Cantabria prepara su estrategia contra el cambio climático

El cambio climático, cuya amenaza ya nadie pone en duda, plantea un desafío global pero muchas de las respuestas han de ser locales. En la reciente cumbre de París, en la que han intervenido más de 140 países, todos los Estados se han comprometido a llevar a cabo medidas que mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero para que el incremento de temperatura del planeta no supere a final de siglo los dos grados, el límite cosiderado crítico.
En el caso de España, donde las comunidades tienen competencias sobre suelo, ordenación del territorio y medio ambiente, son ellas las que han de poner en marcha sus propias iniciativas para mitigar el cambio climático.
Cantabria no es ajena a ese planteamiento. Ya en 2008 el entonces Gobierno PRC-PSOE impulsó una Primera Estrategia de Acción contra el Cambio Climático hasta 2012 con nueve ejes de actuación en los que se encuadraban 184 acciones concretas. Aquel documento no llegó a pasar de la mera declaración de intenciones. “Se hizo demasiado ambicioso e ingenuo, poco práctico. Era una declaración de intenciones, pero eso luego hay que plasmarlo en políticas de ordenación, de transporte público, de eficiencia energética, políticas fiscales, de educación… Y eso no se ha hecho”. A este juicio de alguien que participó muy activamente en la elaboración de aquella estrategia hay que añadirle el hecho de que el momento elegido para impulsar esas políticas no fue el más adecuado. La irrupción de la crisis económica impuso un orden distinto de prioridades entre las que no estaban la preocupación por el cambio climático, más allá del cumplimiento de la limitación de emisiones derivadas del acuerdo de Kioto.
A aquel documento, que apenas tuvo desarrollo, le siguió un vacío de cuatro años tras la llegada del PP al poder en Cantabria. Con el retorno de un nuevo Gobierno de coalición entre socialistas y regionalistas se ha decidido poner en marcha una Segunda Estrategia de Acción contra el Cambio Climático, con una hoja de ruta que llegue hasta 2020 y que, previsiblemente, estará aprobada a finales de este año.
Como anticipo de las consultas que el Gobierno llevará a cabo para elaborarla, y con el telón de fondo de la reunión que estaba teniendo lugar en París, se celebró un debate sobre el cambio climático en la sede del Centro de Investigación del Medio Ambiente. La iniciativa, que partió del Foro Empresarial del Medio Ambiente de CEOE, reunió a representantes de administraciones, empresas, sindicatos y ecologistas, además de técnicos de los institutos Oceanográfico y de Hidráulica Ambiental.
Del debate se extrajeron algunas conclusiones, como la importancia de la planificación territorial en la lucha contra el cambio climático, la necesidad de impulsar la eficiencia energética y el desarrollo de las energías renovables, así como la obligatoriedad de tomar medidas para adaptarse a las consecuencias ya inevitables que va a tener en la región el cambio climático ya en marcha.

Una región con condiciones favorables

Cantabria es una región que por sus condiciones naturales y su nivel de desarrollo parte de un escenario muy favorable en la lucha contra el cambio climático. Para empezar, no es un gran emisor de gases de efecto invernadero, porque ni tiene grandes urbes, ni un parque móvil de grandes dimensiones, ni grandes concentraciones industriales. Sin embargo, es una región vulnerable y con un creciente nivel de emisiones. Los 4,5 millones de toneladas de CO2 que emitía en 1990 prácticamente se habían duplicado en 2012, cuando alcanzó los 8 millones.
De las emisiones de gases de efecto invernadero que se producen en la región la mitad corresponden a las industrias y la otra mitad proceden del transporte, de la climatización de hogares y centros de trabajo y de los sectores económicos no industriales.
Dentro de la industria hay un grupo de empresas que por su actividad (química, siderurgia, cerámica, cementera, etc.) están directamente afectadas por la regulación de emisión de gases de efecto invernadero, con límites de emisiones fijados por el Plan nacional de asignación de derechos. Tanto si necesitan superar ese límite como si no lo alcanzan pueden recurrir a un mercado de derechos de emisión, una bolsa donde las empresas afectadas compran y vendan sus derechos. En definitiva es un sector estrechamente controlado y vigilado conforme a la normativa de la Unión Europea, la más exigente del mundo, con mucha diferencia.
Las otras industrias, las que no están obligadas a inscribirse en un registro ni a declarar los gases que emiten, también están sometidas a controles de la Administración para medir sus emisiones. Además, como empresas, están interesadas en reducir sus costes, mejorando su eficiencia energética. De ahí que el sector industrial en Cantabria no genere demasiada inquietud entre los ambientalistas.
Donde sí hay un mayor margen para actuar en la lucha contra el cambio climático, es en el otro 50% de las emisiones de gases de efecto invernadero, las que proceden del transporte, de las calefacciones domésticas, de las explotaciones ganaderas o de las actividades económicas no industriales.
Es aquí donde los expertos ponen el foco, convencidos de la importancia que han de tener las políticas de ordenación del territorio y de transporte público. En el caso de Cantabria apostarán por dar un impulso al ferrocarril de cercanías, al entender que su modernización, con una doble vía y el recorte de tiempos de viaje, atraería a una clientela mucho mayor y contribuiría a la disminución del tráfico por carretera en los dos grandes ejes regionales, Cabezón-Santoña y Santander-Los Corrales, y en el área de la Bahía santanderina, donde habita la mitad de la población de Cantabria.

