Inventario

La recaudación de las empresas se tambalea

Casi todo el mundo habrá guardado un sabor agridulce de 2002. No fue un año magnífico, pero no podemos quejarnos demasiado. Los hemos conocido mucho peores, al menos en Cantabria. Pero, como en cualquier estadística, el promedio puede resultar muy engañoso. Por ejemplo, para Hacienda va a ser un auténtico desastre, lo que nadie podía imaginar, ni siquiera el propio ministro Montoro.
Nadie podía suponer que Telefónica reconociese unas pérdidas de 14.600 millones de euros (2,43 billones de pesetas) que no sólo le evitarán pagar el Impuesto de Sociedades este año, sino que convierten a Hacienda en la principal deudora de la compañía, por un importe de 3.228 millones de euros (537.000 millones de pesetas, más del doble del presupuesto anual de Cantabria). Esta cantidad la irá deduciendo la compañía cuando obtenga beneficios, lo que indica que no tendrá que pagar en muchos años.
Como consecuencia del resultado del grupo Telefónica, añadido a que en el resto de las compañías los beneficios se estancaron o disminuyeron ligeramente ha provocado que el saldo global de las empresas más poderosas de España, agrupadas en el IBEX, haya pasado de unos beneficios brutos de 22.069 millones de euros en el 2001 (3,6 billones de pesetas) a unas pérdidas de 6.175 (algo más de un billón de pesetas).
En realidad, Hacienda no se resentirá de inmediato de este batacazo en su recaudación a las grandes empresas, sino en los años próximos, cuando el grupo Telefónica comience a hacer uso de su crédito fiscal. Para este ejercicio simplemente le va a afectar –que no es poco– el que la empresa de comunicaciones no ingrese nada. Tampoco va a notar ahora los efectos de las notables rebajas fiscales que para todas las compañías ha supuesto el nuevo tratamiento de las plusvalías surgidas al vender activos, donde el tipo fiscal ha bajado del 35% al 15%, y de las deducciones por inversiones productivas, que ya pueden aflorarse aunque no se hayan aplicado.
Tenemos un ejemplo muy próximo de su efecto práctico: Endesa obtuvo con la venta de Viesgo 1.788 millones de euros, con una plusvalía de 1.066 millones de euros. La operación tardó en formalizarse casi un año para, de esa manera, poder acceder a las nuevas condiciones fiscales. Con las anteriores, hubiese tenido que pagar a Hacienda 373 millones de euros. Con las nuevas, sólo pagó 192 (unos 30.000 millones de pesetas menos). Pero eso sí, Montoro se ha cuidado muy mucho de que el problema no le afecte. Antes, el pago se hacía fraccionado en diez años, ahora es obligatorio realizarlo en una sola vez. De esta manera, paradójicamente, habrá descendido sustancialmente la carga fiscal, pero el Ministerio de Hacienda va a ingresar más por el ejercicio 2002 al anticipar el impuesto. La factura llegará a partir del 2004.

