Tribunal de Cuentas niega al PP que haya más de 600 millones de ayudas estatales en vivienda sin justificar

La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha negado al PP que haya sin justificar más de 600 millones de euros enmarcados en el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, alegando que las comunidades autónomas todavía están en plazo de justificar los respectivos desembolsos.

Chicano ha comparecido este martes en la Comisión Mixta (Congreso y Senado) encargada de las relaciones con el tribunal para detallar varios informes del organismo fiscalizador, uno de ellos sobre las ayudas ligadas al Plan Estatal de Vivienda entre 2018 y 2021.

La portavoz del PP en esta comisión, Pilar Alía, ha remarcado en su intervención que dicho informe detectó 618 millones de euros que estaban pendientes de justificar a 22 de abril de 2024. «¿No hay justificación tres años después de finalizado el plan en 2021? ¿Han sido invertidos esos 618 millones o dónde han ido a parar esos importes?», ha preguntado Alía a Chicano.

La presidenta de la institución ha explicado que ahora no son 618, sino 559 millones los que están sin justificar, pero porque hasta el momento «solo nueve comunidades autónomas han hecho la liquidación».

«El resto de comunidades autónomas no han hecho todavía la liquidación y están en plazo para justificar», ha dicho, incidiendo en que el hecho de que estuvieran pendiente de justificación el pasado mes de abril no quiere decir que a día de hoy no estén ya justificados.

SE NECESITA MÁS COORDINACIÓN EN VIVIENDA

En la presentación del informe, la máxima representante del organismo fiscalizador ha indicado que se hace necesario que el Gobierno refuerce la cooperación y coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos al desarrollar los planes de vivienda estatales.

Precisamente el pasado domingo, en la clausura del Congreso del PSOE, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, redobló su apuesta por la vivienda anunciando, entre otras medidas, la creación de una empresa pública de vivienda.

El tribunal apunta en su informe que había diversas debilidades en la planificación y diseño del Plan de Vivienda, derivadas, especialmente, de su desconexión con las estrategias nacionales para la implementación de la Agenda 2030 y de una insuficiente coordinación y cooperación entre los agentes implicados como son el Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y el tercer sector.

Según la institución, estas debilidades propiciaban la falta de homogeneidad de criterios en la aplicación de las medidas en materia de vivienda por las diferentes comunidades, incrementando el riesgo de que se produzcan desigualdades entre los territorios.