El saneamiento llega a su ecuador

El saneamiento ha sido una de las mayores carencias ambientales de Cantabria. Los vertidos incontrolados constituyen, aún hoy, un problema medioambiental de enorme magnitud hacia el que hasta ahora se manifestaba poca o ninguna sensibilidad. Cantabria ha destacado y aún destaca negativamente por ser la comunidad con menor grado de cumplimiento de las directivas comunitarias en materia de saneamiento y depuración.
La declaración por el Gobierno socialista de estas obras como de interés general conllevaba su financiación por el Estado, pero su puesta en práctica se retrasó hasta que se consiguió disponer de Fondos de Cohesión europeos para iniciar el saneamiento de la Bahía de Santander.
Actualmente ya están funcionando los sistemas de saneamiento de San Vicente de la Barquera, Miengo, Mogro, Bahía de Santander (parcialmente), Ajo y Bareyo, mientras que se encuentran en obras los de Cieza, Mortera, Liencres, Bezana, cuenca baja del Besaya y Campoo.
El Plan de Saneamiento que engloba estas actuaciones, tiene como horizonte el año 2005 y la inversión prevista es de 77.000 millones de pesetas, de los que cerca de 42.000 millones están ya ejecutados.
En la segunda fase, que se acomete ahora, en la que restan por invertir unos 35.000 millones de pesetas, los objetivos se centran en el medio rural y en potenciar la reutilización de aguas residuales en la bahía de Santander, cuenca del Besaya y Santoña, aunque ninguno de estos saneamientos está aún concluido y en lo que se refiere a las marismas de Santoña ni siquiera se ha iniciado, por lo que es poco verosímil que puedan cumplirse los plazos.

Encarecimientos reiterados

El proceso de saneamiento de la Bahía de Santander, un proyecto presupuestado en más de 15.000 millones de pesetas y financiado en un 80% con fondos europeos, alcanzó el pasado mes de junio un hito histórico con el cese de vertidos de aguas residuales a la Bahía, aunque eso no quiere decir que el problema esté resuelto, ya que ahora se vierten a mar abierto sin depurar a la altura de Ciriego. En la actualidad se están ejecutando las obras de la tercera y última fase, que consisten en la construcción de una nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR), presupuestada en 4.288 millones y que podría inaugurarse a mediados del próximo año. Una vez en funcionamiento, por fin las aguas residuales de todo el ámbito de la Bahía se verterán depuradas al mar.
Como ocurrió en todas las fases anteriores, el costo de la depuradora ha aumentado un 19,5% después de su adjudicación (la ley exigiría nuevos concursos si el porcentaje alcanza el 20%), lo que en este caso ha supuesto 840 millones más. Estos encarecimientos, que siempre se han achacado a imprevistos en el subsuelo, van a elevar los gastos para el saneamiento de la bahía en casi 3.000 millones de pesetas.
Si las obras de la Bahía se ajusta sustancialmente a los plazos previstos, el saneamiento del Saja-Besaya ha visto como su pieza clave, la depuradora de la Vuelta Ostrera (Suances), cuya finalización estaba calculada para abril del 2002, acumula ya un retraso de tres años tras la denuncia presentada por la Asociación Ecologista ARCA al haberse utilizado para su asentamiento las marismas de Hinojedo.
La tercera gran obra es el saneamiento de las marismas de Santoña, un proyecto redactado por la Confederación Hidrográfica del Norte, y que cuenta con un presupuesto de 15.000 millones de pesetas que será sufragado íntegramente por el Gobierno estatal. El eje central será un gran colector de alcantarillado que atravesará todo el casco urbano de Santoña conduciendo las aguas residuales de los Ayuntamientos de Voto, Bárcena de Cicero, Ampuero, Colindres, Limpias y Laredo hasta la depuradora que se construirá en San Pantaleón (Arnuero). Un emisario submarino por debajo del Monte del Brusco, situado entre Helgueras y Berria lanzará al mar el agua residual. El proyecto ha sido rechazado por el Ayuntamiento de Santoña, alegando que toda la carga medioambiental recaería exclusivamente sobre su municipio.

Ley de saneamiento

Para regular esta red de saneamientos, el Gobierno regional presentaba, el pasado uno de septiembre, el proyecto de Ley de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales, un texto que quiere ser el instrumento para que Cantabria cumpla los preceptos que establecen las directivas comunitarias sobre calidad del agua y depuración de vertidos.
Desde la oposición se han subrayado las limitaciones de este proyecto de Ley, censurando el hecho de que no se inserte dentro de un plan integral de gestión de recursos hídricos.
Las voces críticas con esta iniciativa legal destacan la inexistencia de referencia a circuitos de reutilización de aguas depuradas, la marginación de las aguas subterráneas como ámbitos de especial protección y la apuesta por soluciones que califican de “final de tubería”, los vertidos al mar a través de emisarios submarinos.
Por contra el Consejo Económico y Social lo considera en su dictamen un buen texto legislativo y propone la creación de un Libro Blanco del Agua en el que se diseñen políticas medioambientales que ayuden a racionalizar su consumo. El CES aprovecha su dictamen para recordar la necesidad de abordar en profundidad el problema del abastecimiento de agua, ausente en este texto y motivo desde hace años de múltiples polémicas ya sea por la indecisión del Ejecutivo cántabro para abordar el abastecimiento de agua a Santander y a su zona metropolitana, o por su tardanza en ejecutar determinadas obras, como la mejora del Plan Asón del que dependen los ayuntamientos de la comarca oriental.

Un canon de vertidos

Para sufragar los gastos futuros de depuración –los de la bahía de Santander se estiman en unos 300 millones de pesetas anuales–, el proyecto de ley contempla la creación de un canon de vertidos. La aplicación de este nuevo tributo supondrá que los hogares cántabros que cuenten con sistemas de saneamiento y depuración de aguas residuales en su municipio pagarán como coste del servicio un canon de 30 pesetas por metro cúbico consumido al mes, lo que se traduce en una subida de un 57% en el precio del agua (de 52 pesetas el metro cúbico a 82 pesetas en el caso de Santander). Las industrias pagarán una tasa algo superior que se establece en 1,3 veces esa cantidad. Teniendo en cuenta que el consumo medio de una familia de cuatro personas es de un metro cúbico diario, esto supone que el recibo del agua aumentará en unas mil pesetas al mes. El canon será el mismo para toda Cantabria y quienes ya cuenten con este servicio de saneamiento y depuración -–un 50% de la población cántabra lo tiene en la actualidad— comenzarán a pagarlo a partir de la próxima primavera.
Formaciones políticas como IDCAN se han mostrado en desacuerdo con la generalización del canon de saneamiento por entender que no castiga a los grandes consumidores industriales y domésticos, y que tampoco estimula la aplicación de tecnologías que racionalicen el uso del agua.
El proyecto de Ley contempla también la creación de un Ente del Agua. Este organismo autónomo, que dependerá de la Consejería de Medio Ambiente, será el encargado de dirigir todas las actuaciones que se hagan en el marco del plan de saneamiento, desde la ejecución de las obras, al desarrollo de campañas de sensibilización en el uso, control de los vertidos, etc. A través del Ente del Agua, la comunidad autónoma, será la competente en la gestión del abastecimiento en alta presión y asumirá competencias que tradicionalmente han correspondido a los ayuntamientos como las relativas al saneamiento y depuración, dejando para estos la gestión de la red de alcantarillado y la distribución domiciliaria.