Cambio de antena, por cuarta vez

Los cambios tecnológicos no son gratis, aunque muchas veces lo parezcan. El ciudadano valora si le interesa pagar por ello o no y toma una decisión. No se queja. Pero sí se va a quejar de tener que pagar por una mera decisión política, la de obligarle a modificar su antena para poder seguir sintonizando los canales de TDT, al vender el Gobierno parte de la banda que empleaban. En teoría, el gasto lo asumía el propio Estado con una parte del dinero obtenido por la venta de esas frecuencias a operadores de telefonía 4G, pero finalmente no va a ser así: pagarán cada ciudadano que quiera seguir viendo la TDT.
Los españoles tuvieron que antenizarse en 1991 para ver las televisiones privadas que acababan de surgir. No hubo quejas por el gasto, porque todo el mundo estaba expectante por entrar en aquel nuevo mundo que ponía fin al monopolio de TVE y a sus dos únicas opciones, La 1 y La 2. Si aquella irrupción de alternativas satisfizo o no a las expectativas es discutible, pero lo cierto es que nadie quiso perderse la posibilidad de utilizar el mando a distancia y cambiar de canales.
Las comunidades de vecinos de nuevo tuvieron que pagar para ajustar las antenas cuando llegó La Sexta, ya que no estaban preparadas para recibir el nuevo canal. No obstante, la propia emisora, deseosa de acelerar el proceso todo lo posible, abonó los gastos a muchos bloques de vecinos.
El proceso fue un poco más complejo al llegar la TDT, puesto que la señal no podía ser interpretada por los televisores convencionales. Eso obligó a comprar otros nuevos o, al menos, un adaptador, si bien es cierto que estos aparatos electrónicos bajaron de precio muy rápidamente cuando la demanda se multiplicó.
El problema fue mayor para las administraciones públicas, dado que no servía la infraestructura existente de repetidores de la señal y volver a cubrir todo el país, con sus miles de recovecos orográficos, suponía un desembolso muy oneroso. Cantabria, convencida de que por muchos repetidores que pusiese no llegaría a dar señal de TDT a todos los núcleos rurales y dejar sin televisión a muchos pueblos (la señal analógica desaparecía) supondría un problema político de primer orden, tomó una decisión arriesgada: contrató un satélite de Astra para llegar con la señal a todos los valles de una vez. Una solución paradójica para un sistema de ondas terrestres.
Por incongruente que pareciese que la Televisión Digital Terrestre tuviese que llegar del espacio, el Ministerio de Industria acabó por asumir que la idea de Cantabria resultaba mucho más práctica y barata que llenar el país de repetidores de TDT, lo que ni siquiera garantizaba una cobertura del 100%. Así que el Ministerio optó por sufragar el coste del satélite para que todas las comunidades pudiesen llevar la TDT a las zonas rurales donde, en lugar de recibirse por una antena convencional, se recepcionaría a través de una parabólica.
A la vista de esta evolución de los acontecimientos, el Gobierno cántabro del PRC-PSOE optó por romper el contrato con Astra, a sabiendas de que tendría que indemnizar a la empresa francesa, pero calculó que la indemnización le saldría más barata que pagar la cantidad comprometida a lo largo de todo el periodo de vigencia del contrato, una vez que ese mismo servicio se lo daba, gratis, el Ministerio de Industria, a través de otra compañía de satélites.
El resultado ha sido muy polémico, dado que el actual Gobierno de Ignacio Diego ha puesto todo el énfasis en la demanda de la empresa francesa, a la que finalmente ha tenido que pagar 3,5 millones de euros, pero no en la cantidad que con ello se ha ahorrado la autonomía.

La adaptación que se avecina

Ahora se plantea otra nueva adaptación de antenas, a nivel nacional y esta vez no es por un cambio tecnológico, sino por una decisión administrativa. Y cada comunidad de vecinos (1,2 millones en todo el país) tendrá que pagar por instalar unos filtros en sus antenas que eviten las perturbaciones en las bandas adyacentes al espectro que pasa a ser utilizado por los móviles, aunque el único beneficiario por este cambio sea el Gobierno, que ha vendido a las operadoras telefónicas parte de las frecuencias adjudicadas a las televisiones, en concreto, la banda comprendida entre los 790 y 862 MHz.
Las operadoras de telefonía móvil utilizarán esta parte del espectro para la nueva tecnología 4G, que propiciará el acceso a Internet móvil ultrarrápido.
El Gobierno socialista se había comprometido a que la adaptación de las antenas de televisión no le costaría un euro a los españoles, ya que quedaría asumido por los 1.800 millones de euros obtenidos en la subasta de esas frecuencias a las compañías telefónicas, pero el actual ha decidido gastar el dinero en otras necesidades y no asumirá el compromiso. No obstante, el ministro de Industria, José Manuel Soria, declaró en Santander que el proceso de reantenización no costará los 900 millones que había previsto su antecesor, sino 300. De acuerdo con sus cálculos, eso supondría unos 20 euros por familia.
El PP también ha decidido que el traslado de esa banda de frecuencias de la televisión a la telefonía se adelante un año, por lo cual, toda la reantenización del país deberá realizarse antes del 1 de enero de 2014, es decir, durante el año que viene.