Junts registra una nueva ley contra la morosidad tras el veto del Gobierno

Junts ha registrado en el Congreso una nueva proposición de ley contra la morosidad tras vetar el Gobierno la tramitación de una propuesta anterior por suponer una pérdida de 9.639 millones de euros en los ingresos previstos por la recaudación de IVA en 2020.

Conforme a la Constitución, el Gobierno tiene capacidad para vetar el debate de iniciativas legislativas si considera que supone una alteración de los Presupuestos, ya sea por un incremento de gasto o por un descenso de los ingresos, y lo habitual es que la Mesa del Congreso lo asuma.

Y es que, según señala el Ejecutivo, la propuesta inicial de Junts permite a los empresarios reducir de su base imponible el IVA anticipado por facturas que finalmente resulten total o parcialmente incobrables y reduce el plazo actual de seis meses que ha de transcurrir para que una factura no abonada en fecha adquiera esa condición de incobrable.

Asimismo, también propone eliminar el plazo de tres meses para modificar la base imponible y exigir la comunicación a la Agencia Tributaria, lo que provocaría un «descontrol» de estas reducciones, imposibilitaría las comprobaciones y causaría «indefensión» en la AEAT, por no saber a quién reclamar el impago de cuotas.

«La eliminación de esta obligación, insistimos, supone un riesgo inasumible para la Hacienda Pública, ya que sería imposible controlar que las minoraciones en la base imponible tienen su correspondiente regularización en la contraparte», argumenta el Gobierno, que considera «bastante probable» que aumenten estas reducciones, lo que «puede provocar una imposibilidad práctica de control» sobre estas autoliquidaciones.

PROHIBÍA PACTOS ENTRE EMPRESAS CON PLAZOS SOBRE EL MÁXIMO LEGAL

Ante el veto, Junts ha decidido presentar de nuevo la misma iniciativa, pero retrasando la entrada en vigor de las modificaciones del IVA para 2021, y así sortear la prohibición de afectar los ingresos previstos para este ejercicio.

Esta iniciativa recogía parte de los consensos alcanzados con los grupos hace dos legislaturas, cuando el Congreso y el Senado tramitaron sendas proposiciones de ley de Ciudadanos y del PDeCAT, predecesor de Junts.

La proposición de ley contemplaba la creación de un Observatorio de la morosidad y sanciones de hasta 6.000 euros para las infracciones leves, de entre 6.000 y 100.000 euros para las infracciones graves, y hasta un millón de euros para las más graves.

Asimismo, también incluía la prohibición de pactar entre las partes un plazo superior al establecido legalmente, por perjudicar a las pymes en inferioridad de condiciones, alegaban, y modificaba la regulación del IVA, a efectos de «facilitar la deducción del IVA repercutido de operaciones con morosidad en el pago».