Control de calidad del aire

No obstante, la concentración de dióxidos de nitrógeno como consecuencia del tráfico sólo es relevante en Cantabria en supuestos muy extremos y siempre con niveles muy inferiores a los de alarma. Sirva de ejemplo lo ocurrido en el pasado puente de la Constitución, cuando la afluencia de vehículos en hora punta en la Avenida de Parayas, unido a una situación meteorológica anormalmente seca y sin viento dio lugar a una subida de la concentración de dióxido de nitrogeno registrada en la estación CIMA que llamó la atención por lo inusual. Sin embargo, el pico no supuso más que una subida desde los 80 o 90 microgramos por metro cúbico de aire que aparecen en la lectura habitual hasta los 120 microgramos durante 15 minutos, muy lejos de los 400 microgramos mantenidos al menos durante dos horas que desencaderían una situación de alerta. Es decir, que en el escenario más crítico las cifras se mantienen a gran distancia de las consideradas peligrosas.
También ha ocurrido así en Madrid cuando en las pasadas semanas se ha restringido el uso del automóvil en el centro de la ciudad para tratar de reducir los altos niveles de contaminación alcanzados. En ese caso la cifra máxima de dióxido de nitrógeno registrada se situó entre 200 y 250 microgramos por metro cúbico, poco más de la mitad de los 400 que marcan el umbral de alarma. Se actuó preventivamente, pero con un margen de seguridad bastante holgado.
Los gases de efecto invernadero que no afectan directamente a la salud son el vapor de agua y el dió́xido de carbono (CO2) o anhídrido carbó́nico (en realidad los gases que má́s contribuyen al efecto invernadero), ademá́s del metano (CH4) y los clorofluorocarbonos (CFC).
Hay otros gases de efecto invernadero que sí pueden resultar muy nocivos para la salud, por lo que en en Cantabria se realiza un seguimiento permanente desde la Red de Control de la Calidad del Aire que gestiona el CIMA, con una medició́n constante de los parámetros de emisió́n. Son el monóxido y el dióxido de nitró́geno, producidos por la combustió́n de carburantes (vehículos a motor y procesos industriales), asociados a las altas densidades de tráfico, y el ozono troposférico (O3), originado por el tráfico, el uso de combustibles fósiles y la fabricación de disolventes orgánicos. Curiosamente, las áreas más afectadas por este último gas no están en las ciudades sino en Campoo y en las zonas altas del interior, durante las épocas de primavera y verano.

Cantabria como sumidero de CO2

Además de actuar sobre las emisiones de gases de efecto invernadero, cabe otro enfoque para controlar el cambio climático, la captura de CO2 ya emitido mediante cubiertas vegetales, lo que evitaría su concentración en la atmósfera. Y Cantabria reúne unas excelentes condiciones para ello, habida cuenta del carácter forestal de gran parte de su territorio. La región cuenta con 363.793 hectáreas de superficie arbórea potencial, de las cuales un tercio están deforestadas. Si ese gran sumidero de carbono que es el bosque de hoja plana, que se da en Cantabria de forma natural, recuperase el suelo desaprovechado se absorbería el CO2 suficiente como para neutralizar una vez y media todas las emisiones que produce la región.
La utilización de energías renovables y la reforestación completarían el círculo virtuoso para combatir eficazmente la amenaza climática. “Además de ese cambio energético” –señala convencido el director del CIMA, Jesús García– “convertir Cantabria en un gran sumidero de carbono sería otro gran pilar de una economía productiva más verde”.
Mientras se ponen en marcha esas estrategias, los expertos instan a preparar políticas de prevención y adaptación frente a lo que ya parece imparable. Así, el Instituto Español de Oceanografía habla de actuaciones encaminadas a la protección costera, con el mantenimiento de las marismas aún existentes y la creación de nuevas áreas marinas protegidas. “Lo que deberíamos hacer con especial intensidad en Cantabria –señala Martín Silván, coordinador del Foro Empresarial del Medio Ambiente– es pensar cómo nos va a afectar el cambio climático; preverlo para que las decisiones sean coherentes con lo que sabemos que va a suceder dentro de 30 o 40 años, haga Cantabria lo que haga”. Porque, a estas alturas va a ser muy difícil revertir el daño que ya se ha hecho al clima del planeta, a pesar del compromiso asumido en la cumbre de París.