La Distribución valora de «forma positiva» la nueva ley contra el desperdicio alimentario

La Distribución, patronal de la gran distribución (Anged), ha valorado «positivamente» la nueva Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario que entra en vigor este jueves, en cuyo proceso legislativo han participado todos los eslabones de la cadena de valor agroalimentaria, según informa en un comunicado.

En concreto, la asociación ha recordado que el texto aprobado recoge buenas prácticas ya impulsadas por las empresas de la distribución y marca unos ambiciosos objetivos de reducción del desperdicio para 2030 como son del 50% para el ámbito doméstico y de un 20% en los procesos de producción y distribución.

La lucha contra el desperdicio alimentario tiene un triple impacto para la sostenibilidad: es un pilar de la eficiencia económica de las empresas; ayuda a reducir la huella medio ambiental de los procesos; y permite involucrar a todos los agentes, incluidos los consumidores, en la consecución de un objetivo que es bueno para toda la sociedad.

En este sentido, el desperdicio en las empresas de la distribución se ha reducido por debajo del 1% del total de los productos que comercializan gracias a medidas como las innovaciones en la gestión de los stocks, la mejora de los sistemas logísticos y de refrigeración, la evolución de los envases o las acciones de sensibilización a los consumidores.

Además, la norma establece un sistema claro de responsabilidades en materia de seguridad alimentaria, que incentiva y da seguridad jurídica a las donaciones de alimentos. La reducción del IVA a las donaciones supone un incentivo adicional para las empresas que ya colaboraran desde hace más de dos décadas con bancos de alimentos y organizaciones del tercer sector.

La Distribución ha señalado que para garantizar la «coherencia y eficiencia» de los objetivos de la Ley, es deseable que aquellas empresas que operan en toda España puedan elaborar planes de prevención de la reducción del desperdicio a nivel nacional.

La asociación ha recordado que la ley también introduce la jerarquía de prioridades en la gestión de las pérdidas y el desperdicio alimentario que no se haya podido evitar. Para ello considera los modelos de negocio y los posibles destinos, dando la flexibilidad necesaria y justificación, una práctica en la que ya se viene trabajando en la distribución.

Además, la ley establece una serie de medidas de buenas prácticas, tanto para la administración como los distintos eslabones de la cadena, para evitar el desperdicio. Por ejemplo, contempla que los establecimientos comerciales dispongan de líneas de venta de productos considerados «feos, imperfectos o poco estéticos», o promover el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos.

La norma anima a incentivar la venta de productos con la fecha de consumo preferente o de caducidad próxima, de acuerdo con la jerarquía de prioridades de uso. En este sentido, prevé que el Gobierno adopte políticas y medidas para fomentar la adecuación de las fechas de consumo preferente a la prevención del desperdicio.

En cuanto al Gobierno, la norma contempla que deberá elaborar un Plan Estratégico para la prevención y reducción de pérdidas y desperdicio alimentario, que se revisará cada cuatro años y definirá la estrategia general contra el desperdicio, así como las orientaciones y estructura que deberán seguir las comunidades autónomas. Por su parte, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en consulta con otros ministerios relacionados con la materia, deberá elaborar un Plan Nacional de control de las pérdidas y desperdicio alimentario.

Las infracciones leves serán sancionadas con apercibimiento o multa de hasta 2.000 euros; las graves, con multa entre 2.001 y 60.000 euros; y las infracciones muy graves serán sancionadas con multa entre 60.001 y 500.000 euros. No obstante, establece un plazo de prescripción de seis meses para las infracciones leves; de un año en el caso de las graves; y de dos años para las muy graves.