El modelo de residencias concertadas se tambalea
Los recortes en la Ley de Dependencia suponen algo más que un retroceso en nuestro cada vez más desvaído estado de bienestar. Marcan también el punto de inflexión para un modelo de asistencia que condujo a la iniciativa privada a crear residencias, centros de día y empresas de servicios bajo la promesa de unos márgenes de rentabilidad que ya no se cumplen y que pueden abocar a muchas empresas al cierre.
Una situación cuya gravedad ha provocado una escisión en la asociación empresarial que representa a los centros de atención a la tercera edad y dependientes. Trece de ellos, entre los que se encuentran residencias, centros de día, servicios de asistencia a domicilio y centros sociosanitarios han creado una nueva asociación –la Plataforma para la Atención de la Dependencia en Cantabria (PAD)– con la que confían en defender mejor sus intereses ante la Administración regional, aunque hasta el momento no han obtenido respuesta a sus propuestas para minimizar el impacto de los recortes y evitar que sean inviables muchos centros sobre los que ahora pende la amenaza de la desaparición.
Una década de euforia
El punto de partida para que la iniciativa privada se involucrase en la creación de un sector asistencial no podía ser mejor en España. Los datos demográficos situaban a España a la cabeza de los países con mayor índice de envejecimiento de la población, pero estábamos por debajo de la media de la UE en plazas residenciales para mayores. Apenas existía una red asistencial pública y las pocas residencias privadas tenían listas de espera, lo que se reflejaba en los elevados precios que cobraban.
Todo esto cambió en los últimos diez años, cuando la administración pública se decidió a remediar esas carencias y propició un ‘efecto llamada’ sobre la iniciativa privada, al recurrir a la fórmula del concierto para que el sector público no tuviese que afrontar de la noche a la mañana la construcción y gestión de cientos de residencias.
Ese reclamo a los promotores privados se potenció con la aparición de la Ley de Dependencia, que asignó mayores recursos a la creación de una red asistencial. Los inversores privados jugaban sobre seguro, ya que antes de plantearse la construcción de una residencia convenían con la Administración cántabra el lugar donde debía levantarse y lograban, a cambio, el compromiso de que la residencia arrancaría prácticamente llena, gracias a las plazas concertadas.
En Cantabria se daba una circunstancia que complicaba notoriamente la creación de esa red, el desigual reparto poblacional. Más de la mitad de los habitantes de la comunidad se concentran en el arco de la bahía santanderina, mientras que el resto de la población está muy diseminada por toda la comunidad.
La Administración regional optó por adecuarse a ese esquema a la hora de diseñar el reparto geográfico de las residencias. Se quería que la red asistencial ayudase a evitar el despoblamiento del interior de Cantabria y, además, se creía estar interpretando el deseo de los habitantes de esos pequeños núcleos de no alejarse de su pueblo en sus últimos años de vida. Pero la experiencia demuestra que este planteamiento bienintencionado choca con la realidad. Como se ha visto luego, la elección de estos centros no suele hacerse en función de donde vive el usuario, sino de dónde lo hacen sus hijos o familiares. Suelen ser estos los que toman las decisiones, sobre todo cuando se trata de personas dependientes.
Otro error que afecta al futuro de la pequeñas residencias que se han levantado en zonas rurales de Cantabria fue creer que geriátricos de 40 plazas podían ser viables. Hoy, con las condiciones que ha fijado el actual Gobierno no lo son, salvo que se conviertan en un negocio familiar.
Márgenes muy estrechos
La Ley de Dependencia sirvió para impulsar la creación de una red asistencial que en algunas comunidades llega a superar los ratios de los países más avanzados de la Unión Europea. Pero la generalización del derecho a tener una prestación entre quienes entran en el amplio rango de situaciones de dependencia que recoge la ley ha minado fuertemente al sector privado. Si por un lado los conciertos aseguran un alto grado de ocupación de sus residencias –aunque a un precio tasado– por otro les restan potenciales clientes privados, ya que se pueden acoger a las ayudas para dependientes y ocupar una plaza concertada. Y por esa plaza la Administración paga mucho menos de lo que pagaría un particular.
