La Cámara de España mejora seis décimas su previsión de crecimiento para este año, hasta cerca del 3%

Critica que quiera hacerse permanente el impuesto extraordinario a banca y energéticas por el perjuicio en inversiones y competitividad

La Cámara de Comercio de España ha mejorado su previsión de crecimiento de la economía española desde el 2,4% hasta cerca del 3% tras la publicación del avance de datos de la Contabilidad Nacional del tercer trimestre y las revisiones estadísticas llevadas a cabo por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para 2025, la Cámara mantendría su estimación de alcanzar un crecimiento cercano al 2%, aunque en este caso, precisa, «la incertidumbre es elevada».

Por su parte, las previsiones de empleo se mantienen sin cambios, con un avance esperado del entorno del 2% en 2024 y cercano al 1,5% en 2025. «Es decir, se espera que el crecimiento del PIB en lo que queda de 2024 y durante 2025 se base en mejoras de la productividad, como se viene poniendo de manifiesto durante los dos últimos trimestres», ha afirmado la institución.

Para la Cámara, esto supone una buena noticia, pues entiende que «sólo una mejora sostenida de esta variable garantiza la generación de riqueza a largo plazo».

El organismo ha afirmado que la economía española «se está comportando mejor de lo esperado» en un entorno internacional que, «lejos de mejorar, sigue complicándose», y ve necesario aprovechar esta «fortaleza» para acometer reformas estructurales, situando a la empresa «como pieza clave».

En este sentido, la Cámara aboga por reducir cotizaciones sociales, simplificar del Impuesto de Sociedades, disminuir las cargas administrativas o eliminar determinados umbrales regulatorios al crecimiento empresarial.

Asimismo, la Cámara echa en falta medidas para corregir la deuda pública basadas en la contención del gasto, «en contraposición a otro tipo de medidas con las que se pretende incrementar los ingresos fiscales, como la conversión en permanentes de los gravámenes extraordinarios sobre los ingresos de los sectores bancario y de la energía».

«Se trata de una medida que podría poner en peligro futuras inversiones de las empresas del sector energético, así como reducir la competitividad del sector financiero, comprometiendo el flujo de crédito a empresas y familias», advierte la Cámara de España.