Obras Públicas se va al Cabildo de Arriba

Cuando el 1 de agosto el Gobierno regional reciba el edificio construido en el lugar que ocupaba el ‘Palacio del Mueble’, Cantabria estará un poco más cerca de la reordenación de las sedes administrativas para poner fin a la caótica dispersión que se arrastra desde que comenzó la autonomía.
Frente al modelo elegido por el popular Martínez Sieso, que optó por una macrosede en Puertochico –el primer proyecto Moneo–, la coalición PSOE-PRC prefirió en 2004 apostar por repartir las consejerías entre cinco nuevos edificios, incluido el de Moneo, pero con un tercio menos del tamaño inicialmente previsto. Una opción que facilitará sensiblemente la relación de los ciudadanos con la Administración, cuyos servicios están hasta ahora dispersos en una veintena de sedes.
El nuevo edificio de la calle Alta albergará la Consejería de Obras Públicas y en él se ubicarán tres de las direcciones generales: Carreteras, Ordenación del Territorio y Urbanismo. La de Vivienda continuará en Vargas, por su cercanía a la Oficina de la Vivienda de la calle Narciso Cuevas.

De rehabilitación a reconstrucción

El proyecto que manejaba el Gobierno cántabro cuando adquirió en 2004 el antiguo edificio que albergó la mueblería de Nicolás Presmanes, en el número 5 de la Calle Alta, se vio drásticamente alterado por el inesperado desplome de parte del inmueble dos años después de su compra. Aunque sin las trágicas consecuencias que han tenido estos derrumbes en otros edificios próximos, la antigua mueblería se vino parcialmente abajo debido al mal estado del edificio, y lo que iba a ser una rehabilitación en profundidad se convirtió en una obra nueva. Paradójicamente, la parte que se cayó fue la más moderna, la construida en los años cincuenta con estructura de hormigón, que miraba hacia la Rampa de Sotileza. Sin embargo, no resultó afectada la parte más antigua de la edificación, construida con vigas de madera hace casi un siglo. Esta fachada, que da a la calle Alta, estaba protegida por el Plan General de Santander, por lo que ha sido reconstruida respetando la misma estructura, huecos y revestimientos.
Esto confiere al nuevo edificio un carácter especial, ya que mientras la fachada norte mantiene un sabor añejo, la fachada sur, que mira a la Bahía, ofrece la imagen de un moderno inmueble de oficinas, con un frente de paneles de zinc y un gran muro cortina. El sobrio cromatismo de esta parte, entre negro y gris, contrasta con la colorista cerámica que reviste la fachada de la calle Alta.

La asimetría de la topografía

Antes de la demolición se procedió a hacer una copia de los azulejos originales para reproducirlos en los nuevos materiales. También se guardaron algunas piezas que podían ser aprovechadas en la reconstrucción, como los basamentos de piedra que tenían los pilares originales de esa fachada.
La notable diferencia de altura entre la calle Alta y la Rampa de Sotileza le da a este inmueble otra de sus peculiaridades, y es que mientras por su lado sur cuenta con nueve plantas, en su fachada norte se reduce a seis. Esta adaptación a la topografía de una zona de Santander que originalmente fue un cantil sobre la primera línea del mar explica que el edificio tenga dos entradas, una por Sotileza y la segunda por la calle Alta. Esta decisión ha obligado a duplicar las medidas de seguridad para el control de accesos, pero resultará más cómodo para quienes deban realizar una gestión en cualquiera de las tres plantas que van a estar abiertas al público.
En estas oficinas se van a tramitar asuntos tan sensibles como las expropiaciones vinculadas a los proyectos de obra pública y las cuestiones urbanísticas. De hecho, la tercera planta se va a destinar a la Comisión y el Consejo de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU).
El reparto de los 3.455 metros cuadrados del edificio y su diseño interior se ha hecho atendiendo a las necesidades de cada una de las direcciones generales que se trasladarán al antiguo Palacio del Mueble, en el que van a trabajar 150 personas a partir de este verano.

