40 años de la nuclear que no llegó a existir

En 1973, hace ahora cuarenta años, Electra de Viesgo decidía construir una central nuclear propia en Santillán, un enclave costero situado entre San Vicente de la Barquera y Pesués. La experiencia de Garoña había sido todo un éxito y el director de la eléctrica cántabra, Manuel Gutiérrez-Cortines estaba eufórico: había resultado una central barata, se construyó sin mayores incidencias y las perspectivas de rentabilidad eran magníficas. Además, el régimen de Franco estaba impulsando la autonomía energética del país y en aquel momento eso solo podía pasar por la energía nuclear, algo que también le iba a dar a España un mayor peso político, al entrar en el selecto club de los países nucleares.
Viesgo eligió una pequeña cala próxima a San Vicente de la Barquera para instalar cuatro unidades de mil megavatios cada una, una supercentral, si se tiene en cuenta que Garoña sólo tenía 460. También era muy superior la inversión, unos 80.000 millones de pesetas frente a los 9.000 que había costado la central burgalesa, hecha a medias con Iberduero.
El proyecto nuclear incluía un complemento, un curioso salto de agua reversible en el río Torina, a medio centenar de kilómetros de allí, con dos embalses a distinta altura, de forma que de día se obtendría electricidad del agua que caía del superior y de noche –para aprovechar la energía que produciría la nuclear y que el mercado no podía absorber– se volviese a subir el agua al pantano superior, la única forma de almacenar la energía, con un rendimiento de aproximadamente el 70%. Estas instalaciones complementarias, situadas en las proximidades de una central tradicional ya existente en Bárcena de Pie de Concha, tenían un presupuesto de 1.250 millones de pesetas. A pesar de que la nuclear nunca se llegó a hacer, la central de Aguayo, que sí que se construyó, ha servido para dar estabilidad al sistema eléctrico español, incapaz de absorber la energía que producen durante la noche los sistemas de generación no interrumpibles, como las nucleares o los que no interesa interrumpir, como los aerogeneradores.
El emplazamiento elegido para la central nuclear se encontraba en torno a la playa de Las Fuentes, ya que se iba a refrigerar con agua de mar. Viesgo encargó a un vecino de la zona, Vicente Sánchez, la compra de las fincas que necesitaba y el comprador acabó por reunir, prado a prado, 71,6 hectáreas de terrenos, el equivalente a 71 campos de fútbol, repartidos entre los municipios de San Vicente de la Barquera y Val de San Vicente. La compañía eléctrica no fue muy generosa en el precio. Pagó el carro de tierra (179 metros cuadrados allí) a una media de 7.500 pesetas, y obtuvo los terrenos por 30 millones de pesetas, una cifra modestísima si se compara con lo que iba a costar el proyecto.
Puede que conseguir el suelo fuese fácil y barato, pero eso resultó un espejismo, porque levantar la central resultó mucho más complejo de lo que la empresa suponía. Con la llegada de la democracia, el clima social cambió significativamente y, aunque aún no se habían celebrado elecciones municipales y las corporaciones procedían del franquismo, doce alcaldes de la zona no dudaron en ponerle proa al proyecto, lo que resultó decisivo para abocar la iniciativa al fracaso.
Electra de Viesgo había encargado a comienzos de 1977 el sistema de generación de vapor y el turboalternador de la central a General Electric, la misma compañía que había equipado Garoña, donde instaló un generador idéntico a los de Fukushima, a un precio muy asequible, con la intención de que la central burgalesa le sirviese de escaparate para nuevos pedidos en España. La relación con los técnicos americanos se estrechó a raíz de ese encargo y Viesgo volvió a confiar en la misma compañía para Santillán.
Para entonces, el proyecto había moderado sus expectativas iniciales y de los cuatro reactores iniciales se había pasado a uno solo, de 970 Mw, con la consiguiente rebaja de la inversión, probablemente porque Viesgo fue invitada a participar en un consorcio para construir otra central semejante en la localidad lucense de Regodola (Jove), que llegó a tener autorización administrativa. Pero ni esta central, en asociación con Unión Fenosa e Hidrocantábrico, saldría adelante, ni llegaría a entregarse nunca el generador de la de Santillán, ni fraguarían otros 23 proyectos nucleares que por entonces se manejaban en España y que hubiesen dado al país una cobertura nuclear semejante a la que tiene Francia. La vida había cambiado demasiado entre 1975 y 1980 como para sacar adelante una inversión tan descomunal y socialmente conflictiva.

