Nestor Martin: ¿Dónde está el dinero?

Hace ahora un siglo, un pintor canario llamado Néstor Martín triunfaba por medio mundo con sus cuadros mitológicos, entre ellos su ‘Poema del Atlántico’ en el que unos peces monstruosos devoraban cuanto se les ponía por delante. Seguro que su alegoría no tenía nada que ver con una fábrica cántabra de estufas que casualmente lleva su nombre, aunque sin acentos, por su procedencia belga. Sin embargo, la factoría de Maliaño le está produciendo al Gobierno cántabro unas pesadillas parecidas por su capacidad para devorar dinero público y las dificultades para justificar su destino.
En esta legislatura, el Partido Popular ha puesto un especial empeño en las comisiones de investigación y en los tribunales, de forma que ha sentado en las sillas de comparecientes del Parlamento, en el banquillo de los tribunales o en ambos sitios a la mitad del Gobierno anterior. Una dinámica que puede volvérsele en contra con el caso Nestor Martin.
La empresa creada por dos personas muy cercanas a Ignacio Diego y con la que se iban a salvar los casi cien empleos que suprimía Teka en Cantabria está a punto de convertirse en un GFB 2 y el propio Gobierno, a la vista de las responsabilidades que pueden venírsele encima si en mayo no conserva una mayoría parlamentaria, ha empezado a tomar medidas de salvaguarda. El pasado verano se desligó del consejo de administración y ahora ha exigido que los fundadores y propietarios del 70% de las acciones abandonen la gestión antes de entregar más dinero público a la compañía.

Una gran bola de nieve

Como sus predecesores en GFB, el Gobierno de Ignacio Diego se ha visto atrapado en una bola de nieve que crece cada vez más, porque en Nestor Martin el dinero público desaparece con una misteriosa rapidez. La fábrica de estufas de pellets y leña creada por el empresario cántabro Jesús Lavín y el exdirector de Hergom Andrés de León ha alcanzado un volumen de ventas notable, con clientes como Aki o Leroy Merlin, pero cada pocos meses ha de ser rescatada por el dinero público, porque su aportación financiera ha sido casi simbólica. Constituyeron la sociedad con un capital de 3.000 euros y han conseguido que el sector público fuese su principal aliado, tanto para conseguir otros accionistas (los trabajadores, que pusieron los 3,2 millones de euros que les pagaba Teka por los despidos) como para obtener toda la liquidez que necesitaba la planta para su funcionamiento.
Como ocurrió en GFB, el dilema es cuándo dejar de alimentar esa bola de nieve. A medida que crecía el dinero comprometido por el Gobierno, el escándalo político y el quebranto económico que suponía su hundimiento también resultaba mayor, así que el Ejecutivo de Ignacio Diego, como hicieron sus predecesores en GFB, ha metido dinero una y otra vez. Así ha llegado a poner 13 millones de euros por varias vías (subvenciones, capital, créditos, créditos participativos…) que ni siquiera han sido suficientes, y la fábrica necesita al menos tres más para llegar viva más allá del verano.
Dejar caer la compañía justo antes de las elecciones suponía para el PP una catástrofe, por el conflicto social que podía originar y por tratarse del principal logro industrial de este Gobierno. Pero, a la vez, en el Ejecutivo cada vez causan más inquietud las responsabilidades judiciales que puedan derivarse del dinero entregado. De hecho, antes de que la empresa cumpliese su primer año de funcionamiento, Sodercan ya exigió entrar en el consejo de administración. Su preocupación por lo que estaba ocurriendo lo demuestra el perfil de los elegidos, dos personas de absoluta confianza del PP: Pedro Labat, al que ha colocado como secretario en una decena de empresas públicas del Ayuntamiento de Santander y del Gobierno regional, y Pedro Herrero, que fue director general de Industria durante el Gobierno de Martínez-Sieso.
Ni siquiera estando dentro del consejo se sintió el Gobierno más tranquilo con lo que estaba ocurriendo, y a los siete meses ordenó a sus hombres abandonarlo, para evitar cualquier responsabilidad derivada. Como propietario forzado de un 30% de las acciones, le exigió a los empresarios que esos puestos fuesen cubiertos por dos técnicos en auditorías de cuentas que actuasen como controladores. Otro síntoma de sus recelos sobre el uso que se estaba dando al dinero público.
Quizá en otro momento hubiese dejado caer la empresa definitivamente, pero en puertas de unas elecciones, Diego ha tratado de buscar una salida que no le comprometa. Pondrá el dinero suficiente para que la compañía llegue viva a junio, pero ha exigido la marcha de los actuales propietarios y la entrega de la gestión a la consultora vasca HUB, que está especializada en compañías en crisis. Dado que es previsible que los créditos no puedan devolverse y los avales concedidos por el Gobierno sean ejecutados, la compañía puede considerarse ya de titularidad pública, y es previsible que, una vez concluya su trabajo la gestora vasca, se opte por la venta o, si no fuese posible, por la liquidación.

