UGT critica que el Gobierno defienda ante la UE el coste actual del despido y en España abogue por revisarlo

El Ejecutivo alega que conceder una mayor indemnización a colectivos vulnerables perjudicaría su contratación por las empresas

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este viernes que el Gobierno abogue por revisar el precio del despido en España y, por el contrario, defienda en Europa su coste actual argumentando que el sistema de cálculo de la indemnización por despido que se utiliza en España es «adecuado».

El sindicato ha hecho públicas este viernes las alegaciones que han presentado el Ejecutivo y la patronal ante el Comité Europeo de Derechos Sociales en respuesta a la demanda contra el Gobierno español que presentó UGT en marzo de 2022 por incumplimiento del artículo 24 de la Carta Social Europea Revisada (CSER) y del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.

En sus alegaciones, el Gobierno asegura que el sistema español de protección al trabajador despedido de manera ilícita cumple con lo dispuesto en el Artículo 24 de la CSER, ya que provee el trabajador «de una indemnización adecuada» y, además, articula «un mecanismo de reparación que resulta apropiado» para compensar por los daños causados y disuadir al empresario de acudir a la vía del despido.

El Ejecutivo alega además el impacto de la reforma laboral, pactada con los empresarios y la patronal, sobre la estabilidad en el empleo y la reducción de la temporalidad, con mecanismos de flexibilidad interna para evitar los despidos.

En rueda de prensa para valorar las consideraciones del Gobierno y la patronal a la demanda del sindicato ante el Comité, el secretario general de UGT ha manifestado su «sorpresa» por las alegaciones realizadas por ambas partes y por el hecho de que hayan defendido ante la UE que el debate sobre el coste del despido «se zanjó» en las negociaciones de la reforma laboral, sin que eso fuera realmente así.

«Yo me esperaba argumentaciones diversas, pero, francamente, argumentar por parte del Gobierno y de la patronal que una de las cuestiones es que ese debate quedó zanjado en la reforma de 2021 no es ni atenerse a lo que pasó, es mentir directamente, y, desde luego, no es ningún argumento que tenga una mínima solidez en relación con la demanda», ha recalcado Álvarez.

Además, el líder de UGT ha recordado que este argumento invalida la defensa a favor de revisar el coste del despido que el Gobierno hace dentro de España, con la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a la cabeza de esta iniciativa.

«La posición del Gobierno es la que refleja el escrito que han enviado. Lo demás está francamente bien para que pueda aparecer en los medios de comunicación. Seguramente tiene un cierto morbo, pero lo que nos importa realmente es que el Gobierno ha hecho unas alegaciones y es en las que estamos», ha apuntado.

En su demanda, UGT reclamaba ante el Comité que, a la hora de determinar el importe de la indemnización por despido, se tuvieran en cuenta las circunstancias personales y/o familiares de la persona despedida (como la edad, el sexo, la situación familiar o la ausencia de formación) al entender que el daño causado por el despido es mayor cuando el trabajador pertenece a colectivos especialmente vulnerables, que tienen más difícil encontrar un nuevo empleo.

El Gobierno responde en sus alegaciones que hacer esto «afectaría a las decisiones de contratación de las empresas, que tratarían de minimizar el riesgo de afrontar una indemnización mayor, optando por contratar preferentemente a colectivos que no tuvieran asociados esos mayores costes».

«En definitiva, asociar costes mayores de despido a ciertos colectivos respecto de otros provoca un problema mayor de dificultad de empleabilidad para colectivos que ya sufren de por sí, generando o intensificando, en su caso, problemas de discriminación. Precisamente para no sesgar las decisiones de contratación de las empresas, en España se opta por atribuir una mayor protección frente al desempleo a las personas que forman parte de estos colectivos más vulnerables», expone el Gobierno.

LAS EMPRESAS DEFIENDEN QUE LA LEY ESPAÑOLA YA ES BASTANTE DISUASORIA

Por su parte, la CEOE, a través de la Organización Internacional de Empleadores (OIE), ha presentado unas alegaciones «más laxas», como ha dicho en la rueda de prensa el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.

Los empresarios han asegurado en su documento que la legislación española ya es lo suficientemente disuasoria ante el despido injustificado y sostienen que es «incomprensible» considerar que España incumple con el artículo 24 de la CSER, por lo que piden al Comité Europeo de Derechos Sociales que desestime in integrum la demanda de UGT.

Además, la OIE señalan en su alegación que, en las negociaciones de la reforma laboral, las partes decidieron «dar prioridad a la modificación del sistema de contratación» en vez de tratar el despido.

Luján ha contestado que esta «afirmación es falaz» ya que, si bien se dejó fuera del marco negociador, UGT advirtió de que continuaría «reivindicando la modificación del despido, sus causas y sus efectos».

Al igual que Álvarez, el vicesecretario general de Política Sindical de UGT ha admitido la «decepción» dentro del sindicato por la postura del Gobierno, que ha hecho una defensa «torpe» del mantenimiento del sistema de respuesta ante despidos improcedentes.

Pese a la defensa del Gobierno del modelo actual de despido, UGT no cree que esto sea un problema para que el Comité Europeo falle a favor del sindicato, como ya hizo en Italia y Francia, donde ocurrieron casos similares.

Además, ha aclarado que si el Comité Europeo de Derechos Sociales falla a favor del sindicato, su resolución sería ley. «Todo el mundo tiene claro, cuando se habla del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, que sus resoluciones son directamente aplicables. La parte social se llama Comité Europeo de Derechos Sociales y está en Estrasburgo, fruto del mismo Tratado. No necesita explicación que ocurrirá en caso de que sea favorable», ha dicho Luján.

NEGOCIACIONES SOBRE EL DESPIDO EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA

El secretario general de UGT ha asegurado que el sindicato está «satisfecho» con la reclamación, a pesar de que todavía se desconoce la resolución del Comité Europeo de Derechos Sociales.

Aunque es consciente de que no habrá un cambio de legislación al respecto en el corto plazo, Álvarez sostiene que se mantiene el objetivo de UGT de abrir la negociación sobre el despido, que quedó pendiente con la reforma laboral.

El líder sindical descarta que esto pueda hacerse de manera inmediata, ya que se avecina «un periodo electoral inminente», pero espera situarlo en el debate de las próximas elecciones para abrir una mesa de diálogo social sobre el despido en la próxima legislatura.

Álvarez espera llevar a esa mesa las causas del despido, los salarios de tramitación, las indemnizaciones y el procedimiento para resolver los despidos colectivos.

Para preparar el terreno, UGT ha difundido este viernes tanto su demanda como las alegaciones del Gobierno y de CEOE, para que la conversación sobre el despido «sea pública y lo más transparente posible» y, también, para «ir viendo cómo se va posicionando cada uno».

Álvarez ha querido insistir en que el debate en torno al despido lo abrió UGT, aunque después se sumara una demanda similar de CCOO y la vicepresidenta segunda también se mostrara partidaria.

«Me parece muy bien que a partir de aquí todo el mundo lo haga suyo, eso nos va a facilitar el camino para que se convierta en una norma que beneficie a los trabajadores. Pero todo el mundo sabía que había una resolución en Italia, que en Francia estaba en tramitación. Todo el mundo ha tenido oportunidad de hacerlo y el Gobierno tiene en su mano el Boletín Oficial del Estado (BOE) y de oficio podría haber actuado», ha incidido.