La reforma de la formación para el empleo paraliza los nuevos cursos

Nadie duda de que el sistema de formación para el empleo era un modelo agotado que, después de más de veinte años, necesitaba una profunda actualización. O que la función de los agentes sociales debería limitarse al diseño y planificación de los cursos, dejando de tomar parte en su ejecución. Pero, tras la reforma de ese modelo, aprobada el pasado mes de marzo por decreto ley, las coincidencias entre patronal, los sindicatos y el Ministerio de Trabajo terminan prácticamente aquí.
Con el telón de fondo de los recientes escándalos por los presuntos fraudes en la gestión de cursos para la formación, el Gobierno central ha impulsado una reforma del sistema de formación que, además de restar poder a los agentes sociales, ha supuesto la paralización de la convocatoria de cursos hasta que se apruebe y se desarrolle por vía reglamentaria la nueva ley. Pero lo que más preocupa a las entidades que imparten esta formación es que el recorte en la financiación anticipada y en los costes indirectos imputables termine por hacer inviable su supervivencia.

La formación, paralizada

La primera de las consecuencias que ha tenido reformar el modelo anterior por la vía de urgencia a través de un Decreto Ley ya se ha hecho notar. Salvo en alguna comunidad, como la riojana, en la que se ha convocado cursos para trabajadores en activo, el resto del país esta paralizado. Las comunidades, entre ellas Cantabria, se están limitando a finalizar los cursos convocados el pasado año. El problema de está suspensión temporal no radica solo en los meses que falten para la definitiva aprobación como Ley de ese Real Decreto sino en el prolijo desarrollo reglamentario que necesitará la nueva ley para su aplicación.
Desde fuentes sindicales se estima en al menos un año el tiempo necesario para que el nuevo sistema de formación pueda empezar a rodar. Una demora que choca frontalmente con la urgencia que demanda un país con más de cinco millones de parados (de ellos más de 50.000 en Cantabria), un colectivo especialmente necesitado de acciones formativas que mejoren su empleabilidad.
El pasado año se destinaron 11 millones de euros a formación en Cantabria y son los cursos convocados entonces los que todavía mantienen ocupados a los centros acreditados. Para este año, el presupuesto de la Comunidad preveían una cantidad similar, pero el cambio legislativo ha paralizado las convocatorias. Dado que el dinero de los fondos de formación no puede tener otro destino, la duda es si esa partida se empleará para reforzar los recursos del próximo año. Así lo quiere, al menos, el nuevo modelo que, recogiendo una vieja petición de los agentes sociales, establece que los remanentes que se produzcan al final de cada ejercicio, deberán incorporarse al siguiente.
Otra de las novedades que ha sido acogida favorablemente tanto por la patronal como por los sindicatos ha sido la apuesta por un escenario plurianual para planificar el sistema de formación para el empleo en el ámbito laboral. “Eso servirá para dar estabilidad a la formación” –señala la responsable del IFES- UGT en Cantabria, Mónica Calonge–. “Así no tendremos que estar como estos últimos años, en los que no salen convocatorias. Aquí, las de autónomos se las han comido dos años seguidos y vamos camino de un tercero. Tampoco ha crecido la formación a desempleados, que sería lo lógico con este nivel de paro”, añade.

Dificultades para los centros

La ausencia de nuevas convocatorias no es el único problema que sufren los centros acreditados para impartir los cursos de formación para el empleo. El diseño del nuevo modelo encierra también algunas restricciones en la financiación de los cursos que amenazan con hacer inviable la supervivencia de estos centros.
Con el argumento de evitar el fraude, el Decreto Ley reduce desde el 50% al 25% la financiación anticipada que los centros recibían para poder impartir los cursos. El otro 25% se recibirá ya iniciado el curso, aunque se deja libertad a las autonomías para determinar cuándo se hace efectiva esa entrega.
Este aplazamiento obligará a muchas de esas entidades a solicitar créditos a los bancos a la espera de recibir la totalidad de la subvención, algo que con el anterior sistema tenía lugar al finalizar el curso. Con el nuevo, surge la duda de cuándo debe considerar la Administración autonómica que el centro ha justificado adecuadamente el curso impartido y las cantidades a que tiene derecho. No se aclara si el 50% restante de la subvención debe se abonado una vez acreditadas las cantidades gastadas –para lo que el centro cuenta con tres meses desde la finalización del curso– o cuando la propia comunidad compruebe la veracidad de esa información, un proceso que suele tardar hasta dos años.
Por si fueran pocas las dificultades que crean estas restricciones e incertidumbres en la financiación, el nuevo Decreto Ley añade una reducción en los costes asociados. Es decir, en las cantidades que los centros pueden imputar como costes fijos del curso, tales como los gastos en luz o energía, mantenimiento y nóminas de las personas que trabajan en la gestión del centro.
Hace cuatro años, esos costes asociados estaban fijados en el 25% del valor total del curso. Recientemente, se habían bajado al 15% y con el modelo que se quiere implantar se reduce nuevamente, fijándose en el 10%. En opinión de centros que imparten habitualmente cursos como los de soldadura, donde la factura de la luz se eleva considerablemente, la nueva cuantía hace inviables esos cursos. La subvención no daría ni para pagar la luz, un problema que se hace extensivo a los cursos más técnicos, que son los que más gastos de ese tipo tienen y que son, precisamente, los más demandados.
Ante las dificultades que todo esto plantea para el funcionamiento de los centros, surge la duda de qué futuro aguarda al sistema público de formación para el empleo. “Una cosa que el Real Decreto no ha hecho y que nosotros tampoco hemos sabido difundir es que esto no es un negocio”, subraya Calonge–. “Los centros colaboradores vamos tirando a duras penas y lo que hacemos es llegar a donde no alcanza la Administración. Al final, lo que veo es que el nuevo modelo va a fomentar más la corrupción o que toda la formación sea privada y on line, porque de lo contrario no hay manera de financiarla”, lamenta la directora del IFES.

