La PAH expone al Gobierno sus reivindicaciones sobre la Ley de Vivienda

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) se ha reunido este miércoles con las autoridades del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para exponerles sus reivindicaciones sobre la Ley de Vivienda y la necesidad de mejorarla durante el trámite parlamentario para solucionar los problemas de los ciudadanos.

La PAH ha expuesto al secretario general de Agenda Urbana y Vivienda, David Lucas, al subdirector General, Anselmo Menéndez, y a la jefa de Gabinete del secretario general, Maria Isabel Badia, cinco cuestiones que «sí o sí deben estar incluidas» en la normativa.

La primera es la paralización de todos los desahucios de familias vulnerables y la obligación de ofrecer alquiler social, en el caso de bancos y grandes propietarios, o de un realojo por parte de la Administración en el caso de los pequeños propietarios.

También ha propuesto una ampliación del parque público de vivienda al 20% de la vivienda social en 20 años, con una cesión obligatoria de vivienda vacía de bancos y fondos de inversión y un traspaso de las viviendas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al parque público.

La tercera de las reivindicaciones de la PAH es la toma de medidas contra el sobreendeudamiento y el derecho subjetivo a la vivienda, para que todas las personas puedan exigir el cumplimiento efectivo del derecho a la vivienda ante los órganos administrativos como en los judiciales.

Del mismo modo, la PAH ha pedido prohibir los precios abusivos del alquiler, para que el acceso sea asequible y estable. Para conseguirlo, ha defendido la creación de índices de referencias locales por parte de los ayuntamientos. En este punto, también han incluido un aumento de la duración de los contratos, sobre todo en víctimas de violencia de género, personas mayores de 65 años y colectivos vulnerables.

Entre las reivindicaciones imprescindibles de la PAH está la prohibición de los cortes de agua, luz y gas a familias en situación de vulnerabilidad, obligando a las empresas antes de cortar preguntar a la Seguridad Social si la familia que no puede pagar es vulnerable.

Durante la reunión, los representantes de la PAH han reprochado «la actitud que tuvo el PSOE» respecto a la ley presentada por la Plataforma el pasado 14 de diciembre, a la que el partido que encabeza el Gobierno de coalición se opuso.