Mendicouague,
punto y final

Los trabajadores que se hicieron cargo de Mendicouague bajo los auspicios de la central sindical USO y especialmente de su secretario general, Antonio Saiz Pi, no han podido llegar a buen puerto. Después de tres años han comprobado que, en realidad, el problema de la empresa era de mercado y no de gestión. Es posible que la familia Mendicouague cometiese errores, pero lo cierto es que los curtidos se han convertido en una actividad propia de países poco desarrollados y ni siquiera el hecho de estar asentados en una región productora de la materia prima –las pieles de vacuno– garantiza el éxito.
Los operarios que se hicieron con la fábrica con la ayuda de la empresa pública Sodercan y de la Consejería de Industria apenas han podido hacer otra cosa que trabajar a maquila, con producto ajeno, y a unos precios que a duras penas podían cubrir los costes. Los 125 millones que les aportó Sodercan sólo han servido para demorar la desaparición de la compañía. Finalmente, tras año y medio de actividad real han optado por tirar la toalla y negociar la venta de las naves de Cabezón de la Sal con otra empresa de la zona, Textil Santanderina, que pagará por ellas 280 millones de pesetas. Casi la mitad del dinero lo necesitarán para hacerse con la propiedad, puesto que estaban en régimen de alquiler, y el resto lo emplearán en sufragar algunas deudas.
La definitiva desaparición de la empresa se ha convertido en un motivo más de enfado para la familia Mendicouague, que no perdona la actitud de Sodercan, al bloquear financieramente su plan de viabilidad y facilitar el que los trabajadores se hicieran con el control de la fábrica, en la convicción de que su gestión sería más eficaz, algo que finalmente se ha demostrado incierto.

El convenio que nunca se aplicó

Antes de que la empresa pública regional cambiase de manos, los Mendicouague habían conseguido un acuerdo con los acreedores para levantar la suspensión de pagos que nunca se llegó a poner en práctica. Previamente, la familia hubo de demostrar su voluntad de sacar la empresa adelante aportando la herencia que debía corresponderles, unos 1.400 millones de pesetas, pero el gesto sólo sirvió para solucionarle un grave problema a Caja Cantabria, que encabezaba la lista de acreedores con más de mil millones de pesetas en préstamos, una parte de los cuales no tenía afianzados. La Caja cobró la totalidad de la deuda con tres edificios de gran valor situados en el centro de Madrid y Barcelona que acabaron por alcanzar resonancia nacional, ya que en uno de ellos residía la entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, a la cual la entidad cántabra le vendió su vivienda, como al resto de los vecinos, en 22 millones de pesetas, un precio muy inferior al de mercado.
Los Mendicoaugue habían conseguido que el resto de los acreedores aceptase una quita del 40% pero, para que su plan de viabilidad tuviese, éxito necesitaban ayuda pública que cifraban en 275 millones de pesetas, con los que pensaban hacer frente a sus problemas de circulante. El dinero iba destinado, casi en su totalidad, a reconstruir el stock mínimo de pieles que necesitaba la fábrica para cubrir sus necesidades de dos meses y atemperar los movimientos cíclicos del sector.

Una espera interminable

Sodercan, poco partidario de la gestión de la familia, a la que consideraba culpable de la crisis de la empresa, retrasó su decisión durante más de un año y se fue decantando progresivamente por la iniciativa del sindicato USO de que los trabajadores se hicieran cargo de la compañía. A medida que transcurría el tiempo, las posibilidades de reflotar la empresa se iban reduciendo y la división familiar se agravaba.
En la espera, Mendicouague se veía obligada a parar su producción, por falta de liquidez para abonar la materia prima, y ni siquiera de esta forma evitaba un gasto mensual de siete millones de pesetas, dado que Trabajo no aceptó el expediente de regulación de empleo presentado por la compañía, que hubo de seguir pagando a la plantilla aunque no tuviese ninguna actividad.
La empresa daba por supuesto que los 250 millones que figuraban a su nombre en un decreto firmado por Hormaechea en su último consejo de Gobierno nunca podrían hacerse efectivos, algo que también comprobaron otra decena de compañías en crisis agraciadas con el regalo de despedida del anterior presidente regional, pero la familia confiaba en la ayuda que el nuevo Gabinete de Martínez Sieso comprometió a cambio de que ellos implicasen su patrimonio en el reflotamiento de la empresa.
Finalmente, Sodercan concedió 125 millones de los 275 previstos, pero para entonces la espera ya había dado al traste con todos los planes y el dinero ni siquiera se le concedía a la familia Mendicouague, sino a los trabajadores, que constituyeron la sociedad anónima laboral Curtidos Cantabria y acudieron a las subastas de los bienes para hacerse con algunos de los activos de la compañía.
Los Mendicoaugue, definitivamente, quedaban al margen de la sociedad y perdían los 1.400 millones aportados. En el saldo final, absolutamente negativo para sus intereses, puede que hayan conseguido una pequeña compensación con la venta de las naves, porque los trabajadores siempre aseguraron que la familia estaba detrás de la empresa alavesa que pujó por ellas tras el embargo, y que a lo largo de estos tres años se las ha arrendado. El alquiler daba a los operarios la posibilidad de optar a la compra al tercer año en 126 millones de pesetas, opción que han ejercitado para vender, inmediatamente después, a Textil Santanderina. Ese será, en todo caso, el modesto saldo final de un gran patrimonio acumulado durante ocho generaciones que desapareció de una manera tan inesperada como ingenua, en opinión de algunos miembros de la familia.

Más de dos siglos

En sus 239 años de existencia, Mendicouague había superado crisis de todo tipo y su situación era relativamente buena aún hace una década, cuando decidió abandonar Santander y hacer una nueva fábrica en Cabezón de la Sal. Sus grandes terrenos en la capital (que hoy ocupa la urbanización Parque Mendicoaugue) permitieron financiar la operación, aunque la empresa no encontró entonces ayuda alguna a cambio de evitarle a Santander uno de los principales problemas medioambientales de la ciudad, y tuvo serias dificultades para encontrar un nuevo emplazamiento.
La apertura de la fábrica de Cabezón coincidió con una crisis internacional del cuero, y Mendicouague optó por una política arriesgada: producir mucho más, para tratar de rebajar los costos, aunque la estrategia no obtuvo la eficacia buscada y las pérdidas crecieron de un modo preocupante. La viuda de Pedro Mendicouague optó por recurrir al patrimonio familiar para auxiliar a la empresa, pero la refinanciación se encadenó con la crisis definitiva que acabó con el voluminoso patrimonio de la anciana, una mujer de vida muy modesta, que creyó prioritario el atender las necesidades de la fábrica, en una decisión que secundaron los nietos por una mayoría ajustada.
El elevado número de primos y el hecho de que la mayoría de ellos estuviesen ya desvinculados de la fábrica daba lugar a ópticas distintas que acabaron por sustanciarse en posturas muy diferenciadas, al entender una parte de la familia que los problemas de la empresa eran achacables a la mala gestión de los que permanecían al frente de ella. El tiempo no les va a devolver nada a unos y otros, pero al menos ha dejado a estos últimos la posibilidad de demostrar que tampoco los que vinieron más tarde fueron capaces de sacar la empresa adelante, a pesar de contar con la ayuda de las instituciones, algo que ello no tuvieron.