La ONCE no se libra del fantasma de Prodiecu

Cuando imponer la legalidad implica un coste de imagen, los políticos tienden a mirar hacia otro lado. Así ha ocurrido con las emisoras de radio piratas (en Cantabria funcionan casi medio centenar), con las televisiones locales, que siguen sin regularizar, o con las rifas ilegales. Todos los esfuerzos que ha realizado la ONCE para reclamar el cierre de la OID, una empresa nacida en Torrelavega que aprovecha sus sorteos, han sido infructuosos. La OID cada vez es más poderosa, se ha extendido por todo el país y sólo en Cantabria factura con su Boleto del Discapacitado más de 2.000 millones de pesetas al año, según las estimaciones de la ONCE.
El resultado es que la Organización de los Ciegos, que en algún tiempo parecía poderosa, e incluso soberbia, se encuentra hoy con muy serios problemas para sostener las ventas en la región. En el último año han disminuido en 90 millones de pesetas, aproximadamente un 2%. Aunque el porcentaje no es dramático indica que la evolución de su rival en la calles ya no sólo limita la expansión del cupón, sino que come terreno a sus vendedores.

Un problema que se repite

La ONCE no sabe muy bien cómo reaccionar ante este problema, ya que una batalla abierta contra la OID puede crear ante la opinión pública la sensación de que pretende dejar en el absoluto desamparo a otros minusválidos. En realidad es un proceso que ya vivió hace más de una década con Prodiecu, que tenía prácticamente el mismo promotor que la OID, el torrelaveguense Demetrio González Otero.
Entonces, todos los colectivos de minusválidos anhelaban integrarse en una organización como la ONCE, que vivía momentos de gran esplendor económico. Los ciegos defendían que el cupón no tenía posibilidades comerciales para acoger una avalancha semejante de nuevos vendedores, por lo que se pondría en peligro lo conseguido por ellos. El asunto, por las dimensiones sociales y por sus connotaciones emocionales acabó por pasar al terreno de la política, y el Gobierno forzó la integración por decreto de 8.000 personas de Prodiecu en la ONCE. Los ciegos sabían que no resultaba fácil cerrar la puerta de su organización a otros minusválidos pero tampoco resultaba fácil abrirla en un país donde hay dos millones de personas con alguna discapacidad, de los cuales las tres cuartas partes están en disposición de realizar un trabajo.
Para integrar a los colectivos impuestos, la ONCE creó una Fundación destinada a emplear a los nuevos minusválidos en proyectos industriales y sólo un porcentaje pequeño pasó a vender cupones. El resultado de aquella iniciativa nunca fue demasiado brillante. Una muestra de ello han sido sus inversiones en Cantabria; en la fábrica reinosana Columbia Cintas de Impresión acabó por verse obligada a asumir todo el capital tras una severa crisis que ahuyentó al resto de los accionistas, y en Deportes Austral se mantiene al margen de la gestión por discrepancias con el accionista mayoritario.

“Yo también tendría el mismo sentimiento…”

En cualquier caso, los problemas de la ONCE no se acabaron tras la integración de Prodiecu. Su promotor inició algunos años más tarde un nuevo cupón ilegal, como Organización Impulsora de Discapacitados (OID) y se lanzó a la contratación de nuevos minusválidos para ponerlo en marcha. Este cupón paralelo, que como ocurría con el de Prodiecu se vale de los sorteos de la ONCE, ha sido denunciado reiteradamente por la Organización Nacional de los Ciegos, pero la autoridad gubernativa no ha puesto demasiado empeño en perseguirlo y en el terreno judicial los procesos son demasiado largos.
Angel Fuambuena, delegado territorial de la ONCE, asegura que en muchos casos, el vendedor de OID se pone enfrente del suyo para aprovechar su público habitual, y comprende que en unos casos por confusión y en otros por un sentimiento de compasión, el público opte por comprar a unos y otros. “Yo también tendría el mismo sentimiento, pero lo que la gente no sabe es que nosotros, de cada cien pesetas de ingresos repartimos 47,5 en premios, pagamos impuestos y tenemos responsabilidades muy importantes con los minusválidos en centros de atención especial, becas, subvenciones para adaptación de material, rehabilitación, etc. El suyo es un negocio familiar, no paga impuestos y con el margen que les queda después de abonar los premios no tienen más responsabilidad que el pago a los vendedores. Todo lo demás es beneficio para los promotores”. Unos beneficios que Fuambuena calcula espectaculares.
Los estudios que ha realizado la ONCE en Cantabria estiman que la OID, a través de su marca y de otras dos más vinculadas, ONDE (Organización de Minusválidos de España) y Amico (Asociación de Minusválidos La Confianza) reúnen en Cantabria unos 230 vendedores, casi tantos como la propia Organización de Ciegos, que tiene 263. Con esta red comercial, de la que sólo unos pocos son minusválidos, habrían alcanzado unas ventas en el último año de 2.300-2.400 millones de pesetas, según la ONCE, lo que da idea de la dimensión que ha alcanzado el problema.

“Inhibición”

“Hay una total inhibición, y más que inhibición, permisividad”, sostiene Fuambuena. De hecho, los ciegos han intentado sin éxito desde 1993 que la Delegación del Gobierno retirase a los vendedores de OID de las calles o que la Consejería de Presidencia del Gobierno cántabro, que ahora tiene las competencias sobre el juego, actuase. Sólo en una ocasión se produjo una intervención policial significativa, al incautarles los boletos y las planchas de impresión con gran alarde informativo, pero ante la sorpresa de la ONCE, poco después les fueron devueltos.
La situación no es muy distinta en otros puntos de España, donde la OID ha ido creciendo al amparo de esta permisividad, aunque sin llegar a las dimensiones que ha alcanzado en Cantabria, si bien es cierto que también hay provincias donde las autoridades gubernativas han cortado en seco esta rifa ilegal.

Estancamiento del juego

Para los ciegos cántabros, el 2001 no fue un buen año. Entre esta competencia y un claro estancamiento del juego, que obligará a buscar innovaciones más sugestivas, la facturación se quedó en 4.350 millones de pesetas, bastante lejos de los 4.584 previstos.
Para el 2002, la adecuación de los precios al euro ha provocado que en algunos casos hayan bajado los importes y en otros hayan subido. La Organización, aún no puede presumir los resultados, pero lo que sí sabe es que sus gastos subirán un 10% al haber integrado a los vendedores en el Régimen General de la Seguridad Social (hasta ahora era agentes de comercio). Eso ha creado una preocupación añadida ante los efectos de las rifas paralelas con las que, a la vista de la inhibición gubernativa, tendrán que convivir.
Fuambuena es poco optimista sobre una solución del problema a medio plazo y teme que con el tiempo siga creciendo hasta convertirse en un conflicto social imposible de canalizar (“¿Alguien se imagina que algún día pueda llegar a verse por la opinión pública como una especie de guerra de ciegos contra cojos, por ejemplo?, dice). Y es que el fantasma de Prodiecu, que discurrió por estos derroteros, está presente. Y como entonces, existe la conciencia de que una nueva integración no pondría punto final al problema, a la vista de lo fácil que ha sido volver a reproducirlo. “Podemos acabar repartiendo la pobreza”, sentencia.