Los concursos de empresas se han cuadruplicado en dos años

Caer en la suspensión de pagos era hasta no hace muchos años un borrón profesional que ningún empresario se podía permitir. Hoy es una moneda tan corriente que ya no sorprende ni avergüenza a nadie. En Cantabria hay una cada tres días, un volumen que ningún juzgado de lo Mercantil es capaz de digerir. Y la inmensa mayoría de ellas desaparecerán irremediablemente, porque lo que se pensó como una estrategia defensiva, tanto para proteger los derechos de los acreedores como para preservar la continuidad de la empresa, se ha convertido en un mero paso hacia la liquidación. La empresa desaparece en más del 90% de los casos, y los acreedores solo cobran una cantidad mínima, si llegan a cobrar.
Los concursos suelen tener un efecto de contagio, dado que el acreedor al que se deja de pagar también es probable que entre en problemas económicos y, a su vez, contamine a sus proveedores, hasta formar una ristra de damnificados. No obstante, en ninguna otra comunidad se da una densidad parecida en el debilitamiento del tejido empresarial como en Cantabria. Cuando en otros lugares empieza una cierta tendencia a la desaceleración, en Cantabria siguen subiendo este año a un ritmo del 37% y sólo en julio se produjeron 14, prácticamente una cada dos días.
Ningún sector se salva de los problemas, aunque casi una tercera parte de las empresas que han entrado en concurso en los dos últimos años pertenece a la construcción. Tampoco es relevante la antigüedad. La crisis se lleva por encima a las recientes y a las veteranas. Pero hay algo que puede ser definitorio: si en épocas normales es mucho más probable estadísticamente que desaparezcan las empresas recién constituidas que aquellas que ya han superado las dos décadas y, por tanto, parecen bien consolidadas, esa fortaleza roqueña que da el tiempo sirve ahora de muy poco. Una de cada tres empresas concursadas tiene más de doce años de existencia y una de cada cinco más de veinte, lo que demuestra que hasta ahora habían sido solventes y bien gestionadas.
Tampoco es ya un salvoconducto contar con un alto volumen de negocio. Casi el 10% de las quebradas facturaban más de diez millones de euros por ejercicio, aunque hay que reconocer que la mitad de las concursadas no llegan a facturar un millón.
Entre los centenares de empresas que han tenido que acudir al concurso de acreedores en estos cinco años de crisis hay grupos de la construcción tan relevantes como Bolado, Cenavi o Triguero, e industrias del tamaño de B3 Cable, GFB o, posiblemente, Sniace, que ya ha solicitado el preconcurso. Ningún sector se salva, desde el comercio, con caídas tan significativas como las tiendas Jota, o un buen número de concesionarios de automoción, a los medios de comunicación (Grupo Digital), las artes gráficas (Campher), las nuevas tecnologías (Sonkyo) o a la alimentación (Pescatrade). Ni siquiera el Racing se ha salvado de llevar sus libros de cuentas a los Juzgados, donde se acumulan los expedientes, hasta el punto de haber resultado necesario nombrar a dos jueces mercantiles.

Mínima supervivencia

Las experiencia de los cinco años de crisis demuestra que los concursos casi nunca cumplen la función para la que fueron ideados, la de salvaguardar –en lo que cabe– los derechos de los acreedores y procurar la supervivencia de la empresa. Más del 90% de las suspensiones de pagos, aunque sean presentadas voluntariamente, acaban en liquidación, y bastantes de las que aparentemente se libran de este fatal destino sólo lo consiguen por algún tiempo, porque el convenio de acreedores para dar continuidad a la compañía no se llega a cumplir.
Es lo que puede ocurrirle al Racing el 30 de junio del año que viene, cuando se vea obligado a empezar a pagar su deuda histórica, a razón de 5 millones de euros por año, una cantidad que no tiene posibilidad alguna de generar por sus propios medios. Por tanto, el fracaso del sistema es casi del 100% y la salvación de Conservas Lolín gracias a los recursos de la familia prácticamente es la excepción que confirma la regla.
Los jueces de lo mercantil y los administradores concursales sostienen que el problema no está en la legislación (de hecho la ley se ha actualizado recientemente) sino en la tardanza de los empresarios en solicitar el concurso, cuando ya se han quedado sin liquidez, puesto que el circulante se utilizó para atajar las pérdidas.
El encadenamiento de problemas conduce a una situación casi siempre irresoluble pero tampoco hay muchas más garantías de continuidad cuando la decisión se toma a tiempo, porque la irritante persistencia de la crisis hace cada vez más difícil alcanzar la orilla de la salvación.
No solo no llegan tiempos mejores, que permitan restablecer la situación patrimonial, sino que los acreedores son cada vez más conscientes de que las posibilidades de llegar a cobrar una parte significativa de la deuda son mínimas. Por muy voluntariosa que fuese la reforma de la ley, los resultados no han acompañado ni en la preservación de las empresas ni en las garantías para que los afectados cobren.

Responsabilidad

A lo largo de estos cinco años, las condiciones de las empresas que presentan el concurso han cambiado significativamente. Si en un primer momento llegaban con un patrimonio significativo, que permitía atender en parte a los acreedores y una jugosa remuneración para los administradores, ahora las empresas llegan totalmente vacías, tan exhaustas de recursos propios que pasan directamente a la liquidación. Una circunstancia que en parte está propiciada por los años acumulados de crisis.
Algunos de los administradores concursales con más experiencia también advierten una creciente estrategia de desvío de bienes. Una actitud que denuncian en sus informes y que pueden conducir a que los jueces persigan con más dureza la posible responsabilidad del quebrado en lo ocurrido.

Cuando el patrimonio personal tampoco vale

En muchas otras ocasiones, el empresario no solo no intenta desviar algunos bienes de la empresa hacia su patrimonio personal antes de que se hunda del todo, sino que, por el contrario, está dispuesto a poner otros recursos familiares para salvar la compañía. Un ejemplo es el de Cenavi. El empresario, Eugenio Nava, decidió aportar a la masa de la suspensa el 100% de los derechos de indemnización que debe pagarle el Gobierno de Cantabria por la anulación de la licencia de la urbanización La Arena, en Arnuero, una cantidad multimillonaria, en teoría, de la que Cenavi solo tenía derechos sobre el 50%. La otra mitad estaba en manos de otros miembros de la familia Nava. Pero ni siquiera así llegará a cumplir el convenio de acreedores porque, a día de hoy, el Gobierno de Cantabria sigue demorando el cumplimiento de la sentencia que le obliga a pagar la indemnización y esta cuantía es determinante para poder pagarles.
En otros casos ha sido la dramática devaluación de los activos, y especialmente del suelo, la que impide pagar, como probablemente ocurrirá con el convenio del grupo Quintana, que parecía modélico.