Gobierno ultima un anteproyecto de ley para atajar los beneficios a la energía hidráulica y nuclear

Acuerdo entre socios para un anteproyecto de ley que repercute las emisiones de CO2 al coste de las energéticas

El Gobierno tiene avanzado ya un mecanismo para atajar la sobrerretribución que perciben en el mercado mayorista la generación de energía mediante plantas hidráulicas y nucleares, que se traducirá en una reducción de la factura al consumidor.

Con ello, se abrirá paso a la reforma del mercado eléctrico con la eliminación de los conocidos beneficios caídos del cielo para estas tecnologías del mix energético, que estaba incluido en el pacto de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.

Según han indicado fuentes gubernamentales, la previsión es que el Consejo de Ministros aborde el próximo martes un anteproyecto de ley tras una negociación «discreta» y «leal» entre ambos socios de coalición con un «trabajo satisfactorio».

Desde el pasado mes de enero y con la tensión sufrida en el precio de la luz por el paso de Filomena en la segunda semana de ese mes y la ola de frío en la tercera, que llevó a un episodio coyuntural de subidas alcanzando niveles récord, la reforma del mercado eléctrico volvió a convertirse en tema de debate entre los socios de Gobierno.

Y es que la formación morada reclamó con insistencia entonces que se avanzara en el cumplimiento de esta reforma que terminara con los windfall profits .

ASUMIRÁN EL COSTE DEL CO2

Concretamente y con este anteproyecto normativo, las eléctricas tendrán que repercutir en su coste de producción los derechos de emisión del CO2 para estas dos modalidades de generación, por lo que se les descontará del precio del mercado mayorista. De esta forma, su situación será análoga a las condiciones que ya tienen las plantas gasísticas.

La previsión es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2 de unos 50 euros por tonelada, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de al menos 1.000 millones, que a su vez supondría un abaratamiento de la factura del 4 o 5%.

No obstante y en un escenario de un coste de 100 euros por tonelada de C02, se alcanzarían los 2.100 millones aunque esos niveles se consideran improbables.

BENEFICIARÁ A PARTICULARES Y PYMES

La eliminación de estos beneficios caídos del cielo repercutirá, según estas fuentes, a los consumidores particulares y a las pequeñas y medianas empresas.

Además, supondrá un incentivo para que las compañías del sector «desplacen» su «tejido productivo» hacia las renovables e ir dejando atrás las tecnologías vinculadas a combustibles fósiles.

A su vez, la intención es que el 10% de esa cantidad que se minorará de los llamados beneficios caídos del cielo irá a parar a un mejorado bono social que ayudará a unos 300.000 consumidores vulnerables.

Las citadas fuentes gubernamentales han señalado que se ha optado por este mecanismo que «jurídicamente está muy armado», tras llegar al convencimiento de que el actual momento requería «avanzar en medidas de alto fondo» en el sector eléctrico.

Además, dicha reforma para atajar los beneficios caídos del cielo se abordaría el mismo día en que entra en vigor la nueva factura eléctrica.