Sumar exige medidas para impedir «realmente» que empresas condenadas por corrupción logren contratos públicos

Sumar ha registrado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo un procedimiento efectivo de prohibiciones de contratar con la Administración, con el fin de impedir «realmente» que puedan conseguir contratos públicos aquellas empresas condenadas por corrupción o que hayan cometido los delitos y las infracciones administrativas contempladas en la ley, aunque no haya una sentencia firme.

El grupo plurinacional explica que la Ley de Contratos del Sector Público ya recoge una serie de supuestos para excluir de la contratación pública a las entidades que incurran en determinados delitos o infracciones administrativas como terrorismo, asociación ilícita, financiación ilegal de partidos políticos o trata de seres humanos, entre otros.

Sin embargo, la formación señala que condiciones como la obligatoriedad de que las sanciones por cualquiera de estos delitos sean firmes, el hecho de que tengan que venir expresamente contempladas en las sentencias o resoluciones, la competencia para su determinación y los procedimientos de revisión hacen que «la existencia de empresas en situación de prohibiciones de contratar es prácticamente nula».

SE NECESITA MÁS EFICACIA Y MÁS TRANSPARENCIA

«Por tanto, se hace imprescindible reformar el sistema de prohibiciones de contratar, dotándolo de agilidad, eficiencia, transparencia y eficacia», remarcar Sumar en una proposición no de ley que se debatirá en la Comisión de Hacienda y a la que ha accedido Europa Press.

Asimismo, el grupo propone modificar la Ley de Contratos del Sector Público, para permitir una verdadera aplicación de criterios sociales, ambientales, laborales y de derechos humanos en la contratación pública.

La idea es que estos criterios tengan «un verdadero impacto» en la transformación de la realidad social y del tejido socioeconómico, así como ampliar los supuestos y mejorar las posibilidades para que las entidades de la economía social se incorporen al mercado de la contratación pública.

Sumar también insta a elaborar «a la mayor brevedad» el reglamento de desarrollo de la Ley 9/2017, que establezca criterios claros y objetivos para la valoración de las ofertas, de forma que no se distorsione la ponderación de los criterios de adjudicación y se asegure que reflejen adecuadamente la relación calidad-precio en la adjudicación de los contratos.

FLEXIBILIZAR LA REVISIÓN DE PRECIOS

La formación suma una petición para flexibilizar la revisión y actualización de los precios de los contratos, adaptando los mismos a circunstancias como la inflación, la subida del SMI u otros factores, al tiempo que se garantiza la viabilidad económica de las empresas adjudicatarias considerando especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

Por último, Sumar insta al Gobierno a implementar las medidas legales o reglamentarias oportunas para adaptar la complejidad de la contratación pública actual a la realidad, a las necesidades y a los recursos de los entes locales.