Montero espera que Bruselas recomiende una senda fiscal que «no ahogue» y flexibilizará la regla de gasto
El Gobierno prevé excluir del cómputo de la regla de gasto de los ayuntamientos el gasto social
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado este martes que espera que la Comisión Europea recomiende en los próximos días una senda de estabilidad «razonable» que «no ahogue» la economía de los países, se ha mostrado «convencida» de que podrá pactar con el PNV las directrices generales de los Presupuestos de 2021 y ha avanzado que trabajará en flexibilizar la regla de gasto para que no compute en la de las entidades locales el gasto social ligado a la pandemia.
Así lo ha señalado durante su intervención en el Pleno del Senado en respuesta a una interpelación de la senadora del PNV María Dolores Etxano sobre los Presupuestos Generales del Estado adaptados a las nuevas previsiones derivadas de la crisis ocasionada por el Covid-19 En la que ha indicado que la crisis sanitaria ha supuesto un «vuelco absoluto» a las previsiones económicas, con un impacto de más de 138.000 millones por las medidas implementadas para paliar sus efectos, más otros 16.000 millones del fondo dirigido a las CC.AA.
Montero ha indicado que la previsión del Gobierno apunta a un aumento «necesario para que nadie se quede atrás» de casi 10 puntos porcentuales del gasto público este año, hasta el 51,5% del PIB, en tanto que los ingresos caerán un 5,5%, con 25.700 millones menos, a pesar de que en el primer trimestre se incrementaban un 8,3%.
Este escenario derivado de la crisis «impide presentar unos PGE para 2020, por lo que Montero ha reiterado su intención de presentar «en tiempo y en forma» unas nuevas cuentas públicas directamente para 2021, con una nueva senda de estabilidad al haber quedado «desfasada» la aprobada por el Parlamento en marzo.
El Gobierno prevé una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que prevé un déficit del 10,34% del PIB este año, hasta 115.671 millones de euros, y una deuda pública del 115,5% del PIB.
Ante la prórroga presupuestaria y el nuevo escenario del Covid, ha dicho que el Gobierno está monitorizando todas las partidas presupuestarias con el objetivo de «priorizar el gasto y garantizar el normal funcionamiento de los servicios».
El Gobierno prevé una caída del PIB del 9,2% este año y un repunte del 6,8% en 2021, con una tasa de paro del 19% y el 17,2% en cada caso, al tiempo que prevé un déficit del 10,34% del PIB este año y una deuda pública del 115,5% del PIB.
En todo caso, ha hablado de «datos para la esperanza» en la propuesta de Francia y Alemania de un fondo de 500.000 millones vía transferencias y los «avances» del Eurogrupo respecto al mecanismo de reaseguramiento del desempleo (SURE), que permitirá contar con un mayor volumen de recursos, esperando que sea vía transferencias.
Esta medida será objeto de análisis por parte de la Comisión Europea en los próximos días, ha recordado Montero, quien espera que una recomendación «razonable» de Bruselas respecto a la senda de estabilidad para los próximos años y que no prevalezca una respuesta de «austeridad a ultranza» como en la pasada crisis para «no ahogar» la economía de los países.
A la senadora del PNV le ha agradecido la «mano tendida» de su formación para alcanzar acuerdos y se ha mostrado «convencida» de que podrán consensuar objetivos concretos respecto a la comunidad vasca, a las medidas del Pacto de Reconstrucción y sobre los «ejes prioritarios» para los PGE de 2021.
«Su formación política siempre está dispuesta al acuerdo y al diálogo, debería ser la tónica habitual, pero es una excepcionalidad y en eso ustedes son unos maestros», ha ensalzado.
FLEXIBILIDAD DE LA REGLA DE GASTO
En todo caso, ha indicado que la situación del País Vasco es «distinta» a la de las CCAA del régimen común, para las que se han actualizado las entregas a cuenta con una previsión de crecimiento del 1,6% «absolutamente alejada de la realidad», más un fondo de 16.000 millones para gasto sanitario, social y para compensar la caída de ingresos.
Asimismo, ha avanzado que el Ejecutivo seguirá hablando con los gobiernos vasco y navarro para ver de qué manera se establece la especificidad del régimen foral, aunque ya avanzaron su intención de poder participar de partidas de gasto.
Aunque comparte con Etxano la necesidad de una adaptación a cada administración para que puedan ejercer «el máximo de sus competencias» para atender a las familias necesitadas, ha indicado que es necesaria la coordinación.
En este sentido, ha adelantado que se está acordando y se seguirá haciendo en los próximos meses la exclusión del cómputo de la regla de gasto de las entidades locales de aquellas materias «sensibles y prioritarias en el aspecto social», algo que se está abordando en relación al ingreso mínimo vital y se hizo con la transferencia de 300 millones para emplear el superávit.
Aunque comparte con Etxano la necesidad de una adaptación a cada administración para que puedan ejercer «el máximo de sus competencias» para atender a las familias necesitadas, ha indicado que es necesaria la coordinación.
En este punto, ha adelantado que se está acordando y se seguirá haciendo en los próximos meses la exclusión del cómputo de la regla de gasto de las entidades locales de aquellas materias «sensibles y prioritarias en el aspecto social», algo que se está abordando en relación al ingreso mínimo vital y se hizo con la transferencia de 300 millones para emplear el superávit.
La ministra, que espera recibir una respuesta de la FEMP para su discusión, ha indicado también que hay que en un contexto de caída de la capacidad recaudatoria de los ayuntamientos respecto al mantenimiento del servicio de transporte, se está evaluando para ver cómo compensar por los efectos de recursos de los ayuntamientos en materia de superávit.
«Los ayuntamientos tendrán protagonismo y la visibilidad para que los ciudadanos puedan salir de la pandemia en las mejores condiciones», ha añadido.
Por su parte, Etxano (PNV) ha remarcado que no se pueden retrasar en los PGE de 2021 las inversiones para un Pacto Verde Europeo o digitalización y ha pedido herramientas de flexibilización de disciplina presupuestaria con «más margen de déficit y de deuda», así como recibir fondos extraordinarios no reembolsables de Europa y que la flexibilidad otorgada por Bruselas llegue a CCAA y ayuntamientos.
Source: Europapress