Sumar lleva al Congreso una ley para actualizar los precios de la contratación pública con la subida del SMI

El grupo denuncia que muchas licitaciones quedan desiertas por la falta de previsibilidad de costes

Sumar ha registrado una proposición de ley en el Congreso para establecer un marco de actualización de los precios en los contratos del sector público cuando se produzcan incrementos de los costes salariales por la aplicación de convenios colectivos o de las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En la exposición de motivos de la propuesta, recogida por Europa Press, el grupo plurinacional explica que durante los últimos cinco años, el SMI ha experimentado importantes actualizaciones en España hasta alcanzar los 1.184 euros mensuales con su última subida. Al mismo tiempo, los convenios colectivos han revalorizado los salarios de diferentes sectores ante la escalada del IPC.

Sumar dice que estas actualizaciones han dejado en evidencia una debilidad estructural en el ámbito de la contratación pública, que es la falta de mecanismos jurídicos que permitan absorber estos incrementos salariales dentro del presupuesto para los contratos públicos.

El grupo denuncia que la situación ha generado «importantes disfunciones» en la ejecución de los contratos que «ponen en peligro su viabilidad, afecta negativamente a las empresas y, en última instancia, perjudica la calidad de los servicios públicos y los derechos de trabajadores y trabajadoras».

Entre otros ejemplos, los plurinacionales alegan que la ausencia de mecanismos de revisión de precios ha provocado, en numerosas ocasiones, la resolución anticipada de contratos públicos, debido a la incapacidad de las empresas adjudicatarias para asumir incrementos salariales no previstos. Además, se ha producido una creciente cantidad de licitaciones desiertas o con una participación extremadamente baja, derivada de la falta de garantías para las empresas.

Por este motivo, la coalición de partidos liderada por Yolanda Díaz considera «imprescindible» dotar al sistema de contratación pública de instrumentos que garanticen su adaptabilidad a las dinámicas económicas y sociales actuales, dando seguridad jurídica a las empresas y entidades adjudicatarias y, sobre todo, ofreciendo certidumbre y calidad respecto de la prestación de los servicios públicos que se gestionan de manera indirecta.

URGE UNA REFORMA

En este contexto, Sumar ha presentado su reforma que pretende reducir significativamente estos problemas, garantizando una ejecución continua y de calidad de los contratos públicos.

La reforma en cuestión pasa por una doble modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. Por un lado, se introducen modificaciones en el artículo 100 para fijar un porcentaje a partir del cual resulta obligatorio para el órgano de contratación detallar en el presupuesto base de licitación los costes salariales de las personas empleadas para la ejecución del contrato. Por otra parte, ese artículo 100 detallará qué convenio deberá ser tenido en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto base de licitación por parte de los órganos de contratación.

El otro punto principal de la reforma pasa por un nuevo artículo 103.3 bis, para establecer un procedimiento «claro y detallado» o para permitir la actualización de los precios de los contratos públicos cuando se produzcan incrementos en los costes salariales que superen las previsiones iniciales efectuadas por el órgano de contratación al calcular el presupuesto base de licitación.

Este mecanismo se aplicará exclusivamente a aquellos contratos en los que los costes salariales representen al menos el 30% del presupuesto base de licitación. Es importante mencionar que este nuevo artículo 103.3 bis incluye, por un lado, a todos los contratos del sector público, y excluye de este sistema de actualización a los contratos de concesión de obras y servicios