Montero espera iniciar en febrero la negociación de la reforma del sistema de financiación autonómica

La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha afirmado este miércoles que si la evolución de la pandemia sigue siendo «positiva» se estará «en condiciones» de iniciar la negociación «a fondo» de la reforma del modelo de financiación autonómica.

Así lo ha adelantado durante su intervención en el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021 cuando estaba respondiendo al diputado de Compromís, Joan Baldoví, respecto a las inversiones y los compromisos relativos a la financiación de la Comunidad Valenciana.

Montero ha asegurado que el Gobierno seguirá trabajando para que los compromisos reflejados en el acuerdo de investidura tengan las «cuantías suficientes» que permitan acometerlos y ha explicado que la pandemia ha «imposibilitado» el cumplimiento del plazo previsto para la financiación autonómica.

«Con la propuesta encima de la mesa, creo que a partir del próximo mes de febrero, si la situación de la pandemia sigue evolucionando de forma positiva, estaremos en condiciones de empezar las primeras discusiones a fondo a propósito del modelo de financiación», ha asegurado.

En su intervención, Montero se ha referido a la Comunidad Valenciana, Murcia o Andalucía como algunas de las regiones menos favorecidas por el sistema de financiación autonómico actual.

De esta forma, Montero ha fijado una fecha para el inicio de la negociación de la reforma del modelo de financiación autonómica, para el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había fijado en su debate de investidura en enero un plazo de ocho meses, que se cumplió el pasado mes de septiembre.

En el acuerdo programático del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos de diciembre de 2019 se recogía el compromiso de desarrollar la previsión de las reglas y principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo «con participación de los territorios, con el objetivo final de aprobar un nuevo sistema de*financiación de las comunidades autónomas que resuelva las carencias, asimetrías y ambigüedades del sistema actual».

El objetivo, señalaba el documento es «implantar un sistema que permita, de un lado, garantizar la lealtad y solidaridad entre territorios y la igualdad de todos los españoles y españolas; de otro, asegurar la justa distribución de los recursos públicos y la capacidad de las comunidades autónomas para proveer los servicios y prestaciones sociales que son de su competencia».