Inventario
Empresas sin control
Hacienda pretende endurecer el control sobre las empresas públicas de las autonomías, que en los últimos años han servido como alfombra para esconder debajo todo aquello que afease nuestro aseado déficit cero. No está demás empezar a poner en claro todo lo que hasta ahora se había puesto en oscuro, pero no será sencillo. La razón más evidente es que se ha montado una enorme trama de empresas públicas (hay miles en todo el país) de las que no se sabe casi nada y que han estado acostumbradas a disparar con la pólvora del rey. Baste como ejemplo nuestra Empresa de Residuos de Cantabria, creada para evitar las pérdidas que produce el servicio de basuras entre el precio que paga el contribuyente y el coste real del servicio, y que en lugar de enjugarlas, las duplicó.
Lo único que sabemos es que la deuda oficial de las autonomías equivale al 6% del PIB nacional, aunque en algunas comunidades, como la valenciana, superan el 10% del PIB regional. En Cantabria, afortunadamente, la deuda oficial es de unos comedidos 45.000 millones de pesetas, aunque el día que sepamos la que se ha desviado hacia estas empresas habrá que hacer una sensible corrección al alza.
El problema principal no es que se haya creado una administración paralela de empresas y organismos públicos para enmascarar esta deuda (en algunos, como en RTVE se acumulan ya 1,1 billones de pesetas), sino las implicaciones que se derivan de esta política. Con ella se ha “logrado” derivar fuera de la ley de contratos del estado casi toda la inversión pública y, de esta forma, reducir sustancialmente las posibilidades de control del gasto. En las cuentas de las empresas públicas cántabras no sólo no ha podido entrar el Parlamento, ni el Tribunal de Cuentas. Tampoco entraron los auditores. Ha habido algunas, como la turbulenta Empresa de Residuos donde ni siquiera se presentaban las cuentas anuales en el Registro Mercantil.
Este insólito desparpajo en el manejo del dinero público, tanto para contratar sin las cautelas exigidas por la Ley de Contratos, como para endeudarse, no ha sido preceptivo de las autonomías. Es una política que ha abanderado el propio Gobierno. Las inversiones más importantes que está haciendo el país en estos momentos, los trenes de alta velocidad y el Plan Hidrológico, se han dejado en manos de empresas u organismos gestores creados al efecto. José Luis Gil, el ex consejero de Medio Ambiente de Cantabria, ahora gestionará al frente de Trasagua todas las obras del Plan Hidrológico, es decir, que tendrá en sus manos la adjudicación de contratos por importe superior al billón de pesetas.
El mismo Ministerio de Medio Ambiente no ha dudado en crear en cada Confederación Hidrográfica una empresa gestora de las obras, que en el Norte preside otro ex consejero cántabro del PP, Rafael Gutiérrez, con la que también puede sacar del derecho administrativo todas las contrataciones.
Puede que el derecho administrativo sea incómodo, pero es cauto y ofrece transparencia. Y es el único que garantiza a los contribuyentes que su dinero se gasta bien. Si tan inadecuado resulta para gestionar, lo mejor es que el partido en el Gobierno proponga su desaparición. Lo que no es posible es que hayamos vaciado la Administración pública de contenidos gestores, que se hayan creado docenas de empresas con este fin, que gaste sin ningún control y, que a pesar de todo, tengamos más funcionarios que nunca, casi 2,7 millones. Pero entonces ¿qué hacen?
Los votos tienen precio
El Partido Popular y Coalición Canarias acaban de firmar un acuerdo por el cual el partido isleño se compromete a votar los presupuestos generales del Estado para 2004, a cambio de que el Gobierno añada una partida adicional de 100 millones de euros para Canarias.
El pacto se ha alcanzado a plena luz del día y entre los firmantes hay un ministro, Cristóbal Montoro, y el secretario general del PP, Mariano Rajoy, de donde se deduce que nadie cree tener nada de qué avergonzarse por la transacción. Si alguien quiere votos, que ponga dinero. Y como el dinero del que hablamos es público, pues no hay ningún problema, a excepción de que habrá que quitárselo a otro, en este caso, al resto de la comunidades autonómicas.
Coalición Canaria lleva varios años vendiendo los votos a parecido precio, y lo cierto es que le ha dado un óptimo resultado político. Ha sido bueno para las islas, como es obvio, y ha sido mejor para su partido, que se ha consolidado en una posición imbatible.
Para el PP es igual de bueno. La cuantía no compromete el espíritu de sus cuentas estatales, le sitúa ante el electorado canario como un partido muy comprensivo de su realidad insular y le evitará tener que aprobar los presupuestos nacionales en solitario, algo que no da buena imagen.
¿Y para las restantes autonomías? Pues ya lo saben. O ponen sus votos en el mercado, o no hay suplemento, y lo que es peor, tendrán que pagar la factura de los que voten a favor.