Muchas simetrías con GFB

Recomienda el refrán poner las barbas a remojar si ves las de tu vecino pelar y el ejemplo, en este caso, no puede estar más próximo, porque los tribunales acaban de condenar al exconsejero Miguel Angel Pesquera por la gestión de GFB, precisamente en un procedimiento judicial iniciado por el Gobierno de Ignacio Diego. Bien es cierto que la sanción ha sido mínima (dos años de inhabilitación para gestionar una empresa) y absolutamente inocua para Pesquera, que se dedica a la docencia, pero nadie sabe nunca cómo puede acabar un proceso que llegue a los tribunales y no ha sido tan inocua para el socio costarricense de GFB, que tendrá que pagar (si tiene con qué) casi 16 millones de euros por los perjuicios creados a la sociedad.
A pesar del doloroso precedente de GFB, en Nestor Martin se han repetido milimétricamente algunas circunstancias: dos empresarios que operaban en el extranjero se ofrecen a iniciar en Cantabria una actividad relacionada con la construcción (en este caso de forma indirecta) a cambio de una fuerte implicación del Gobierno, tanto financiera como para convencer a Teka y a sus trabajadores de que se integren en el proyecto, aportando los 3,5 millones de euros de sus despidos.
También en este caso los empresarios se compraron a sí mismos la maquinaria, aunque iaseguran que han aplicado un precio inferior al que hubiesen cobrado a otros clientes.
Otra similitud más, la compañía cántabra forma parte de un holding industrial cuyos principales activos están en el extranjero y que finalmente deja de existir. En el caso de Nestor Martin porque los empresarios españoles no fueron capaces de reflotar la fundición belga de estufas que compraron, a pesar de los 3,25 millones de euros que puso el Gobierno de la región de Valonia. En el caso de GFB, porque la familia costarricense cortó el grifo de la financiación a la planta cántabra cuando las cifras empezaron a asustarles.

Un entramado muy complejo

El entramado societario montado por los cántabros Jesús Lavín y Andrés de León, que crearon la sociedad Ecomasa de Inversiones II para la planta cántabra, es digno de una página de jeroglíficos, lo que no obstante, no asustó al Gobierno de Ignacio Diego para avalar un crédito inicial de 5 millones de euros que obtuvieron en el Banco Popular. Tampoco asustó a los trabajadores, que fueron casi forzados a comprar su puesto de trabajo, aportando los 3,5 millones de sus indemnizaciones por el tiempo trabajado en Teka. Algunos de ellos, a día de hoy, no han recuperado en salarios lo que pusieron.
Si los pagos a la plantilla durante estos dos años prácticamente se han financiado con la aportación que hicieron los operarios; la nave está alquilada (es la antigua de Talleres Martínez); y la maquinaria adquirida sólo ha costado 2,26 millones de euros y otro millón la adecuación de la planta, no es entendible que Nestor Martin haya devorado en tan poco tiempo 16,5 millones y ahora mismo esté sin actividad por no poder pagar la materia prima.

El dinero fue a Francia

Al menos una parte del este dinero, 3,5 millones de euros, se han ido a Francia, para adquirir el 50% de la matriz del Grupo Wanders, dedicado a la comercialización de estufas en aquel país, con el que Lavín y León creían tener un futuro prometedor, ya que se comprometía a colocar en su circuito de distribuidores las estufas que fabricase la planta cántabra. La realidad es que el grupo Wanders ya atravesaba una situación renqueante en ese momento y se vino abajo sólo un año después. En febrero de 2014 suspendía pagos y eso arrastró a parte del Grupo Ecomasa.
Por si fuera poco, Lavín y De Andrés se encontraban ese mismo mes con la quiebra definitiva del grupo belga que habían adquirido, origen de Nestor Martin. En unas pocas semanas, la fábrica cántabra se había quedado huérfana, sin comercializadora y sin las inversiones realizadas en el extranjero.
Para colmo, cuando Jesús Lavín y Andrés de León adquirieron Nestor Martin, no dejaron bien cerrados los derechos sobre la marca y el fundador acabó por recuperarla, vendiéndosela más tarde a un tercero, lo que impedía que la empresa cántabra pudiera utilizarla. De nuevo tuvo que ser el Gobierno autonómico el que saliera en auxilio de la empresa, aportando un aval para que pudiese recomprar la marca y las patentes.
En su primer año de funcionamiento, Ecomasa acumuló unas pérdidas de 2,9 millones de euros, que forzaron a la empresa a dar entrada a Sodercan en el capital. Desde entonces, la empresa ha estado buscando otros socios, sin éxito, lo que ha obligado al Gobierno a implicarse cada vez más y a lo largo de 2014 la fábrica de Maliaño ha funcionado enganchada al gotero de la ayuda pública.
Lavín y León han utilizado la estrategia de la zanahoria e insistentemente han puesto ante los ojos del Ejecutivo una casi inmediata rentabilidad, pero su estructura financiera es demasiado débil para conseguirlo.
La fábrica facturó algo más de cinco millones de euros en su primer año y calculaba cerrar 2014 con unas ventas de unos 8,8 millones. Según los empresarios, 2015 iba a suponer un salto cualitativo, con 13.360 estufas comercializadas y unos ingresos de 12,3 millones pero a medida que avanza el año esta hipótesis, que prácticamente equivale al punto de equilibrio entre ingresos y gastos, es menos verosímil, habida cuenta de que ha estado trabajando a un ritmo de apenas 200 aparatos al mes, por falta de materia prima, y acaba de iniciar un ERTE de dos meses.
El Gobierno no quiere asumir más riesgos y para la concesión del nuevo crédito ha buscado el respaldo de todos los grupos parlamentarios. Diego, no obstante, se ha puesto la venda antes de que la herida vuelva a sangrar y, esta vez, antes de poner el dinero ha exigido unos gestores distintos. O no tan distintos, porque aunque ahora la empresa está en manos de una consultora, Andrés de León no dio la batalla por perdida y ha conseguido que una de sus empresas siga actuando como comercializadora de Ecomasa.