Cambio de clima social

Es posible que la central de Santillán tenga algo que ver con el nacimiento del sentimiento autonómico de Cantabria, porque fue precisamente en una concentración-acampada celebrada el 24 de abril de 1977 sobre los terrenos adquiridos por Viesgo para su construcción cuando tomó carta de naturaleza la Asociación para la Defensa de los Intereses de Cantabria (ADIC), embrión de este movimiento.
En realidad, la oposición al proyecto iba mucho más allá del regionalismo. En agosto, a una manifestación convocada por los vecinos de la zona se unieron partidos políticos tan diametralmente opuestos en su ideología como Fuerza Nueva, el Partido del Trabajo de España, Falange Española Auténtica, PCE, PSOE y PSP, además de dos asociaciones regionalistas (entre ellas, el futuro PRC) y ocho sindicatos. Otra amalgama semejante se daba entre los convocantes de los municipios asturianos que se sentían afectados, que tuvieron un notable protagonismo en el conflicto.
El alcalde asturiano de Rivadedeva, el municipio que hace frontera con Cantabria, convocó un pleno extraordinario el 15 de septiembre de 1977 con un único punto en el orden del día, solicitar el aplazamiento de la construcción de la central de Santillán, al entender que las corporaciones municipales estaban en trance de ser sustituidas por otras nuevas, salidas de las urnas, y eran esas las que tenían que opinar sobre una decisión de tanto calado. Eso sí, le daba a Viesgo la oportunidad de informar a los vecinos sobre las ventajas e inconvenientes de la central.
La iniciativa contagió pronto a otros ayuntamientos próximos a la futura central, tanto de la parte asturiana como de la cántabra, y los alcaldes, que tuvieron un papel sorprendentemente activo, dada su extracción franquista, encabezaron la negativa general a un proyecto que se fue enfriando poco a poco. Como otros muchos surgidos en la fiebre nuclear que se produjo en la España de los años 70, como consecuencia de la crisis del petróleo, que multiplicó su precio y demostró la dependencia que tenían los países occidentales de un producto estratégico cuyo control empezaba a escapar de sus manos.
Sobre los acantilados de Santillán-Boria sólo quedaron algunas casetas de obra, hoy desaparecidas y una gran zanja que se abrió en el lugar donde iba a estar asentada la central, para conocer la estabilidad del terreno. Puede que el suelo fuese lo bastante firme pero ya no lo era el clima social. Ni en España, donde había una auténtica ebullición en las calles con la llegada de la democracia, ni en la mayoría de los países occidentales, en los que empezaba a cuajar un fuerte movimiento antinuclear. Cuando el PSOE llegó al poder, en 1982, ya habían decaído la mayor parte de los proyectos, y la moratoria impuesta en 1984 por Felipe González a la construcción de centrales no fue exclusiva de España. En los países de la OCDE prácticamente no se han construido más desde entonces.
El último estertor del proyecto cántabro se produjo en 1983 cuando el entonces consejero de Industria, Enrique Ambrosio Orizaola, aseguró que la central resultaba necesaria para la autonomía energética de Cantabria. Una declaración que despertó de nuevo a quienes ya daban por muerta la iniciativa, y que achacaron el repentino interés del Gobierno a la compra de Electra de Viesgo por el Banco Santander. Sin embargo, el Banco se desmarcó del asunto. El tiempo de la construcción de nucleares había pasado y la propia Viesgo había disuelto dos años antes su departamento nuclear.
Con los años quedaría constancia de lo difícil que iba a ser instalar en Cantabria cualquier tipo de central eléctrica, y no solo las nucleares. De los tres ciclos combinados que llegaron a proyectarse en la pasada década, ninguno ha podido materializarse y, a día de hoy, sólo han llegado a levantarse unos pocos de los aerogeneradores que fueron aprobados por el Gobierno de Martínez Sieso y el solitario molino de Vestas en Valdeolea.
Lo más paradójico es que las únicas instalaciones eléctricas que sortearon todos los obstáculos sociales y legales, las cogeneraciones industriales, empiezan a plantearse su continuidad, a consecuencia de las nuevas tasas fiscales.