UGT y CCOO valoran los avances de la reforma de subsidio de paro, pero detectan «insuficiencias» a corregir

Critican la ausencia de un proceso de diálogo social para alcanzar un acuerdo para la reforma

UGT y CCOO han valorado de manera «positiva» los avances que recoge la reforma del subsidio de desempleo, pero han criticado la ausencia de un proceso de diálogo social para alcanzar un acuerdo para dicha reforma, y han advertido de «insuficiencias» en la misma.

«Entendemos que esta reforma da cumplimiento al hito comprometido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, pero deja aún pendientes aspectos relevantes de la protección por desempleo, por lo que emplazamos al Ministerio de Trabajo a abordarlas», han apuntado ambos sindicatos en un comunicado.

Los sindicatos han reconocido desconocimiento del texto final que ha aprobado el Consejo de Ministros al no haber sido abordado en el diálogo social, pero, con arrglo a la documentación entregada hace dos semanas a los interlocutores sociales, han advertido de «insuficiencias relevantes e incoherencias» a corregir.

Así, han apuntado a una «insuficiente» ampliación del acceso a los subsidios por desempleo a un mayor número de personas con menos de 45 años, si es que se mantiene la limitación a quienes hayan agotado una prestación contributiva de 360 días. «Esto exige tres años de cotización que puede resultar excesivo en muchos casos», han indicado.

Asimismo, ambos sindicatos han echado en falta la eliminación de la percepción parcial del subsidio cuando se procede de un empleo a tiempo parcial, situación que afecta a los subsidios actuales más feminizados y que permitiría acabar con una situación de discriminación que hoy afecta a un número comprendido entre 70.000 y 80.000 personas, según han indicado UGT y CCOO.

Ambas organizaciones sindicales han alertado también de la situación en la que han quedado las más de 120.000 personas beneficiarias que cada año se veían protegidos por alguno de los subsidios de desempleo que ahora quieren remitirse al Ingreso Mínimo Vital (IMV), sin que cuenten con una «norma puente» que les garantice la continuidad de la protección social y que no queden excluidas del nuevo sistema o de los mecanismos de inserción laboral vinculados a la protección por desempleo.

«Es el caso de las actuales personas beneficiarias de la renta Activa de Inserción o el Subsidio Especial por desempleo, los emigrantes españoles retornados, las personas a las que se revisa una incapacidad permanente y vuelven a estar disponibles para el empleo pero ya no mantienen la reserva de puesto de trabajo en sus empresas, o las personas liberadas de prisión», han indicado.

Asimismo, han pedido garantizar la extensión del acceso al subsidio a las parejas de hecho, con hijos o sin ellos, y han apuntado la necesidad de revisar en su detalle la nueva regulación en relación con los subsidios de desempleo agrario previstos para Andalucía y Extremadura.

«Del texto previo conocido, se podría derivar una modificación que empeorara la preservación de periodos cotizados no consumidos para miles de personas que hoy están cubiertas por esa red de protección», han añadido.

«LOS INCREMENTOS EN PRESTACIONES SON INFERIORES A LOS ANUNCIADOS»

Sin embargo, desde los sindicatos han celebrado los avances que recoge la reforma, singularmente el incremento de las cuantías en los primeros meses de la prestación, aunque han reconocido que son «inferiores» a las inicialmente anunciadas.

De la misma forma, han destacado la «importancia» de ampliar el acceso a los subsidios para una parte de las personas menores de 45 años cuando agotan la prestación contributiva, a las personas que trabajan en Ceuta y Melilla como trabajadoras transfronterizas, y la eliminación del mes de espera para cobrar el subsidio.

También, si se confirma, la mejora en el acceso y ampliación de cobertura para quienes no acreditan cotizaciones suficientes para acceder a prestaciones contributivas, aún sin cargas familiares.

Además, han saludado la extensión de la cobertura a los trabajadores eventuales agrarios del conjunto del Estado, reparando así una situación que desde los sindicatos han señalado que era «inaceptable».