Juicio por presunto intento de estafa de 2,4 millones de dólares a la empresa Ros Roca

LLEIDA, 18

Un ciudadano dominicano se ha sentado este miércoles en el banquillo de la Audiencia de Lleida por presuntamente intentar estafar a la empresa leridana Ros Roca 2,4 millones de dólares (2,1 millones de euros) con un contrato falso relacionado con trabajos para conseguir la concesión de la recogida de basuras en la República Dominicana.

El abogado de Ros Roca, Juan Segarra, como acusación particular, ha pedido una pena de 4 años y nueve meses de multa para el acusado, O.R.C., al que la Fiscalía acusa de presunta estafa en grado de tentativa y falsedad documental.

El acusado ha sostenido en el juicio que reclamó este dinero porque así se reconoce en un contrato firmado con S.M., ya fallecido, un español que también estuvo acusado en el proceso y que hablaba en nombre de la compañía.

En el juicio ha declarado como testigo el presidente de Ros Roca, Ramon Roca, que ha explicado que S.M. salió de la empresa y creó una sociedad limitada que es con la que el grupo tenía relaciones empresariales y que esta persona tuvo poderes de la compañía para formalizar la adjudicación del contrato y en ningún caso para encargar el trabajo objeto de la reclamación.

También ha señalado que él no conocía al acusado ni a la sociedad para la que trabajaba y ha precisado que los trabajos de Ros Roca se financiaban con los Fondos de Ayuda al Desarrollo de España por lo que las empresas que los realizan han de ser españolas.

Por su parte, el abogado de la defensa, Luis Sáenz de Tejada, ha explicado que su cliente inició las reclamaciones en la República Dominicana en el año 2000 y que en 2004 consiguió una sentencia de primera instancia que le dio la razón aunque posteriormente hubo un recurso de apelación que dio la razón a Ros Roca y que finalmente el Tribunal Supremo revocó la sentencia de apelación y dio la razón a su cliente.

El letrado, en declaraciones a Europa Press, ha explicado que el ahora acusado, ya con la sentencia firme, vino a ejecutarla en España al juzgado de Cervera.

Según ha indicado, el juzgado de Cervera “la dio por buena, la homologó, ya solo quedaba pagar y estos señores, en el trámite que tenían en España para recurrir en apelación, lo que hicieron fue interponer esta querella que evidentemente ha paralizado el pago desde 2011”.