La CNMV pide «cautela» ante la posible supresión del régimen de socimis y advierte de deslocalizaciones

La Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) ha pedido «cautela» ante los cambios que el Gobierno está estudiando llevar a cabo para eliminar el régimen fiscal de las socimis.

Fuentes del supervisor consultadas por Europa Press advierten de que llevar a cabo cambios en las condiciones fiscales de estas empresas cotizadas puede tener «efectos significativos en la cotización e incentivar la deslocalización de las mismas a otros mercados europeos».

«La socimi no es una figura específica de España, sino que también está presente en otros países europeos de forma similar, donde la cotización y apertura a inversores va asociada a una fiscalidad especial», añaden.

En este sentido, las dos grandes socimis del Ibex 35, Merlin y Colonial, no han descartado que entre sus opciones se encuentre abandonar España si finalmente el Gobierno decide suprimir el régimen de socimis del que se benefician las dos y que les permite pagar un 1% de impuesto de sociedades, frente al 25% de tipo general.

Fuentes cercanas a ambas socimis consultadas por Europa Press sobre las interpretaciones de los mensajes que se han lanzado estos días, no descartan tomar todo tipo de medidas. Preguntadas en concreto por su posible salida del país si se materializa el cambio fiscal, ninguna lo descarta.

La posible eliminación de las socimis supondría una reducción de entre el 7% y el 9% en el beneficio de Merlin Properties y de entre el 1% y el 5% en el de Colonial, según los cálculos del banco de inversión Jefferies, que recuerda que la primera tiene el 88% de sus activos en España y la segunda el 30%.

PRESIONES DEL SECTOR

La Asociación de Propietarios de Espacios Comerciales (Apresco) ya ha advertido del posible cierre de los centros y parques comerciales que se encuentren en una situación económica complicada si el Gobierno aprueba la supresión del régimen de socimis.

La patronal argumenta en un comunicado que algunos centros no podrían absorber el incremento fiscal que supondría para las empresas operadoras dejar de ser socimis (lo que supone pagar un 1% de impuesto de sociedades) y pasar al tipo general de hasta el 25%, con la consiguiente pérdida de actividad económica, empleo y recaudación tributaria.

Por su parte, La Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI) ha advertido de que la reforma fiscal propuesta por el Gobierno dirigida a las socimis pondría en riesgo hasta 15.000 millones de euros de operaciones en inversión desde 2014 en el sector en España.

Las principales consultoras inmobiliarias de España miembros de ACI –BNP Paribas Real Estate, Catella, CBRE, Colliers, Cushman & Wakefield, JLL, Knight Frank y Savills– creen que esto representaría «un retroceso en la competitividad respecto al resto de países europeos y agravaría los problemas que ya existen en el mercado».

ACUERDO FISCAL

PSOE y Sumar cerraron el lunes un acuerdo fiscal para gravar a la banca, los apartamentos turísticos y los yates, que también incluye la supresión del régimen fiscal especial de las llamadas Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (socimi).

Según consta en el acuerdo, esta decisión se debe a que estas sociedades «solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades» y, a pesar del beneficio fiscal, no ha servido para mejorar la oferta de viviendas.

Se trata de una enmienda a una ley que traspone una directiva comunitaria relativa a una reforma del Impuesto sobre Sociedades y que se debate este jueves en comisión y luego irá al pleno.

Estas sociedades se dedican a comprar activos inmobiliarios, como pisos, oficinas o centros comerciales para alquilar sus espacios a inquilinos, empresas o tiendas a cambio de una renta, sin tener que pagar impuestos sobre los beneficios que reparten a sus accionistas, aunque sí retienen el impuesto a los dividendos para ingresarlo en Hacienda.

Para poder ser socimis, estas empresas tienen que distribuir a sus accionistas, como mínimo, el 80% de los beneficios, tener en cartera todas sus adquisiciones un mínimo de tres años, cotizar en Bolsa, contar con un capital flotante del 25% y distribuir un mínimo del 50% de los beneficios generados por la transmisión de inmuebles o participaciones.

La regulación de las socimi en España se fijó en una ley de 2009, en el contexto creado por el estallido de la burbuja inmobiliaria, con el fin de dotar de liquidez a las inversiones en el sector inmobiliario, asegurando un flujo continuo de inversiones a través del ahorro de los inversores.

A cierre del ejercicio de 2023, había 116 socimis cotizando en España, lo que posiciona al país como el principal mercado de Europa en número de socimis, con una capitalización bursátil de 24.000 millones de euros.