Maquillaje para un pacto
Nunca una fusión de dos entidades financieras fue fácil, ni siquiera en aquellos casos en los que el acuerdo inicial se logró muy rápidamente, como ocurrió entre el Santander y el Central Hispano. Pero lo que ha ocurrido con la SIP de Cajastur, CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria tiene algo de sorprendente. Un acuerdo, un desacuerdo y un reacuerdo, sin que entre medio haya cambiado gran cosa. Hay quien lo entiende como una mera escenificación de la CAM para aquietar a la parroquia propia, que no pudo digerir cómo su entidad, la mayor del grupo con diferencia, vaya a quedar, como las restantes, a las órdenes de Cajastur.
Durante un mes, la SIP en la que participa Caja Cantabria ha estado en veremos, al exigir la CAM que fuese matizada la invulnerabilidad que va a tener Manuel Menéndez, el presidente de Cajastur, como consejero delegado del nuevo grupo. Al final, todo se ha resuelto con un par de aclaraciones de las que nadie podría deducir casi nada, salvo los consejeros de la caja alicantina, que parecen muy satisfechos de la mejora.
Con la nueva redacción, se recuerda lo obvio, que la soberanía en la toma de decisiones de gestión la tiene el consejo del nuevo banco, que será el que conceda o retire las delegaciones. Además, se aclara que el consejero delegado tendrá los poderes que emanan de la gestión ordinaria de una sociedad mercantil y no irrevocables y que para retirar o modificar las facultades del máximo ejecutivo será necesaria una mayoría simple (ocho de los catorce consejeros). Pero es obligatorio que entre esos ocho estén los dos vocales independientes, de forma que para revolcar al consejero delegado no serían suficientes los votos unidos de los representantes de la CAM, Caja Extremadura y Caja Cantabria, aunque entre los tres socios alcancen esa cifra.
En realidad, fue el propio presidente de la caja alicantina, Modesto Crespo, quien propició un sistema que prácticamente blinda a Menéndez, al exigir que para cesar al consejero delegado del futuro banco fueran necesarios los votos del 75% del consejo, en lugar del 60% que proponían Caja Cantabria y Caja Extremadura. Las dos entidades mayores, que se reservaban un 40% de los votos cada una, no querían dejar ninguna llave en manos de los minorítarios y el resultado es que ahora ninguna suma sería suficiente para censurar al primer ejecutivo si no votan contra él sus propios consejeros o se añaden los dos vocales independientes.
En realidad, la llave la va a tener el Banco de España, que es quien ha empujado a la CAM para que el pacto de integración continúe, al poner a la entidad alicantina entre la espada y la pared de la intervención. El Banco regulador es partidario de la máxima estabilidad en los cargos y de la continuidad de estas integraciones que, en la práctica, no se diferenciarán mucho de una fusión. De hecho, la SIP que han formado las cuatro cajas es indefinida, por lo que no habrá vuelta atrás. Si alguien pensaba que habrá un camino de retirada para posibles arrepentidos, con la recuperación de la soberanía por parte de cualquiera de ellas, se equivoca.
Las competencias del consejero delegado serán como las de todos los primeros ejecutivos, aunque con un cierto blindaje dentro del consejo de administración que le va a dar un amplio margen de maniobra. Quien se lo podrá recortar no van a ser los consejeros nombrados por las otras cajas, sino el Banco de España, que mientras mantenga prestado el dinero del FROB (cinco o seis años) va a actuar más que como regulador, como accionista, para vigilar sus intereses, y va a pedir cuentas trimestralmente. Al fin y al cabo, tiene que garantizarse el retorno de 1.500 millones de euros.
Lo que vale es la solvencia
Aunque sepa que difícilmente puede ser revocado y que dentro de seis años presumiblemente enlazará un nuevo mandato, Manuel Menéndez no podrá gobernar la nueva entidad con la misma capacidad de decisión con que gobierna Cajastur, porque la gestión diaria la hará el consejo de dirección, en el que hay una participación activa de las otras cajas. Pero nadie va a discutirle, ni siquiera la CAM después de haber conseguido las matizaciones que pretendía, el ser el auténtico ganador de la operación.
Cajastur, que partía de un tamaño no mucho mayor al de Caja Cantabria hace unos pocos años, está a punto de controlar el tercer grupo de cajas del país y el quinto de todo el sector financiero. Algo que la caja alicantina, mucho mayor en tamaño, no ha acabado de digerir. Pero, como pusieron de relieve los tres bancos de inversión que fueron contratados para valorar cada una de las entidades asociadas, el tamaño cuenta ahora mucho menos que la solvencia y ahí se invierten los papeles.
Han sido los coeficientes de solvencia de Cajastur los que han permitido que el grupo pasase holgadamente la prueba del estrés realizada para valorar cómo le afectaría a las entidades españolas un escenario económico aún más complicado.
El acuerdo final alcanzado por los consejos de las cuatro entidades no cierra la operación de integración, que sólo estará completada cuando a finales de septiembre sea ratificada por las asambleas generales de las cuatro cajas. No debiera haber obstáculos para la ratificación, ya que hasta ahora el clima social ha sido de aceptación en las comunidades implicadas, excepto en Alicante, donde el fuego ya parece aplacado. No obstante, quedan por definir los aspectos más conflictivos del pacto, como dónde se ubicarán las unidades de gestión del futuro banco –si se centralizarán o se repartirán por las provincias de origen de las distintas cajas– y, sobre todo, cómo se resolverá el ajuste de oficinas y de plantilla, aunque todo el mundo da por sentado que, al no producirse solapes relevantes entre las cajas integradas, será poco dramático.
