Trabajo insiste en que reformará el despido porque el régimen actual no se adapta a los estándares europeos

Abrirá una mesa de diálogo social una vez se conozca, el próximo 27 de junio, el fallo del CEDS a la denuncia presentada por CCOO

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha afirmado este miércoles que el Ministerio de Yolanda Díaz abrirá una mesa de diálogo social para reformar el régimen de despido una vez se conozca, hacia el verano, la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) sobre la denuncia de CCOO contra España por incumplir la Carta Europea de Derechos Sociales en lo que respecta a la indemnización por despido improcedente.

Durante la rueda de prensa para valorar los datos de paro del mes de marzo, Pérez Rey ha indicado que, aunque hay que esperar al contenido íntegro de esa resolución, han trascendido algunos elementos de la misma que no son examente iguales a los que se establecieron con la denuncia que promovió UGT ante el Comité por estos mismos motivos.

«Hay otros elementos relativos, por lo que parece, a la readmisión o a la función de los salarios de tramitación que necesariamente se tendrán que tener en cuenta en una eventual reforma del régimen del despido», ha apuntado Pérez Rey.

En todo caso, el secretario de Estado cree que «no hay ninguna duda» de que el Consejo de Europa considera que el régimen del despido español, tal y como está ahora planteado, «está herido». «No me atrevería a decir de muerte, pero desde luego no cumple con los estándares de la Carta Social Europea», ha precisado.

Pérez Rey ha subrayado que el Gobierno tiene «un compromiso firme» con la Carta Social Europea, como ha demostrado con el salario mínimo interprofesional, y es a la vez un «firme defensor» del resultado vinculante para los Estados firmantes de las interpretaciones que haga el Comité Europeo de Derechos Sociales sobre la Carta.

«Una vez que conozcamos en detalle la segunda resolución (la de CCOO, posterior a la de UGT), que hagamos el estudio técnico que nos permita conocer de manera exhaustiva y rigurosa cuál es la exigencia para el régimen extintivo del contrato de trabajo que se deriva de esas interpretaciones del Comité Europeo de Derechos Sociales, abriremos la mesa de diálogo social. Haremos lo que hemos hecho siempre, cumplir escrupulosamente con los tratados internacionales que España tiene suscritos», ha asegurado.

Pérez Rey ha recordado además la reforma de las causas del despido y su adaptación a la Carta Social Europea forma parte del acuerdo de Gobierno entre el PSOE y Sumar.

«Por lo tanto, esperemos a que se haga pública la resolución, que creo que, si no me equivoco, es en verano, en junio. La estudiaremos de manera detenida, no oculto que ya lo estamos haciendo de forma anticipada. Veremos cuáles son sus consecuencias y, a partir de ahí, trazaremos una hoja de ruta que reforme el despido y que haga que España cumpla estrictamente con sus obligaciones internacionales», ha añadido.

El fallo del Comité Europeo sobre la denuncia de CCOO se hará público el próximo 27 de junio.

Aunque existe un deber de confidencialidad hasta esa fecha, el pasado 12 de diciembre se conoció que el Comité había tomado una decisión sobre la denuncia presentada por CCOO en relación a que el derecho español no se adecua a la Carta Social Europea en materia de despido improcedente, ya que no es lo suficientemente disuasorio y limita la indemnización en términos económicos.

Así lo indicaron desde el CEDS, donde explicaron entonces que su decisión no se haría pública hasta un máximo de cuatro meses después de ser comunicada al Gobierno de España o hasta que el Ejecutivo haya adoptado una resolución o recomendación sobre la decisión tomada por el Comité.

CCOO denunció ante Estrasburgo el pasado 18 de noviembre de 2022 que el derecho español vulneraba el artículo 24 de la Carta Social Europea referida a la protección de los trabajadores en caso de despido. Así, la denuncia del sindicato indicaba que el derecho español no permite a los trabajadores reclamar una indemnización vinculada al daño real sufrido en caso de despido improcedente ni permite que esta sea «mínima, accesible y efectiva» para que tenga un efecto disuasorio.

La denuncia presentada por CCOO es similar a la que UGT presentó ante el CEDS alegando que la reforma laboral de 2021 no había revertido todas las medidas introducidas en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy y que el coste del despido improcedente en España no era disuasorio.

Sobre la demanda de UGT, el Comité Europeo de Derechos Sociales falló contra España, por 13 votos a 1, al considerar que la regulación de la indemnización por despido improcedente en España «viola» el artículo 24 de la Carta Social Europea y que el derecho a una indemnización adecuada u otra reparación apropiada en el sentido que establece dicha Carta «no está suficientemente garantizado» por el derecho español.