Capital riesgo para financiar las empresas del Gobierno

A grandes males, grandes remedios. La Consejería de Economía no se rinde y ha vuelto a poner en marcha la ingeniería financiera de la CEP para evitar el derrumbamiento de todo el entramado de la financiación estructurada que tantas expectativas había levantado en la anterior legislatura. El objetivo básico de esta fórmula era encontrar inversores privados para acometer proyectos públicos, lo que permitía anticipar la construcción de colegios, hospitales o depuradoras, multiplicando la capacidad de inversión del Gobierno, cuyo margen de maniobra con los Presupuestos regionales cada vez es más pequeño.
Las inversiones llegaron, aunque con más dificultades de las previstas, porque los proyectos chocaron con muchas trabas administrativas, a pesar de ser gestionados por empresas públicas. Pero, ahora que empezaba a despegar, la financiación estructurada puede frenarse en seco y toda la estrategia para sobrepasar los topes de endeudamiento marcados por el Ministerio de Economía habrá fracasado si éste mantiene que la deuda asumida por las empresas públicas cántabras obliga, en realidad, a la propia Administración. Y tiene razones para pensarlo así. Por mucho que desde Cantabria se insista en que el dinero lo aportan inversores privados que asumen libremente un riesgo (el de no cobrar) al hacerse con la mayoría del capital de la empresa que construirá un edificio o un hospital para arrendárselo al Gobierno de Cantabria, eso es difícil de creer con tantos ingredientes públicos como hay en esta salsa: Es pública la sociedad gestora de los proyectos (la CEP); es pública parte de la financiación (los bancos que han participado en las operaciones por lo general no suelen sobrepasar el 80%) y es público el cliente del futuro inmueble (el propio Gobierno).
En estas circunstancias, el Ministerio de Economía va a computar como endeudamiento del Gobierno regional los alrededor de 700 millones de euros que ya ha captado de inversores privados (por lo general, bancos) para los proyectos de financiación estructurada. De esta forma, está a punto de caer algo más que un borrón sobre el inmaculado expediente financiero cántabro, que presume de ser una de las comunidades menos endeudadas del país. El endeudamiento se va a disparar de una forma desmesurada, tanto que, de materializarse esa amenaza, se anulará cualquier posibilidad de acudir en busca de financiación ajena en los próximos ejercicios. Una circunstancia semejante paralizaría la acción de gobierno, dado que el capítulo ordinario de inversiones es una fracción cada vez menor de los Presupuestos regionales, ante el fortísimo crecimiento del gasto en salarios, consumos y subvenciones y la radical caída de ingresos procedentes de la UE tras la salida del Objetivo 1.
La Consejería de Economía y la Coordinadora de Empresas Públicas (CEP) confían en haber encontrado la solución para que esa eventualidad no se materialice. Ya han dado los primeros pasos para crear una sociedad de capital riesgo que tratará de formar un fondo de infraestructuras, con inversores privados especializados. Aunque por ley una sociedad de capital riesgo debe diversificar y no puede concentrar más de un 35% de las inversiones de su fondo en los objetivos que le interesan al Gobierno cántabro, todo depende del volumen de dinero que sea capaz de movilizar este fondo y, con una remuneración como la que se estudia –alrededor del 8%– es probable que resulte lo suficiente.
En realidad, el Gobierno sólo necesita financiar la parte que ahora no queda cubierta por la financiación estructurada ordinaria (en torno al 20% del montante total). Una cuantía que, no obstante, es muy significativa (unos 140 millones de euros en estos momentos) y que seguirá creciendo a medida que la CEP ofrezca nuevos proyectos a los inversores privados.
Al disponer de la complicidad de la gestora de un fondo de capital riesgo para abordar esa fracción, el Ejecutivo cántabro resuelve dos problemas: Por una parte, los proyectos quedan en manos privadas al 100% y, por tanto, podrá convencer al Ministerio de Economía de que no se computen como deuda del sector público. Por otra, no se ve forzado a emplear unos recursos propios que no tiene, en ese 20% que ahora ha tenido que financiar con deuda subordinada, a unos tipos más elevados.
La solución no deja de ser imaginativa, puesto que el Gobierno regional puede que ni siquiera pierda el control de los proyectos, si tutela la gestora del fondo de capital riesgo (los inversores sólo buscan la remuneración, no la gestión) y quien mejor conoce cada uno de los riesgos donde van a invertir es la propia CEP, que es la que ha contratado los proyectos y realizado los estudios de rentabilidad a largo plazo.

