Las empresas se quedan sin tiempo

Por mucho que se modernicen nuestros hábitos, dejar las cosas para el último minuto continúa formando parte de la idiosincrasia nacional y las empresas regionales no son ajenas a ello, al menos a la hora de cumplir con las nuevas obligaciones de la legislación medioambiental.
Todo parece indicar que los próximos meses van a convertirse en una carrera contra el reloj para cumplir con dos nuevas exigencias: la consecución de la Autorización Ambiental Integrada y la presentación de un informe que permita determinar si el suelo sobre el que se asienta una actividad industrial está o no contaminado.
En diciembre concluye el plazo dado a las empresas afectadas por una u otra de estas normativas. En el caso de la declaración sobre el estado del suelo son varios miles las empresas cántabras obligadas a realizarlo. La tramitación de la autorización ambiental integrada afectará, en cambio, a algo menos de setenta, pero no cabe el tomárselo con más tranquilidad, porque este procedimiento es bastante más complejo.

Una evaluación prolija

Desde que comenzó a correr el plazo en 2002, apenas un puñado de empresas cántabras ha culminado el camino para integrar en una sola autorización todas las licencias ambientales que necesitan para poder desarrollar su actividad. Una norma estatal publicada ese año, la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, señalaba el camino para simplificar esa maraña administrativa a la vez que se garantizaba que las empresas eran medioambientalmente viables, obligándolas a hacer uso de las mejores técnicas disponibles para minimizar la contaminación de su entorno. El objetivo de esta ley no eran todas las empresas potencialmente contaminantes, sino aquellas que, por sus características, tuvieran una especial incidencia en el medio ambiente, ya fuera por un mayor volumen de vertidos, por su elevada carga contaminante o por generar grandes cantidades de residuos.
En una primera estimación, 58 industrias químicas, papeleras, cementeras, fundiciones, metalúrgicas y gestores de residuos, pasaron a estar obligadas a obtener la autorización ambiental integrada para continuar su actividad en Cantabria. Desde la publicación de la ley, han aparecido nuevas empresas a las que también afecta esta norma, por lo que el censo de industrias afectadas se acerca ya a las setenta.
De todas ellas, tan sólo media docena la han obtenido ya. La mayoría no ha presentado aún la documentación ante la Administración regional.
Aunque falta casi un año para el vencimiento del plazo legal, lo cierto es que la complejidad del proceso exige, en opinión de las firmas de ingeniería consultadas, no menos de seis meses para completar los trabajos de documentación. En este tiempo, explica uno de estos expertos, “se toca absolutamente todo, desde las materias primas que se consumen al tipo de fuente de energía o a la clase de procesos que utilizan esas industrias”. El objetivo es que su repercusión medioambiental no supere a la que alcanzarían de aplicar las mejores técnicas disponibles”.
Aunque la extensión de los trabajos depende del tipo de empresa analizada, el coste de esta tramitación puede oscilar entre los 3.000 euros, para las evaluaciones más sencillas, y los 30.000 para las empresas de cierto tamaño o que exigen análisis más complejos. Pero la cuantía puede superar holgadamente esta cifra en las grandes instalaciones industriales.
Otra de las obligaciones medioambientales que el paso del tiempo ha reactivado es la que afecta a las empresas generadoras de residuos peligrosos, que han de presentar proyectos para minimizarlos. Esta exigencia legal, implantada en Cantabria en 2001, mantiene en una tensión permanente a las industrias, ya que las fuerza a renovar cada cuatro años sus planes para reducir estos residuos, a los que se trata con criterios cada vez más restrictivos.

Suelos contaminados por declarar

Si estas circunstancias permiten suponer que 2006 va a ser un año muy agitado en el terreno medioambiental, hay otras más para ratificarlo: habrá que hacer miles de informes sobre suelos contaminados, un apartado de enorme trascendencia económica para las empresas y en el que apenas se ha comenzado a caminar.
Al margen de la escasa diligencia que han demostrado las afectadas por esta reciente normativa, la ausencia de criterios claros sobre cómo llevar a cabo la evaluación de esos suelos potencialmente contaminados ha contribuido a retrasar el cumplimiento de una norma que concede dos años, a partir de enero de 2005, para presentar esos informes ante la administración regional.
El decreto obliga a las empresas de 101 sectores industriales potencialmente contaminantes a informar sobre el estado del suelo que ocupan, además de explicitar las materias primas que utilizan, la forma de almacenarlas y datos sobre las instalaciones de drenaje o el tipo de pavimentación que tienen.
El objetivo que se persigue con esta nueva obligación medioambiental es la creación de un listado de suelos contaminados que pueda ser consultado por cualquier persona –por ejemplo, un potencial comprador– algo que no fue posible con el mapa realizado por el Ministerio de Medio Ambiente hace años, en el que se identificaban en Cantabria hasta 238 emplazamientos potencialmente contaminados, y que tenía carácter confidencial.
Este nuevo inventario, en el que la Comunidad de Madrid fue pionera, estaba previsto en la Ley de Residuos de 1998, pero lo cierto es que ha sido necesaria una norma específica para poner en marcha un proceso que acabará arrojando una luz definitiva sobre una materia que ha adquirido una importancia social muy alta, dado que son muchos los emplazamientos industriales que se están reutilizando para construcciones de viviendas. El ejemplo más reciente es de la fábrica Trefilerías Quijano, de Los Corrales de Buelna.
En el informe que han de presentar ante la Consejería de Medio Ambiente, las empresas deberán declarar si su suelo está o no contaminado y, en este último caso, en qué grado y por qué tipo de sustancias. A partir de aquí, la Administración marcará los plazos y los límites que debe alcanzar la descontaminación.
La exigencia de hasta dónde debe llegar la limpieza del suelo dependerá de los usos que se le vayan a dar, lo que introduce un coste añadido para las industrias más potencialmente contaminantes que hasta la fecha no se contemplaba: la obligación de sanear el terreno antes de proceder a su venta. Un coste que puede dar al traste con las expectativas de jugosos negocios inmobiliarios que podrían darse con los cambios de usos industriales a residenciales previstos en varios municipios de Cantabria.
Los suelos contaminados perderán valor rápidamente, al menos en la misma proporción del coste que suponga su descontaminación.
Lo cierto es que muchas empresas desconocen el estado real del suelo que ocupan y tampoco saben que la declaración que deben presentar ante la Consejería de Medio Ambiente debe ir respaldada por un organismo certificador (OCA).
Aquí es donde participan las consultorías medioambientales, que en el tiempo que resta –hasta enero de 2007– van a tener abundante trabajo realizando las evaluaciones y preparando los informes que deben ser presentados ante la Administración.

Métodos rápidos

Al hecho de que apenas exista una metodología contrastada para realizar esos estudios se añade la gran extensión del terreno a analizar en algunos casos.
En bastantes ocasiones bastará con unas simples calicatas para tomar muestras de suelo que, analizadas por un laboratorio autorizado, permitan determinar si existe o no contaminación. Pero si la superficie a analizar es grande, este sistema puede resultar caro, por lo que se plantean otros métodos. La firma cántabra Medioambiente Consultores aplica un sistema basado en medir la respuesta del terreno ante la aplicación de energía eléctrica. La presencia de elementos contaminantes da una lectura que, comparada con una tabla de valores, permite deducir el estado del suelo sin necesidad de excavar el terreno ni de romper el enlosado de las instalaciones.
Sea con esta o con otras técnicas, lo cierto es que comienza una época movida para las empresas industriales, incursas en un proceso ya irreversible para conciliar sus actividades con el entorno donde se desarrollan y con la creciente sensibilidad medioambiental de la población.