Desaparece la Fundación Tripartita

El nuevo modelo de formación para el empleo va dar entrada a actores que hasta ahora estaban excluidos del sistema general de cursos. Y les ha dado voz en el nuevo órgano que sustituye a la Fundación Tripartita, que pasa a llamarse Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. A ella se incorporan, junto a sindicatos y patronal, dos colectivos tradicionalmente excluidos, como los autónomos y las entidades de economía social (cooperativas y sociedades anónimas laborales).
Si bien los autónomos cuentan con asociaciones que los representan, caben más dudas sobre cómo se articulará la presencia en la Fundación de esas entidades de economía social. En cualquier caso, pasaran a tener voz en ámbitos hasta ahora reservados a los agentes sociales y a la Administración central, como es el diseño y planificación de los cursos. Una planificación que el nuevo modelo pretende vincular a las necesidades formativas del sistema productivo en cada momento. Esa prospección se reflejará en un informe anual en el que se identificarán las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo y las necesidades formativas de los trabajadores.
El recorte de poder que ha supuesto para sindicatos y empresas la configuración de la nueva Fundación es uno de los puntos más controvertidos del nuevo modelo. Los agentes sociales defienden que, ya que el grueso de la financiación de los cursos procede del 0,7% de las nóminas (las empresas aportan el 0,6% y los trabajadores el 0,1% de las cotizaciones para formación), deben ser ellos quienes gestionen estos recursos. De los 2.300 millones de euros al año que solían moverse en España en este sector, unos 1.800 millones procedían de las cuotas de formación, otros 380 millones del Presupuesto del Estado y unos cien millones del Fondo Social Europeo. Hoy, con la caída del empleo, la contribución de las cotizaciones ha caído casi en un 30%.

Cursos para funcionarios y cheque formación

La apertura del nuevo sistema de formación para el empleo no se ha quedado sólo en la inclusión de autónomos y cooperativistas. También se ha abierto para los centros acreditados la posibilidad de concurrir a la oferta formativa destinada a funcionarios, que cuenta con una línea de financiación propia. La aplicación de la fórmula del concurso para la formación de este colectivo es una de las grandes novedades del nuevo modelo.
Otra novedad reseñable es la creación del cheque-formación, tanto para activos como para desempleados. El Decreto Ley deja en manos de las comunidades autónomas la decisión de aplicar o no esta nueva fórmula. Con ella el trabajador puede elegir el centro que quiera y pagar con ese cheque. Pero esa libertad de elección puede ser difícil de instrumentar en la práctica. Los centros se verían obligados a esperar a reunir el número suficientes de solicitantes (15) para poder impartir el curso, lo que complicaría extraordinariamente la planificación de las acciones formativas.
En el ámbito de la formación bonificada, la que se hace a demanda de las empresas para sus trabajadores, el nuevo sistema comporta también algunos cambios, como la extensión a las micropymes –las empresas de uno a ocho trabajadores– de la obligación de financiar los cursos en un 5%, de la que hasta ahora estaban excluidas. Además, antes no se bonificaba ningún curso de menos de cuatro horas y con el nuevo modelo bastará con cursos de una hora. El objetivo es fomentar la formación entre las micropymes, habitualmente carentes de iniciativas en este campo.
Las empresas también podrán solicitar cursos al margen de la formación bonificada y, si el curso se imparte en sus instalaciones, los costes asociados podrán subir hasta el 20%.
Otra de las novedades destacables tiene que ver con la desaparición de la formación a distancia y su sustitución por cursos on line. Para reforzar el control sobre el correcto funcionamiento del sistema y evitar la repetición de fraudes se crea una nueva unidad en la Inspección de Trabajo, encargada de detectar las posibles irregularidades en la impartición.

El Plan Besaya

Entre las iniciativas en materia de formación para el empleo impulsadas en Cantabria durante el pasado año destaca la dirigida a mejorar la empleabilidad en una comarca especialmente azotada por el paro, la Cuenca del Besaya. Pero las buenas intenciones del plan se han visto lastradas por su falta de flexibilidad. Casi todas las entidades acreditadas han dejado cursos sin impartir ante la dificultad para conseguir un número mínimo de alumnos.
Al no existir en Torrelavega suficientes centros, las entidades llevaron esos cursos a lugares como Santander o Maliaño, pero como estaban restringidos solo a trabajadores de la Cuenca del Besaya y no todos estaban dispuestos a realizar ese desplazamiento (a pesar de las becas de transporte), muchos no se han podido impartir. Se ha dado, además la paradoja de que trabajadores del entorno de Santander o del propio Maliaño que sí estaban interesados en los cursos no han podido aprovecharlos.
Las entidades acreditadas han pedido que, si el Plan Besaya se mantiene, se aplique con más flexibilidad. Será un modo de optimizar los recursos, siempre escasos, que se dedican a una cuestión esencial para un país y una comunidad con unos niveles de desempleo tan insostenibles como los que sufrimos.