Una inversión garantizada

El Ejecutivo tiene prisa y prácticamente en el primer consejo de Gobierno de la nueva legislatura ha ampliado el objeto social de la CEP para crear esta sociedad de capital riesgo. El segundo paso ha sido pedir la autorización imprescindible a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Luego, tendrá que buscar el dinero para constituir el fondo y, probablemente, la primera puerta a la que llame sea la del Banco Santander.
El Gobierno tiene mucho que ofrecer a los inversores, ya que cada proyecto que se financie con ese dinero no sólo está garantizado con el valor del inmueble o de la instalación construida, sino que va acompañado de un contrato de alquiler del edificio a largo plazo (por lo general, a veinte años), o de una garantía tarifaria, como ocurrirá con las depuradoras o las obras complementarias del Bitrasvase, que los usuarios pagarán con cada recibo del agua.
Para el contribuyente, en teoría, debiera ser indiferente sufragar estos equipamientos a través de impuestos o como tarifa por el uso de un servicio. Para el Gobierno no es ni mucho menos parecido, ya que este mecanismo le permite poner en marcha, a la vez, una catarata de proyectos que a través de los Presupuestos tardaría años en poder afrontar. Nunca podría haber simultaneado, por ejemplo, la rehabilitación de la Universidad Pontificia para el Proyecto Comillas, el Ecoparque Besaya, el Hospital de Reinosa, el edificio Moneo, la futura sede de Obras Públicas en el Palacio del Mueble, el polígono de La Pasiega o la construcción de las instalaciones para la Tercera Edad que va a exigir la Ley de Dependencia. El hecho de que en la contabilidad de las administraciones públicas no exista el concepto de amortización hace que para afrontar cualquiera de estos proyectos necesiten una partida presupuestaria dotada con dinero contante y sonante o con endeudamiento. Y esta última vía ha quedado muy limitada por el Gobierno de la nación desde que España entró en la Unión Monetaria.
Como ocurre con el leasing, el sistema de financiación estructurada convierte en un gasto anual lo que era una inversión. El Gobierno pasa de ser propietario a usuario y con las cuotas de arrendamiento no sólo se paga por la utilización, sino también los gastos financieros en que ha incurrido el promotor y su beneficio industrial. No obstante, elude problemas como el sobrecoste que padecen casi todas las obras públicas (en teoría, las asume el promotor privado), los vicios en la construcción o la indisponibilidad. Con esta fórmula, el Gobierno únicamente paga desde el día en que empieza a usar el edificio y cualquier problema de disponibilidad que pueda surgir se penaliza con una merma en la cuota, por lo que el promotor-propietario pone especial énfasis en conseguir que esté siempre en condiciones adecuadas.
Los inversores, no obstante, tienen más interés en arrendar un paquete completo de servicios que el mero edificio. Se pudo comprobar en la anterior legislatura, cuando la financiación estructurada atrajo más a los bancos que a las constructoras, que encontraban más atractiva su actividad ordinaria que una inversión donde el beneficio está tasado y siempre es inferior a los dos dígitos.
El interés de las constructoras por estos negocios a largo plazo puede crecer cuando baje la rentabilidad de la promoción inmobiliaria o en el caso de que el Gobierno cántabro concurse la entrega de los centros no sólo con mantenimiento o vigilancia sino, también, con toda su gestión, como ocurre con los hospitales contratados por la Comunidad de Madrid, que incluyen también el personal sanitario. En Cantabria, esa posibilidad fue abiertamente rechazada por la anterior titular de la Consejería de Sanidad pero no está definitivamente cerrada.