Un edificio flexible

En el reparto de espacios se ha buscado la mayor flexibilidad, de manera que puedan acomodarse a necesidades futuras. La superficie de las plantas varía de los 637 m2 que tiene la más grande (la tercera), a los 200 de la novena, que albergará los Servicios Jurídicos.
El espacio interior del edificio se ha organizado alrededor de un núcleo central de comunicaciones formado por los tres ascensores, la escalera, los aseos y los cuartos de servicio, además de espacios habilitados para archivos y salas de reuniones. Entre estas últimas destaca una polivalente, que servirá como sala de prensa y para las reuniones de la CROTU. Los despachos y zonas de trabajo y de atención al ciudadano se localizan en los espacios más próximos a las fachadas.
A pesar de la anchura del edificio, al tratarse de plantas prácticamente diáfanas y contar con la fachada acristalada que da al sur, la luz natural inunda gran parte de las estancias.
En la elección de los materiales utilizados en la decoración interior se ha optado por un acabado sobrio y funcional. Para ello se han conjugado los revestimientos en material porcelánico que imita a pizarra y los paneles de madera.
Como en la mayoría de las dependencias destinadas a albergar oficinas, el edificio tiene un suelo técnico, con tomas para las redes de voz y datos, y un falso techo por el que discurren la electricidad y la climatización. Las redes de comunicación cuentan con raks de armarios en todas las plantas y un sistema de alimentación ininterrumpida.
También se ha cuidado el sistema de protección contra incendios, que incluye un depósito conectado a un grupo de presión para asegurar el suministro de agua a las plantas superiores, así como un sistema de detección automática de humo conectado con una central de incendios.
El edificio partía de un imponderable, la inexistencia de sótanos y cuenta con una sola plaza de garaje, por lo que la Consejería ha licitado el alquiler de 25 más en alguno de los parkings que existen en la zona para guardar su parque móvil.

Un ejemplo de financiación estructurada

Para sufragar la nueva sede de la Consejería de Obras Públicas se ha recurrido a la fórmula de la financiación estructurada. El propietario del edificio es Gesaican (Gestora de Activos Inmobiliarios del Gobierno de Cantabria), una empresa pública que ha buscado la financiación externa necesaria para comprarlo (costó cerca de tres millones de euros) y para reconstruirlo (4,5 millones de euros más). El retorno a los inversores se hará a través de un canon de alquiler que pagará el Gobierno de Cantabria, un inquilino que ofrece las máximas garantías para las entidades bancarias en las que se apoya la financiación estructurada.
Este mismo modelo se aplicará en la construcción de otra de las nuevas sedes previstas, la que se levantará sobre el solar ocupado por los antiguos talleres de la Imprenta Regional, en la calle General Dávila, que será ocupada por la Consejería de Educación. Junto con el Edificio Presmanes, la Casa de Piedra, el construido en Peña Herbosa y el Edificio Moneo, serán las cinco nuevas sedes entre las que se repartirán las Consejerías del Gobierno cántabro.
Además de simplificar la acción administrativa, esta reunificación supondrá un importante ahorro, al amortizarse la necesidad de docenas de locales dispersos por toda la capital que la comunidad autónoma ahora tiene arrendados.

La reactivación del Cabildo

La elección del Cabildo de Arriba para establecer la sede de una consejería va a servir como revulsivo para el desarrollo de una zona de la ciudad que había sufrido un notorio abandono. Como subraya el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, “Es una zona de cuyo proceso de rehabilitación urbana somos protagonistas, no sólo con nuestra incorporación al vecindario, sino con la inversión de más de 1,5 millones de euros en la mejora del entorno viario que pronto se concluirá. Además, confiamos que el proceso de rehabilitación de viviendas, dentro del ARI, sirva también para convertir esta parte del corazón de la ciudad en una zona de calidad de Santander”.