plazas residenciales públicas hecha por la Dirección General de Asuntos Sociales es el guión a seguir para los empresarios que quieran aventurarse en este campo, quizá no tan rentable como otros, pero sí seguro, ya que los ingresos están garantizados.
La administración cántabra está dispuesta a concertar, incluso, el cien por cien de las plazas si los centros están debidamente acreditados, pero para ello es preciso que el promotor esté dispuesto a construirlas allí donde, según el Gobierno, más se necesitan.
El escenario previsto por la Consejería hasta el 2015 en las cuatro grandes áreas en que se ha dividido a Cantabria a efectos sanitarios, contempla la creación de 2.777 plazas públicas, que vendrían a añadirse a las 2.910 que existen en la actualidad. En el área de Santander, el Gobierno estima que es preciso crear 1.463 plazas; en la zona de Laredo, 402; en Reinosa y su área de influencia, 89 y en la de Torrelavega, 823.
Este esfuerzo, en realidad es una continuación del que se viene llevando a cabo desde 2003, ya que en este periodo se han creado 1.428 nuevas plazas residenciales, lo que ha incrementado en un 47% las que había. Aunque todavía es insuficiente, se han conseguido superar los porcentajes nacionales de cobertura, que se sitúan en el 4%, seis décimas por debajo de la de nuestra comunidad. Hay que tener en cuenta que Cantabria partía de una posición sensiblemente peor que el resto y, al contrario de lo que sucede en el otras regiones, hay más plazas públicas que privadas.