El presidente de la Caja podrá cobrar aunque su cargo no sea ejecutivo
La nueva ley cántabra de Cajas de Ahorros ha hecho muy poco ruido, pero se ha tejido entre bambalinas. Hace ya cinco años que el PP y el PSOE firmaron un documento para dejar a la Caja fuera de los debates políticos del que ambos partidos han sido bastante respetuosos. Ninguno de los dos estaba interesado ahora en cambiar ese estado de cosas que ha aportado un poco de estabilidad en una Caja que desde 1990 no encontraba sosiego.
Con la nueva ley, aprobada por unanimidad, van a cambiar algunas cosas, sobre todo después de las enmiendas aprobadas, en su mayoría inspiradas por el PSOE, que recogen bastantes de las consideraciones hechas por el CES y forzarán el consenso para muchas decisiones estratégicas, al requerir mayorías de dos tercios.
Los socialistas también han conseguido imponer su propuesta de reparto de representación, aumentando sensiblemente la que tenían los impositores, trabajadores y entidades. Algo que también tendrá mucha importancia en los juegos de poder es la generalización de la proporcionalidad. La ley ya no permite que un municipio con derecho a elegir consejeros generales envíe únicamente los designados por el partido que gobierna, como podía ocurrir ahora, sino que deberán representar al conjunto de la Corporación.
El filtro del consenso
En cualquier caso, los partidos han perdido un poco de protagonismo, aunque no tanto como supusieron los inspiradores de la ley nacional, que querían acabar con casos como el de Cantabria, donde entre el Parlamento y los ayuntamientos decidían el 67,5% de los representantes en la asamblea general de la Caja y, a través de las subsiguientes elecciones en cascada, copaban el consejo de administración. Ahora tendrán que conformarse con el 50%, mientras que los impositores tendrán un 25% y los empleados y entidades socioculturales y benéficas se repartirán otro 25%.
La tentación de controlar estos dos grupos independientes va a ser inevitable, pero será un poco más difícil que hasta ahora, al menos con las entidades sin ánimo de lucro, donde antes la Consejería de Economía podía elegir un candidato a la medida, puesto que prácticamente no tenía restricciones. La enmienda socialista, que el PP ha aceptado, obliga a realizar previamente una relación de 32 entidades, aprobada en el Parlamento regional por una mayoría de dos tercios y a que posteriormente el consejo de administración de la Caja elija entre ellas a los que ocupen las plazas, también con un nuevo filtro de dos tercios, lo que indica que, al menos habrá que buscar el consenso.
Los cambios pueden parecer muy sutiles, pero son muy significativos cuando las fuerzas están tan equilibradas como ocurre en la Caja cántabra. Durante años, dependiendo del color político del ayuntamiento que por turno le tocase nombrar representante en la asamblea general podía cambiar la relación de fuerzas, lo que ha dado lugar a una auténtica ingeniería electoral donde se ha valorado incluso en qué pueblos se debían abrir o no abrir oficinas, dado que podrían otorgar derecho a nuevos votos.
Los ajustes para impedir que las instituciones controlen más de la mitad de la representación total, y para que los impositores alcancen la misma relevancia que el Parlamento o los Ayuntamientos en todos los órganos de gobierno han llevado a ampliar el número de miembros del consejo de administración. De esta forma, tendrá cuatro representantes designados por el Parlamento, cuatro por los ayuntamientos, y cuatro más por los impositores. Los trabajadores tendrán dos y las instituciones de reconocido prestigio otros dos.
El presidente podrá ser o no ejecutivo, pero en cualquier caso, podrá cobrar. Este es otro de los cambios sutiles con respecto al borrador inicial, que abría, por primera vez, la posibilidad de tener un presidente remunerado, pero sólo en el caso de que fuese ejecutivo, para lo cual se pedía una cualificación específica. Ahora la remuneración deja de estar vinculada a que ejerza funciones ejecutivas y, por tanto, a esa cualificación específica.