Esta política de recolección de votos al peso o de lobby se hace en Estados Unidos, pero de una forma más discreta. Para nuestra forma de entender las cosas, resulta chirriante que alguien, con el dinero público en la mano pueda acabar encontrando en la Cámara mayorías que las urnas no le dieron –no es el caso del PP ahora–, simplemente, regando presupuestariamente a aquellas autonomías o partidos que le entreguen sus votos.
Alguien podía argumentar que el pacto de Revilla con el PP en 1999 era de la misma índole, y no le faltará razón. El PP cántabro necesitaba los votos regionalistas para poder formar gobierno en la región y no dudó en poner en la balanza 100.000 millones de pesetas del dinero público para hacer la Autovía de la Meseta en ocho años. La obra era de justicia, pero el procedimiento no. El Estado tiene que repartir con los ojos cerrados, según las necesidades de cada región y no según su color político, ni siquiera de acuerdo con sus deseos de gobernar unas u otras. Eso sólo puede ser aceptable para la autonomía que en ese momento recibe la dádiva. Para el resto, es un procedimiento tremendamente injusto y dudosamente democrático.
Bridas para las cajas
Es curiosa la esquizofrenia que vive el Gobierno con las cajas de ahorros. Hace algún tiempo que Rato intenta imponer alguna limitación a las cajas para evitar que tomen más participaciones empresariales, porque en estos momentos son el primer empresario industrial del país, con casi 20.000 millones de euros invertidos en el sector, lo que equivale a 3,3 billones de pesetas. Las Cajas hace mucho que adelantaron a los bancos en este terreno y si ejerciesen su poder conjuntamente, controlarían buena parte de las sociedades que cotizan en el Ibex 35, es decir, las mayores del país.
Las cajas han ocupado el terreno de los bancos, que prefirieron obtener la liquidez de sus inversiones industriales y emplearla en su aventura exterior, pero eso genera un problema, del que todos debemos ser conscientes: las empresas quedan en manos de las cajas y, como las cajas están en manos de las autonomías, en lugar de avanzar en la liberalización, cada vez más espacio de la economía queda bajo el control político.
Cabe entender, entonces, la preocupación de Rato. Pero lo que resulta contradictorio es que, al mismo tiempo, todos los gobiernos regionales que controla el PP –como los que controla el PSOE, en esto no hay diferencias– sean tan proclives a utilizar las cajas para resolver sus problemas económicos e, incluso, sus proyectos políticos. Basta ver lo que ha ocurrido con los parques temáticos. Los respectivos gobiernos autonómicos pusieron mucho empeño en implicar a sus cajas regionales en unos negocios que debían servir para promocionar turísticamente sus regiones, pero también para su propia gloria personal. La Caixa empujó el complejo de ocio Port Aventura; más tarde Caja San Fernando, Unicaja y El Monte intentaron aprovechar los restos de la Expo 92 para Isla Mágica. Zaplana se empleó muy a fondo para que Bancaja y la Caja del Mediterráneo secundasen el proyecto Terra Mítica en su pueblo, y Gallardón para que su caja hiciese lo propio con el Parque Warner de Madrid. Desde entonces, todos estos parques no han hecho más que perder dinero (Port Aventura ha sido la única excepción, con dos ejercicios en positivo), y han sido las cajas, una y otra vez, las que han tenido que aportar recursos para evitar la caída de todo el entramado, que hubiese dejado en muy mal lugar a los mentores políticos.
Terra Mítica ha perdido ya 120,3 millones de euros, y frente a los 3 millones de visitantes previstos se conforma con alcanzar 1,4. Port Aventura tiene 3,5 millones de clientes al año, pero eso tampoco ha impedido que sus cuentas se tiñan de rojo. Isla Mágica está al borde de la quiebra y el parque madrileño de Warner ha perdido 10,9 millones de euros en su primer ejercicio.
Es verdad que los parques mueven turismo y producen otras sinergias, pero no se puede condenar a las cajas a sostener los negocios que no son rentables sólo para generar otros efectos sociales, porque antes o después acabarán teniendo muchos problemas.
En Cantabria, la caja local se vio forzada por el Gobierno a entrar en Sniace con un crédito participativo; en el Racing cuando nadie compraba las acciones, a financiar Los Lobos… y tantas otras actuaciones que dejaron a la entidad en una situación complicada.
La teoría camina, como se ve, a miles de kilómetros de la práctica. Lo curioso es que el toque de atención de Rato se produzca ahora que las Cajas están entrando en las empresas más fuertes y solventes del país, las inversiones más asépticas, porque está claro que sólo buscan plusvalías. Quizá no hubiese estado de más hacerlo cuando han sido utilizadas como un mero instrumento político, en operaciones que ninguna entidad financiera hubiese realizado de otra forma.