Hay otro factor que penaliza a los empresarios del sector. Muchas de las plazas privadas (en Cantabria son aproximadamente la cuarta parte de las ocupadas) se encuentran en residencias sin ánimo de lucro, normalmente de asociaciones religiosas, que se benefician de un mejor trato fiscal y que suelen tener amortizadas sus instalaciones. Todo ello les permite ofrecer unos precios con los que la iniciativa privada no puede competir.
Si a esas dificultades para sobrevivir con clientes privados le sumamos el recorte en el precio de las plazas concertadas que ha aplicado el Gobierno de Cantabria, se entiende que muchas residencias empiecen a ver difícil sobrevivir, especialmente las de menor tamaño y las que más dependen de la concertación. “Una residencia bien gestionada y llena –señala el director de uno de estos centros– tiene que darte un 4 o un 5% de beneficio, y si te quitan un 10% de tus ingresos, como ha ocurrido con el último recorte, está claro que entras en pérdidas”. En esa situación se encuentran ya buena parte de las que integran la red asistencial regional, sobre todo las pequeñas, y hay que tener en cuenta que en Cantabria siete de cada diez centros tienen menos de cien plazas.
Una nueva asociación
Cuando en julio el Gobierno regional tomó la decisión de rebajar el precio de las plazas concertadas a 1.450 euros, en Cantabria existían dos patronales que representaban a los centros asistenciales: la Asociación de Residencias del Sector no Lucrativo (Lares) y la Asociación Cántabra Empresarial de Servicios a Personas Dependientes (Acesde). Ninguna de las dos consiguió frenar la decisión de la Administración o buscar contrapartidas y eso impulsó a un grupo de trece empresas, que suman 1.780 usuarios y más de 800 trabajadores, a crear su propia asociación, la Plataforma para la Atención de la Dependencia en Cantabria (PAD). Este nuevo colectivo, presidido por Aitor Pellón, director de la Residencia Villa Mayor, ha mantenido un encuentro con el Instituto Cántabro de Servicios Sociales en el que ha planteado varias modificaciones en las encorsetadas reglas que regulan la concertación para que los centros puedan seguir siendo viables.
La primera de las peticiones propone al ICASS una mayor flexibilidad en las plantillas que se exigen a los centros concertados. La Administración pide en los conciertos unas ratios de personal auxiliar y de profesionales universitarios proporcional al número de residentes. Los centros, en cambio, quieren tener un margen para seleccionar ese mínimo legal entre médicos, enfermeras, psicólogos, animadores socioculturales, terapeutas o fisioterapeutas. Muchas de las residencias más afectadas por los recortes de precios, –las que tienen todas sus plazas concertadas– ya han tenido que desprenderse de médicos y psicólogos, y han reducido la jornada de animadores y fisioterapeutas. Para poder seguir prestando esos servicios, la plataforma de empresarios plantea que se permita a las residencias dejar estos servicios fuera del concierto, y cobrar a los residentes por ellos.
También piden poder utilizar las plazas que están obligados a mantener a disposición de posibles urgencias (las denominadas ‘plazas de enfermería’). En los centros de hasta 75 usuarios deben mantener una libre y dos cuando superan esta cifra. En opinión del sector, esa exigencia ha dejado de tener sentido porque ahora todas las habitaciones tienen las características que se piden a las de ‘enfermería’.
Por su parte, los servicios de asistencia a domicilio solicitan que se les informe de los cambios con la antelación suficiente para poder redimensionar sus empresas. Recuerdan que están soportando una demora en el pago de hasta seis meses, algo que no ocurre con las residencias concertadas, que están cobrando del ICASS a los 40 días.
La Administración se comprometió a convocar a la Plataforma para el estudio de un borrador que recogiera esas modificaciones, pero la llamada de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales sigue sin llegar. Su principal preocupación por el momento sigue siendo aliviar la carga económica que supone la Ley de Dependencia demorando la tramitación de los expedientes o alegando que no hay demanda de plazas concertadas en residencias o centros de día.
“Sabemos que la Administración está entre la espada y la pared” –señala Aitor Pellón–, “pero esperamos que se estruje el cerebro y que a las residencias que queremos dar un valor añadido, nos permita cobrar por ello. Ahora estamos tan encorsetados dentro de la norma que no nos merece la pena intentar mejorar; te falta ese acicate que necesita una empresa privada para avanzar”, lamenta el presidente de esta nueva asociación.
