Las agencias de viajes estudian acciones legales contra el nuevo registro y no confían en la orden ministerial

Las patronales Acave, UNAV y Fetave han comunicado conjuntamente que ya están estudiando acciones legales contra el Real Decreto 933/2021 o nuevo registro de viajeros, ya que consideran que «vulnera la normativa europea de protección de datos por la cantidad de datos sensibles y personales que exige recabar a las empresas».

Sobre el anuncio de una orden ministerial, que será sometida a una audiencia pública de dos semanas, las asociaciones consideran «altamente improbable» que excluya la obligación de comunicar nuevos datos de carácter personal «tan sensibles» como los datos de tarjetas de crédito de los turistas.

En un comunicado, han destacado que durante el proceso de tramitación del Real Decreto, tanto la Comisión Europea como la Agencia Española de Protección de Datos ya emitieron sendos informes en los que advertían de que muchas de las cuestiones no se ajustaban a la normativa vigente, emplazando al Ministerio a realizar cambios.

En palabras de este departamento, en todo el proceso de elaboración y aprobación del decreto, ha respetado el principio de transparencia y eficiencia al haber contado con la participación de los destinatarios y quedar los objetivos de la regulación claramente definidos tanto en el preámbulo de la norma como en la memoria, sin que «se hayan incluido cargas administrativas innecesarias o accesorias».

También ha argumentado que el proyecto fue analizado por el Consejo de Estado, que en su informe concluye que «nada tiene que oponer a la regulación que se propone, la cual supone una correcta adaptación de a regulación normativa sectorial sobre la que se actúa».

Sin embargo, las agencias de viajes denuncian el ninguneo del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, que se ha «negado» a reunirse con el sector durante todo este proceso.

Ante esta situación, y mientras la normativa no se modifique, las tres entidades han anunciado que continuarán llevando a cabo su campaña para movilizar a la opinión pública el impacto del decreto.

«Para estas asociaciones es importante concienciar a la opinión pública y a los viajeros de la gravedad de esta normativa, ya que resultarán los grandes perjudicados de la puesta en marcha de la disposición, pues habrán de confiar más de 40 datos para reservas de alojamiento y más de 60 para las de alquiler de vehículos», han explicado en un comunicado.

En consecuencia, los tres máximos mandatarios de cada patronal han pedido nuevamente la suspensión del registro y que Interior acepte revisar, en diálogo con el sector turístico, las obligaciones de dicha norma, tal como solicitó el Congreso de los Diputados, a fin de excluir a las agencias de viajes de la aplicación de «esta incomprensible normativa y que resulta de imposible cumplimiento».