Los inspectores de Hacienda se suman al conflicto sindical en la Agencia Tributaria por incumplir compromisos

Piden un nuevo estatuto, la actualización de la carrera horizontal, acuerdo sobre teletrabajo y llegar a 30.000 efectivos hasta 2028

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) se ha adherido al conflicto declarado el día 13 de septiembre en la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) por SIAT, UGT y CCOO ante los incumplimientos de los compromisos adquiridos por parte de la dirección del organismo en lo relativo al desarrollo de la carrera profesional y administrativa de sus trabajadores, «que está poniendo en peligro la consecución de los objetivos asignados en la lucha contra el fraude fiscal y aduanero».

Con la adhesión del colectivo de Inspectores de Hacienda del Estado, sumada a la de otras organizaciones de menor implantación en la AEAT (CSIF y CIG), el apoyo al conflicto supera el 80% de representatividad de la Mesa General de Negociación de la Agencia Tributaria, según indica este colectivo.

Además, el conflicto es respaldado por la mayoría de trabajadores de la AEAT, que han mostrado su apoyo con más de 15.000 firmas de adhesión recogidas durante la primera semana del mes de octubre.

Entre las reivindicaciones se pide la aprobación de una Disposición Adicional en la nueva Ley de Función Pública que incluya el nuevo Estatuto de la AEAT, la actualización y desarrollo de la carrera horizontal, la negociación de un acuerdo propio de teletrabajo para los empleados públicos de la AEAT o una Oferta de Empleo Público plurianual, garantizando alcanzar 30.000 efectivos en el periodo 2023-28.

Esta adhesión de los inspectores de Hacienda del Estado al conflicto declarado por SIAT, UGT y CCOO, primera vez que se produce desde la creación de la AEAT en el año 1992, se ha reforzado con la firma de un Pacto Social por el Futuro de la Administración Tributaria y Aduanera (IHE, SIAT, UGT y CCOO), que representa una hoja de ruta para la modernización de la Administración Tributaria y Aduanera del país, esencial para alcanzar los objetivos asignados en la lucha contra el fraude fiscal.