Gabilondo anuncia una actuación de oficio con CCAA y Gobierno para ver los avances en vivienda pública

Propone a los parlamentarios ir a la Cañada Real a debatir sobre la vivienda para ver «lo que es de verdad el chabolismo»

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado que iniciará una actuación de oficio con las comunidades autónomas y con el Ministerio de Vivienda para conocer, por un lado, el número de viviendas públicas, el número de personas en lista de espera y las medidas para aumentar el parque de vivienda protegida; y, por otro, el estado de ejecución de los planes para construir vivienda pública.

Así lo ha indicado este martes, en el Congreso, durante su comparecencia ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo para informar sobre las actuaciones realizadas en relación con el problema de la vivienda en España, con especial atención a la okupación, a petición del PP.

«Vamos a iniciar una actuación de oficio para las comunidades autónomas, que son las competentes en materia de vivienda, porque queremos conocer el número de viviendas públicas en el parque de cada comunidad autónoma, el número de personas en espera para la adjudicación de una vivienda pública en cada uno de los grupos previstos en cada comunidad autónoma, las medidas previstas para aumentar el parque de la vivienda protegida y de la alquiler asequible», ha avanzado.

Asimismo, preguntarán a las CCAA si van a utilizar las medidas previstas en la ley de vivienda para las áreas residenciales tensionadas, y si consideran adecuado y tienen previsto adoptar medidas para regular y limitar el alquiler turístico.

Al mismo tiempo, ha anunciado que también van a iniciar una actuación de oficio con el Ministerio de la Vivienda «para conocer el estado de ejecución de los planes anunciados de construcción de vivienda pública, social y de alquiler asequible».

«Esto es una manera, entiendo, de contribuir al debate que ustedes hacen y de conocer bien lo que efectivamente se está haciendo a fin de que podamos también hablar de eso, y desde mi punto de vista con esto también estoy haciendo mi labor de Defensor del Pueblo», ha subrayado Gabilondo.

SITUACIONES DE INFRAVIVIENDA Y CHABOLISMO

Por otro lado, Gabilondo ha invitado a los diputados y senadores a trasladar físicamente a la Cañada Real Galiana el debate que han mantenido este martes sobre la vivienda, para que comprueben «lo que es de verdad no tener vivienda» o «vivir situaciones de chabolismo».

«Si quieren que hablemos, este debate lo podríamos hacer en la Cañada Real Galiana, que es un sitio estupendo para sentarse allí en unas sillas redondas y nos ponemos todos a hablar de estas cosas tan interesantes que estamos hablando hoy. Para ver lo que es de verdad no tener una vivienda o vivir en situaciones de infravivienda y chabolismo», ha propuesto Gabilondo desde el Congreso.

Ante el problema de la vivienda, Gabilondo ha reclamado un «aumento significativo» de la vivienda pública, preferentemente de alquiler, y ha afirmado que «nada apunta» a que la okupación sea «un fenómeno descontrolado» en España.

«Si tratamos como okupación cualquier impago o retraso de renta, el problema, claro, aumenta, aunque nuevamente, si tenemos en cuenta los datos, la tendencia es la contraria a la que algunos señalan. Si comportamos las sentencias estimatorias, total o parcialmente, tras las denuncias del casero contra el inquilino por falta de pago de la renta o de la fianza, la serie que permite seguir bien la evolución de estas sentencias es la del Consejo General del Poder Judicial. ¿Y qué encontramos? Que el número desciende. De 14.514 en 2021 a 13.503 en 2022 y a 10.805 en 2023. Nada en la estadística apunta a un fenómeno descontrolado», ha subrayado.

En todo caso, Gabilondo ha precisado que no es lo mismo un allanamiento de morada que un retraso o impago en la renta y ha puntualizado que «un mero impago o retraso no tiene entidad penal» y «no debe tratarse como un delito». Asimismo, ha añadido que la primera preocupación de los españoles es la vivienda, pero no la okupación de la misma, que preocupa al «2,6%» de la población.

En concreto, ha detallado que en 2024 se registraron 16.426 denuncias por allanamiento o usurpación de inmuebles, según los datos recabados por el Sistema Estadístico de Criminalidad de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio Interior, lo que «supondría un impacto máximo del 0,06% sobre el parque total, que son 27 millones de viviendas».

Si bien, ha matizado que esta cifra de 16.426 denuncias no es la del número de ocupaciones. «El Consejo General del Poder Judicial cifra las ocupaciones ilegales de casas habitadas o segundas residencias allanamiento y morada en 2.309. Eso supondría que solo el 14% de las denuncias se refiere realmente a ocupaciones. El resto serían usurpaciones, ocupaciones de inmuebles vacíos o denuncias archivadas por diversas causas», ha indicado, añadiendo que con esto no pretende «restar importancia a nada».

200 QUEJAS SOBRE DESAHUCIOS EN 2024

Además, Gabilondo ha subrayado que reciben «más quejas, por ejemplo, sobre los desahucios, unas 200 en 2024, que sobre la okupación». En 2024, según ha concretado, recibieron 45 quejas de vecinos que refieren molestias y problemas de convivencia y vandalismos que producen los ocupantes de viviendas del edificio, y 41 quejas de propietarios o arrendadores que han visto suspendido el desahucio de inquilinos u ocupantes sin título.

En todo caso, Gabilondo ha pedido liberarse de «lecturas extremistas» y ha precisado que no todos los inquilinos tienen que ser considerados «seres perversos» ni los propietarios son siempre «rentistas». «Es injusto creer que todos los que tienen piso son rentistas, y es injusto decir que todos los que entran o están en una casa, o no salen de una casa, son simplemente perversos inquilinos», ha insistido.

Entre las soluciones al problema de la vivienda, Gabilondo ha apuntado que es «imprescindible un aumento significativo de la oferta de vivienda pública de alquiler y que este tipo de vivienda se sujete a un régimen de protección permanente». También ha abogado por «el mantenimiento y la mejora de los programas de ayuda al pago del alquiler dirigidos a paliar el sobreesfuerzo de los hogares» y ha recordado que «incumbe a las Administraciones Públicas llevar a cabo una gestión ágil, dirigente, eficaz y transparente de las mismas».

En cuanto a la suspensión de los desahucios, que ha calificado como «un drama social y humano», Gabilondo ha precisado que es «una solución temporal» y ha instado a los poderes públicos a «trabajar para buscar soluciones que hagan esas medidas innecesarias».