El retraso de los vertederos industriales

La instalación de vertederos donde depositar tanto los escombros y tierras procedentes de la construcción o de la obra pública, como los destinados a residuos de procesos industriales y que requieren un tratamiento inertizador previo, sigue siendo una asignatura pendiente del Gobierno cántabro, al que las empresas se han dirigido reiteradamente pidiendo soluciones.
El plan inicial de construir una red de depósitos distribuidos por toda la región ha fracasado al topar, en muchos casos, con la resistencia de los ayuntamientos que no quieren asumir el posible coste político, hasta el punto de que tan sólo ha sido posible habilitar dos: el de El Mazo, que la Administración está planeando ampliar y en el que se pueden depositar residuos industriales previamente estabilizados, y otro vertedero para inertes en Pico Carrasco, situado en Carasa (Voto), donde los rellenos con escombros permitirán la recuperación ambiental de una antigua explotación de dolomías. Un segundo depósito de inertes situado en Montehano –ayuntamiento de Escalante–, donde se han efectuado ya los cerramientos e, incluso, se ha instalado una báscula, se encuentra paralizado a la espera de que se resuelva el contencioso que enfrenta a los antiguos propietarios de los terrenos con el Ministerio de Industria por la paralización de la explotación de la cantera.

Una iniciativa privada

Tras el abandono del proyecto para construir en Requejo (Campoo) un depósito de residuos industriales, las perspectivas para resolver desde la Administración el problema de los vertidos industriales son muy oscuras. La Consejería de Medio Ambiente ha preferido no enfrentarse a los conflictos sociales que genera, inevitablemente, la elección de un emplazamiento y parece renunciar a cualquier actuación en este terreno. Eso no elude el problema que tienen las empresas para deshacerse de sus residuos y ya se han presentado varias iniciativas privadas dispuestas a resolver y rentabilizar esta necesidad industrial, ya que Cantabria es la única comunidad que no cuenta con vertederos donde tratar y depositar los residuos peligrosos.
Cespa Conten, una filial del grupo catalán Agbar especializada en la gestión de toda clase de residuos, limpieza industrial y descontaminación de suelos, ha elaborado un proyecto para construir un depósito de residuos industriales en Udías. El lugar elegido es el conocido como Bercamunio, en La Hayuela, al que se accede por una pista forestal desde la carretera comarcal S-484 que une las localidades de Cabezón de la Sal y Comillas a través del Monte Corona.
En el proyecto de Cespa Conten se contempla la construcción de unas instalaciones que contarían con un vertedero de residuos peligrosos no especiales e inertizados, un depósito de seguridad y una planta de recogida y tratamiento de lixiviados. La instalación estaría visualmente protegida por los eucaliptos que ya existen en el terreno elegido, que tiene una extensión de 700 hectáreas, y contaría con un laboratorio para el análisis de muestras y un aula medioambiental destinada a cursos de formación sobre el manejo de los residuos peligrosos. En el proyecto no se especifican las dimensiones del depósito de residuos industriales ni las del depósito de seguridad al que se verterían los residuos previamente tratados en la planta de estabilización, formada por varios silos en los que se almacenarían los reactivos a emplear en el proceso y una estabilizadora.
El Grupo Cespa es propietario de nueve depósitos controlados de residuos distribuidos por todo el territorio nacional y explota en régimen de concesión otros 14 más. En la actualidad está construyendo un nuevo vertedero en la localidad vizcaína de Zalla.
Aunque la Administración regional dice desconocer la existencia de este proyecto, desde la Consejería de Medio Ambiente se hace hincapié en la necesidad que existe en Cantabria de habilitar vertederos capaces de acoger los residuos que generan las industrias de la región, y se afirma que proyectos como el de Cespa Conten serían bienvenidos siempre que superen todos los controles medioambientales.

Un proyecto contestado

No opinan lo mismo los opositores a este tipo de instalaciones, para quienes lo deseable sería utilizar tecnologías blandas y aplicar programas de reconversión ecológica que permitan suprimir o neutralizar en origen las sustancias o transformaciones físico-químicas nocivas para el medio ambiente.
En el caso concreto del proyecto para instalar un vertedero de residuos peligrosos en Udías, Izquierda Democrática de Cantabria (IDCAN), cuya agrupación de Cabezón de la Sal se ha mostrado especialmente activa en la oposición al proyecto, advierte que el lugar elegido no reúne las condiciones geológicas –es un terreno inestable y con fuerte pendiente– e hidrológicas adecuadas, por la existencia de acuíferos. Además, sostiene que el vertedero incumpliría la Directiva Comunitaria de Vertederos de 26 de abril de 1999, que exige una distancia mínima de dos kilómetros respecto a los núcleos de población más cercanos, ya que tanto el barrio de La Venta como La Hayuela se encuentran a distancias bastante inferiores. También critican el hecho de que los límites del Parque Natural de Oyambre se encuentran a menos de 500 metros de la ubicación proyectada.
Estas circunstancias son difíciles de soslayar, cualquiera que sea el emplazamiento que se elija, en una población tan diseminada como la de Cantabria y las presiones populares ya han hecho fracasar otros proyectos anteriores relativamente próximos, como el que pretendía aprovechar una antigua explotación minera en Mercadal.
El malestar vecinal demostrado ya en varios lugares ha conducido a una progresiva inhibición de la Administración y al hecho de que nadie sepa con absoluta certeza a dónde van a parar buena parte de los residuos industriales de Cantabria, lo que resulta bastante más preocupante que los propios vertederos.