Cantabria autorizará las salas de apuestas

El juego ha sido una fuente fiable de ingresos para las comunidades autónomas. Al menos hasta que comenzó la recesión. Ni siquiera una actividad en la que van unidos lo lúdico y la expectativa de conseguir una ganancia económica, tan necesaria en estos tiempos, ha eludido la caída general de ingresos y eso no sólo ha repercutido en la recaudación del sector. También la Administración se resiente. En Cantabria, donde el Gobierno ingresaba anualmente 14 millones de euros por tasas sobre las máquinas recreativas ahora recibe 12 y la cuantía lleva camino de seguir reduciéndose ya que las operadoras están retirando máquinas que no les resultan rentables de los bares y salones de juego y los bingos registran una notable pérdida de clientes.
Con los juegos tradicionales en retroceso y con una necesidad acuciante de recursos en la Administración pública, el Gobierno cántabro estudia modificar la Ley del Juego para legalizar algunos que ahora no están permitidos. En concreto, parece dispuesto a aceptar las apuestas presenciales en los salones recreativos que ya existen o en locales creados para esta función.
Cuando Cantabria publicó en 2006 su Ley del Juego incluyó las apuestas basadas en actividades deportivas o de competición, pero a condición de que se cruzasen en los propios recintos deportivos y en el mismo momento en que se está celebrando el evento, como ocurre en la hípica. Lo que ahora se estudia es legalizar las apuestas realizadas con antelación y en lugares ajenos a los eventos deportivos, como pueden ser los salones de juego.

Una iniciativa de la propia Administración

En realidad, no han sido las empresas locales las que han solicitado la ampliación del Catálogo de Juegos para dar cabida a las apuestas. Ni existen en la región compañías especializadas en esta modalidad de juego ni es fácil de improvisar, por lo que la apertura de este mercado previsiblemente va a ser aprovechada por las potentes empresas que ya existen en otras comunidades (en el País Vasco hay dos) y por las nacionales, como Codere (que fue del grupo Franco) o Sportium, del grupo Cirsa. Estas compañías están en disposición de entrar en el mercado cántabro de inmediato y sin grandes costes, ya que les bastaría con añadir nuevos terminales a su red. Los principales interesados locales serían los propietarios de salones recreativos, ya que podrían participar del negocio instalando en sus locales las máquinas de juego de las firmas de apuestas.
Sea cual sea la empresa que más se beneficie con la autorización, el promotor de la medida en este caso parece ser la propia Administración regional, ya que esta nueva modalidad de juego le permitirá conseguir un cambio de tendencia en la recaudación gracias a las tasas sobre las nuevas máquinas.

Lo que el sector realmente demanda

La modificación de la Ley de Juego presumiblemente será aprovechada para acoger otras peticiones del sector. Por ejemplo, que se anule la prohibición absoluta de publicitarse que pesa sobre la actividad, y que resulta inconsecuente después de aprobarse el pasado año la nueva ley nacional del juego, que permite anunciar libremente las apuestas on line.
Los empresarios del juego también pretenden que se modifique el rígido sistema de sanciones y no tanto para reducir su cuantía como para ajustarlas mejor a la gravedad de los hechos sancionados. Se trata de evitar que actuaciones tan simples como modificar el amueblamiento de un salón recreativo sin pedir autorización pueda ser multado con diez mil euros.

Premios mayores

La nueva ley también puede ser la oportunidad que esperaban los empresarios de máquinas y salones recreativos para introducir un revulsivo en el sector. Como, hoy por hoy, la atracción para el público se mide en dinero, su intención es que las máquinas con mayores premios puedan llegar a dar 500 euros, como en el País Vasco, en lugar de los 200 actuales. Pero, a la vez, les gustaría instalar máquinas mucho más simples para juegos de muy poco coste y premios bajos. Este modelo, que se ha probado con éxito en la Comunidad Valenciana, iría destinado a aquellos bares donde la recaudación no compensa el pago de la tasa anual por máquina, que en Cantabria está fijada en 3.600 euros, y que para este modelo en su opinión no debería pasar de unos mil euros.
La Administración parece receptiva a muchas de estas peticiones, que podrían verse recogidas en la modificación de la Ley de Juego. No ocurre lo mismo con la posibilidad de dar de baja temporalmente algunas máquinas, como pretenden los empresarios, ya que eso sí que afecta a la recaudación fiscal y el Gobierno lo último que desea es que bajen sus ingresos.

Un sector en retroceso

Una de las quejas fundamentales de los empresarios de máquinas recreativas tiene que ver con la mayor carga impositiva de Cantabria en relación con otras comunidades. La tasa fija –3.600 euros anuales por máquina, independientemente de la recaudación– es una de las más altas de España, sobre todo después de que muchas comunidades hayan bajado este tributo para dar un respiro a las operadoras.
En Cantabria hay unas sesenta empresas de máquinas recreativas que dan empleo directo a cerca de 300 personas. Desde que la crisis económica se hizo patente, en el verano de 2008, la recaudación del sector ha bajado en un 40% y el parque de máquinas instaladas en salones de juego, locales de hostelería y salas de bingo ha descendido desde las 4.100 que había entonces a las 3.600 actuales. También han cerrado varios salones recreativos, por lo que el censo ha descendido de 28 a 23 y es probable que siga disminuyendo porque ninguno de esos salones supera en estos momentos la mitad de las máquinas que tiene autorizadas. De hecho, los locales cada vez tienen menos: en toda Cantabria se pueden contar con los dedos de una mano los salones con más de quince máquinas operativas.
“Por primera vez en al historia de los recreativos, la mayoría de las empresas del sector en Cantabria han dado pérdidas”, señala, a modo de balance general, el presidente de la Asociación Cántabra de Empresas Operadoras (ACEO), José Ramón Sáinz. Esa necesidad de poder flexibilizar su oferta para adecuarla a la situación económica es la que ha llevado a su asociación a pedir un cambio en la normativa para dar de baja temporalmente las máquinas recreativas que no son rentables.

Un número limitado

En Cantabria el parque de máquinas recreativas del tipo B, las que dan premio en metálico, está contingentado, de manera que no se puede pasar del número autorizado, 3.640, que se fijó hace cuatro años. Esta medida, que estará vigente hasta 2014, se aprobó para proteger al mercado local de la presión de los operadores vascos, que tras la fijación de una cifra máxima de máquinas en su propio territorio se habían volcado en el nuestro. Eso no ha evitado que el 50% del parque de máquinas recreativas que hay actualmente en Cantabria sea propiedad de empresas de la comunidad vecina.
El problema que afronta ahora el sector es que cada vez que da de baja una máquina, porque su recaudación no cubre la tasa anual, el empresario pierde la autorización que la acompaña, una licencia que, como la de un taxi o una cuota de producción lechera, es un activo de la empresa. Existe una posibilidad de baja temporal, pero sólo es aplicable al 8% del parque de máquinas que tenga la empresa y con un límite temporal de seis meses. Además, ha de seguir pagando el 20% de la tasa. Los empresarios piden que, tal y como se ha autorizado en las comunidades madrileña y vasca, se pueda dar de baja temporalmente una máquina durante al menos un año y sin tasas. Creen que sólo así podrán capear tiempos tan difíciles como los actuales y recuerdan que otras comunidades han entendido que para que el juego siga aportando ingresos a las administraciones es preciso moderar la presión recaudatoria.