Sin contrabandistas, peligran los aduaneros

Han dejado de ser rentables porque hace años que no protagonizan operaciones espectaculares. Así explican desde SIAT-USO –el sindicato con mayor representación entre el colectivo– el intento de acabar con el Servicio de Vigilancia Aduanera. La rentabilidad, dicen, “no es una operación matemática que resulte de dividir la cantidad de actuaciones por el gasto de llevarlas a cabo”.
Pero, lo cierto es que el mar está más tranquilo que nunca y el contrabando de tabaco prácticamente ha desaparecido. Cantabria no es una zona especialmente conflictiva y, de hecho, nunca se han aprehendido alijos importantes en nuestras costas. Pero, eso no quiere decir que la tripulación del ‘Alcaraván’ –el buque de aduanas con sede en Santander– no haya participado en operaciones de magnitud en otras costas. Ahora, la zona ‘caliente’ es el Levante español, desde Algeciras hasta Tarragona.
“Hace una década cogíamos un par de grandes alijos al año”, dice el técnico marítimo y secretario general de SIAT-USO en Cantabria Luis Ángel Valverde. Las labores de vigilancia del ‘Alcaraván’ se extienden desde Galicia hasta Francia y, aunque ya no se produzcan grandes capturas, Roberto Gómez, marinero en activo, insiste en que las actuaciones no cesan, ya que hace pocos meses apareció droga en Gijón y este último verano se encontró cocaína flotando en la costa de Cantabria.
No sólo han cambiado los delitos, también los delincuentes. Los nuevos enemigos del fisco ya no son piratas que ocultan dinero y mercancías prohibidas en sus maletines sino ejecutivos con corbatas de marca que dominan el comercio internacional y los paraísos fiscales. Los pocos contrabandistas que surcan los mares son peligrosos porque “han pasado de llevar palos a ir provistos de pistolas”, afirman los funcionarios de Vigilancia Aduanera. Tanto Roberto Gómez como Luis Ángel Valverde han tenido que liarse a tiros para abordar un barco y, en su mente, está el recuerdo de compañeros que han muerto a manos de narcotraficantes que se juegan el tipo para evitar ir a la cárcel.
Pese a todo, aman su trabajo por lo que tiene de servicio público y, a lo largo de su trayectoria profesional han recopilado algo más que mercancías prohibidas. Experiencias como precintar los féretros para evitar que los muertos sean involuntario vehículo para el traslado internacional de droga, el auxilio a embarcaciones en apuros o las sutilezas que se llegan a utilizar en el blanqueo de capitales.

Mar y tierra

De los setenta empleados que componen el Servicio cántabro de Vigilancia Aduanera en Cantabria –técnicos, ejecutivos y agentes– casi cuarenta patrullan las costas. Dos tripulaciones distintas se rotan para que el ‘Alcaraván’ pueda salir al mar todos los días. Lo que no existe es un horario fijo, ni siquiera de inicio o de final de jornada, ya que ha de adaptarse a las necesidades. Esta circunstancia, unida a la nocturnidad, es lo más duro para los marineros, aunque para Roberto Gómez, aún hay algo peor: “Que te trasladen de forma repentina hacia una base con mayor actividad –en Levante o Andalucía– con plantillas envejecidas y en condiciones de trabajo bajo mínimos”.
Tras preparar el barco y arrancar motores, parten hacia un destino que no conocen. En el trayecto, dan varias vueltas alrededor de una zona, se acercan a la costa y, si lo creen necesario, utilizan una lancha auxiliar para vigilar de cerca playas o acantilados. “Hay que estar, aunque a veces te interesa que te vean y otras no”, señala Gómez.
El ‘Alcaraván’ puede llevar catorce tripulantes, pero sale habitualmente con diez, entre los que se encuentra un oficial de operaciones aeronavales, un jefe de embarcación, un oficial y dos jefes de máquinas. Hace tres años, la base de Santander contaba con otra embarcación más, pero la actividad del ‘Alcaraván’, de 28 metros, y una lancha rápida interceptadora que supera los doce, parece más que suficiente.
Las operaciones del Servicio en tierra son muy diferentes. Uno de los grupos con mayor actividad es el de impuestos especiales que viaja casi a diario hasta Liébana para acabar con la venta de orujos y aguardientes procedentes de destilaciones domésticas sin registrar.
La persecución del uso fraudulento de gasóleo agrícola y pesquero o la reprensión del blanqueo de capitales son otras dos actividades habituales. Del personal de tierra depende la investigación y persecución de todo tipo de negocios turbios relacionados con vehículos de lujo, tráfico de drogas o fraude fiscal, así como las intervenciones telefónicas y notificaciones por impago.
A medio camino entre los funcionarios de mar y los de tierra se encuentran los empleados de Operaciones Aeronavales, también del SVA. Santander cuenta con uno de los centros españoles de coordinación de operaciones marítimas a través de equipos alta frecuencia, VHF, UHF, teléfonos móviles o por satélite. Las operaciones en que participan no tienen por qué estar relacionadas con el ámbito de la región. De hecho, desde Cantabria se han coordinado algunas que se han desarrollado en el Estrecho de Gibraltar y el Mediterráneo.

