La patronal hotelera Cehat aplaude las medidas contra los pisos turísticos, pero afirma que llegan tarde

La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) valora positivamente los anuncios realizados por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materia de regulación de los alquileres de temporada, aunque asegura que «hace ya más de 10 años» advirtieron de las problemáticas que podía generar este negocio.

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, celebra que «se den cuenta por fin de que la vivienda vacacional y el crecimiento desmesurado de este producto turístico iba a suponer un fenómeno social y no económico, tal y como se ha denunciando desde hace más de una década».

En este sentido, apuntan a que la proliferación de estos arrendamientos turísticos ha agravado el acceso a la vivienda en los últimos años y piden una política de Estado para las viviendas de uso turístico y un pacto a nivel estatal para hacer frente al problema.

La entrada en el mercado de este negocio bajo la denominación de «economía colaborativa» permitió «escapar» de la regulación sectorial y provocó una gran expansión de la actividad generando «opacidad fiscal y laboral» y reduciendo el número de oferta disponible en el mercado tradicional del alquiler, según analizan desde Cehat.

Actualmente, España cuenta con unas 400.000 VUT, según el INE, un 16% más en comparación con 2023, lo que supone que ya hay más plazas en las viviendas de uso turístico que en el mercado regulado de alojamiento hotelero, apartamentos turísticos y demás sistemas de alojamiento tradicionales.

Otro de los problemas de este negocio, esgrimido por Cehat, es la imposibilidad de los trabajadores temporales que se desplazan a los destinos de temporada de encontrar una residencia para su estancia debido al acaparamiento de los alojamientos por este tipo de viviendas.

Asimismo, achacan al Gobierno que se centre en resolver el problema de la vivienda topando los precios en vez de regular los alquileres de temporada, así como por no buscar solución a la falta de vivienda de nueva construcción que provoca la disminución de la oferta.

Entre las medidas que deben unirse a los anuncios realizados por el Presidente, reclaman la calificación de las VUT como una categoría diferenciada que se regule a través del planteamiento urbanístico, delimitando su áreas y condiciones de uso.

Además, piden limitar el número de estas viviendas a través de normativas municipales, regular su compatibilidad con el uso residencial, cuotas especiales para afrontar los gastos comunitarios que generen, el establecimiento de un rÉgimen sancionador para el cumplimiento de las noRmativas o la protección laboral a los trabajadores de estos negocios.

«La falta de regulación de las VUT agrava el acceso a la vivienda y limita el alojamiento de trabajadores turísticos en destinos estacionales y también duplica los costes de los alquileres para los trabajadores y familias en el resto de destinos turísticos. Por ello es urgente establecer un marco legal claro para regular las viviendas turísticas y frenar su impacto negativo», ha concluido Marichal.