Sordo (CCOO) considera que el Plan de Respuesta se queda corto en la protección de los colectivos vulnerables

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha valorado este martes el Real Decreto-ley del Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra, que recoge «medidas interesantes desde el punto de vista laboral» pero «cortas» en la protección de los colectivos más vulnerables.

El Plan aprobado este martes en el Consejo de Ministros «afronta a grandes rasgos medidas de emergencia» y, debido a ese carácter urgente, «no pueden permanecer en el tiempo», como ha señalado Sordo en un vídeo difundido por el sindicato.

Sordo ha reconocido que dentro del Plan existen puntos «de interés sindical», como la prohibición de los despidos objetivos en las empresas que recurran a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) para sortear la crisis y también para los que tengan causa en el incremento de los precios de la energía.

Entre las acciones positivas para el sindicato también se encuentra el tope a los precios del alquiler, con una revalorización máxima del 2% en el caso de los grandes tenedores.

Respecto a la bajada general de los precios de los combustibles, Sordo ha reconocido que «había que tomar medidas de este tipo» para destrabar el conflicto con los transportistas, aunque ha recalcado que «no se puede obviar que el sector tiene que reestructurarse» y que la rebaja solo puede permanecer «durante un tiempo».

Para Sordo, el Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra olvida la protección de las personas más vulnerables, a pesar del Ingreso Mínimo Vital y el bono eléctrico.

«Hay millones de personas que están cobrando salarios en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que están con pensiones no contributivas, desempleo… que requerirían de algún tipo de prestación, aunque sean de pago único para poder hacer frente a los gastos de la luz, de los consumos básicos, de los alimentos…», ha expresado el secretario general de CCOO.

Sordo ha defendido una prestación de 300 euros para unos 10 millones de personas, que supondría unos 2.800 millones de euros para las arcas públicas.

«Sería algo muy importante para facilitar la transición para estos meses de inflación altísima y facilitaría el acuerdo salarial que necesita España. Los asalariados no pueden ser los que vuelvan a pagar el pato», ha recalcado.