Entre la policía y la Guardia Civil

Uno de los aspectos más polémicos de la Vigilancia Aduanera se deriva del ambivalente carácter de sus miembros que, pese a ser funcionarios, no están sujetos al régimen general y van armados. Aunque en algunas misiones no lleven pistola, tanto los que se quedan en tierra como los que salen a la mar tienen licencia de armas y son considerados agentes de la autoridad.
De hecho, nunca ha llegado a dirimirse si son o no una policía judicial ya que la Ley del Contrabando de 1995, de forma un tanto ambigua, dice que “actuarán en coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y tendrán, a todos los efectos legales, carácter colaborador de los mismos” y hay un par de sentencias donde el Tribunal Supremo reconoce su capacidad para realizar intervenciones telefónicas y detenciones de forma autónoma.
Al no tratarse de simples funcionarios y tampoco de policías al uso, hay quien piensa que la Guardia Civil podría asumir sus funciones. Al fin y al cabo, ambos cuerpos son resguardo fiscal del Estado y tienen las mismas competencias en los puertos. La única diferencia es que la Guardia Civil, aunque puede actuar por su cuenta, lo hace por delegación, es decir, ha de rendir cuentas al jefe de la dependencia regional de Aduanas en cualquier operación que afecte al contrabando o a productos gravados con impuestos especiales, como el tabaco o el gasóleo.
Pese a que no niega que existan puntos en común entre ambos cuerpos, Luis Ángel Valverde afirma que la pervivencia del Servicio de Vigilancia Aduanera es innegociable, porque no existe ningún otro cuerpo que cubra delitos de contrabando o narcotráfico en las costas y, aunque la Guardia Civil quisiera, no podría hacerlo porque tiene otras muchas funciones de las que ocuparse y no dispone de barcos adecuados.
Si la Guardia Civil llega en ocasiones hasta donde no lo hace Vigilancia Aduanera es, en opinión de Valverde, porque sus efectivos rondan los 65.000 hombres, frente a los 1.700 de aduanas. No obstante, recalca que ellos participan en el 80% de las grandes operaciones contra el narcotráfico y el contrabando, aunque no aparezcan en los titulares de los periódicos.
En realidad, la actuación conjunta sólo se produce en operaciones peligrosas. Los aduaneros también colaboran con la policía en investigaciones que este cuerpo les remite por carecer de barcos o por tener un componente fiscal.
Nuestro modelo de aduanas –dice Roberto Gómez– se asemeja al italiano y dista de otros sistemas, como el inglés o el francés, que destacan por su eficiencia. “Quizá el problema es que no encajamos dentro de la Agencia Tributaria, porque somos un cuerpo extraño”, concluye el marinero mientras señala que estaban mejor cuando no dependían de Hacienda.

Rentabilidad

Las dudas sobre la rentabilidad del Servicio, ante la ausencia de contrabandistas, ha puesto en tela de juicio a unos mil setecientos funcionarios de Vigilancia Aduanera, un colectivo poco numeroso pero que necesita importantes medios materiales y logísticos para llevar a cabo su labor ya que consume la tercera parte del presupuesto de la Agencia Tributaria.
Desde la Administración pública alegan que la razón para dejarles en tierra era incrementar sus labores de investigación. Pero, lo que temía SIAT-USO es que fuese un intento de desmantelar el Servicio y modificar sus condiciones de trabajo sin negociación alguna. “Pretendían colocar a marineros y mecánicos en un despacho sin un cometido fijo porque no sabían qué hacer con ellos. Eso sí que es poco rentable”, afirman.
Para ahorrar costes, el ‘Alcaraván’ sólo zarparía cuando dispusiera de información sobre operaciones fraudulentas en el mar. Roberto Gómez discrepa y señala que, por prevención, el barco ha de estar operativo todos los días para que “sabiendo que estamos ahí, los delincuentes se lo piensen dos veces”.
Por encima de otras cuestiones, como el elevado consumo de gasóleo de sus barcos, los funcionarios de Vigilancia Aduanera interpretan que hay otro trasfondo en la amenaza de supresión del Servicio. Tras una reciente renegociación, el precio de la hora extra de trabajo del personal marítimo se ha actualizado de las 325 pesetas que figuraban en el acuerdo de 1991 hasta 21 euros y eso es lo que, en su opinión, ha provocado que Hacienda quiera reorganizar el trabajo “porque le resulta caro que los funcionarios estén operativos las 24 horas del día”, señalan.
Ahora que ya han conseguido anular la orden de paralizar el Servicio de Vigilancia Aduanera en el Cantábrico, se felicitan por haber demostrado que su presencia en la costa era imprescindible. “Frente al hecho de medir contablemente su eficacia, pedimos que se valore el Servicio como tal, se le dé rentabilidad y se reconozca como imprescindible para, a partir de ahí, hacer las reformas necesarias”, señala el secretario general de USO, Antonio Saiz Pi.