El código del buen comercio

La entrada en la cárcel de los Albertos ha puesto de relieve la facilidad con que se pasa de la gloria al abismo en España. Cualquier prohombre de ayer, puesto de modelo para nuestros universitarios, puede ser carne de presidio mañana. Todo depende de una mínima, esquiva y a veces contradictoria decisión judicial. ¿Quién pudo imaginar en 1990 que Conde pasaría por la cárcel, o que lo haría Jesús Gil –capaz de mantener la admiración y el cariño de aquellos a quien ha saqueado–, o el todopoderoso Javier de la Rosa, de cuyas manos brotaban inacabables los petrodólares kuwaitíes, excepto los muchos que se le quedaban pegados? ¿Quién intuyó que otros, como el expresidente de Carburos Metálicos, Rafael Pérez Escolar, o Puigneró, un mito del sector textil, también conocerían el otro lado de las rejas?
Los Albertos no sólo se sobrepusieron a aquella época del pelotazo, sino que llegaron a la siguiente, la de las stocks options, pero arrastraban algunas manchas en las gabardinas del pasado, de las cuales nadie quiso acordarse hasta que ahora ha fallado el Tribunal Supremo, que ha condenado a ambos por algo ya sabido y notorio, que estafaron a sus socios en la venta de los solares donde hoy se asientan las Torres Kio de Madrid.
En la última instancia judicial habían salido del apuro gracias a que el tribunal decidió que la demanda presentada por los afectados había sido tardía y el delito había prescrito, pero dejó perfectamente claro que, haberlo, lo hubo. Y aquí viene lo más difícil de entender. ¿Cómo es posible que el Banco de España haya admitido durante estos años como copresidentes del Banco Zaragozano a dos personas sobre las cuales los tribunales habían dictaminado que habían cometido una estafa milmillonaria en sus negocios particulares, aunque no fueran condenados entonces por suponerse prescrita? ¿No habla el Código de Comercio de la honorabilidad del comerciante, que debe comportarse “como un honesto padre de familia”? !Qué menos se le puede pedir a unos banqueros, que además del suyo manejan el dinero de muchos otros!
En una época donde se hace tanto hincapié en la transparencia y en las buenas prácticas, parece insólito que las propias autoridades monetarias contribuyan tan poco a dar verosimilitud a tan encomiables propósitos. Quizá no sea tan insólito si se añaden los esfuerzos que ha hecho el Ministerio Fiscal y la CNMV para evitar que Alierta sea inculpado por el magnífico negocio que hicieron varios de sus familiares gracias a su intuición al comprar acciones de Tabacalera (la compañía que por entonces presidía) justo antes de una operación que disparó su valor, o la extraña condescendencia de la CNMV con Gescartera. ¿De que nos sirven las instituciones de control si en lugar de ir por delante de los tribunales van por detrás?

Las grandes empresas, de retirada

Hace solo tres años, el endeudamiento de las grandes empresas españolas se contemplaba como una demostración de su pujanza y agresividad en las compras internacionales. Compañías como Telefónica, Endesa o Repsol que provenían del sector público perfectamente saneadas parecían haber descubierto la máquina de hacer dinero y cuanto más gastaban, más se revalorizaban. Daba la impresión de que los gestores precedentes no habían sido capaces de poner en valor su enorme potencial interno, por su espíritu timorato a la hora de endeudarse y hacer adquisiciones. Pero la ecuación gasto-revalorización se quebró con la llegada del siglo XXI y los nuevos gestores se vieron obligados a recordar que en la economía tradicional, la de toda la vida, estar muy endeudado es un problema.
Lo que ha ocurrido en los últimos meses es la constatación del grado de atasco en que se encuentran estas grandes empresas que, no lo olvidemos, articulan la economía española. Repsol ha tenido que desprenderse de todo lo vendible, incluida una parte de Gas Natural, con lo que ha desbaratado su estrategia de control del sector gasístico y ahora tendrá serias dificultades para hacer frente a la ampliación de capital prevista si triunfa la opa de esta compañía sobre Iberdrola.
Endesa, que acumula una deuda de cuatro billones de pesetas, tuvo que vender Viesgo, y ahora acaba de deshacerse de su participación en Repsol, a pesar de que no le reporta plusvalías y apenas le servirá para hacer caja (menos de 100.000 millones de pesetas) lo que sólo puede entenderse por una necesidad imperiosa de conseguir liquidez, agotada su capacidad de acudir a los bancos. Mucho más si se tiene en cuenta que tenía otras ventas previstas, las de sus participaciones en Red Eléctrica y en Aguas de Barcelona.
Los avatares de Telefónica son bien conocidos, hasta el punto que parte de sus compras y los precios pagados por ellas se están viendo en los tribunales.
Como los periódicos españoles de los años 40 enmascaraban los retrocesos del ejército alemán como “un avance hacia la retaguardia”, la retirada de las grandes empresas privatizadas españolas se suele convertir en “afianzamiento estratégico”, pero lo cierto es que sólo reflejan el fracaso de una política de compras de la que nadie parece dispuesto a dar explicaciones, si bien hay que reconocer que tampoco los accionistas las han pedido. Los pocos que las reclamaban en la época de la catástrofe de Terra eran confinados en una sala anexa donde sólo podían ver a su consejo de administración en una gran pantalla.
El problema no es sólo para los accionistas. Las empresas privatizadas son, junto al BBVA (surgido en parte de una privatización) y el SCH, las únicas compañías que pueden articular la economía española y tener carácter de multinacional. Si cualquiera de ellas cayese por su debilidad en manos ajenas a través de una opa, se habría esfumado el sueño español de tener una cierta autonomía dentro del orden económico mundial.