Un total de 18 asociaciones firman un manifiesto contra la reducción del límite fiscal de planes de pensiones

Las patronales y asociaciones bancarias apoyan la posición de Inverco y Unespa

Un total de 18 asociaciones empresariales y profesionales españolas, entre las que se encuentran las representativas de la previsión social complementaria, han firmado un manifiesto en el que abogan por mantener el actual límite fiscal en los planes de pensiones privados, frente a la reducción propuesta por el Gobierno.

Entre los firmantes de este manifiesto están la patronal del capital privado (ASCRI), la Asociación Española de Banca (AEB), la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros (CECA), la Asociación Española de Corredurías de Seguros y Reaseguros (ADECOSE), la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y la Asociación para la Mediación Aseguradora de Entidades Financieras (AMAEF).

Asimismo, se han adherido al manifiesto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), la Confederación Española de Mutualidades, el Consejo General de Colegios de Mediadores, Federación de Asociaciones de Corredores y Corredurías de España (FECOR), el Instituto de Actuarios Españoles, el Instituto de Estudios Económicos, Organización de Consultores de Pensiones (OCOPEN) y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

Todos ellos se han sumado al rechazo ya mostrado por la patronal de inversión Inverco y del sector asegurador Unespa, que junto con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomo (ATA), se posicionaron en contra de los recortes de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria, la semana anterior.

El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 rebaja de 8.000 a 2.000 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales y del cónyuge, lo que a juicio de los firmantes «afectará negativamente al conjunto de la ciudadanía y, en especial, a los trabajadores autónomos».

A su parecer, debe permitirse a los trabajadores, especialmente aquellos que trabajan por cuenta propia, recuperar su capacidad de ahorro para la jubilación en los años en los que tienen estabilidad en sus ingresos para compensar otros periodos en que los reducen por las crisis económicas.

Por ello, las asociaciones consideran que «la encomiable intención» del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial «no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión».

En este sentido, han recordado que en España hay más de 7,5 millones de partícipes en planes de pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en planes de previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados por la medida.

VEN LA MEDIDA «DISCRIMINATORIA»

Así, señalan que el establecimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales que tendrían un límite inferior, es «discriminatorio» para la gran mayoría de la población ocupada española.

Afectaría especialmente a las 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social; así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.

Las asociaciones defienden que el sistema individual es «necesario e imprescindible» para todos aquellos que, como los autónomos, no puedan acceder al sistema de empleo por no estar las reformas desarrolladas.

REFORMA CON EFECTOS INDESEADOS

Asimismo, prevén que la reforma que propone el Gobierno puede tener «efectos indeseados» por la cuantía insuficiente de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual bajo los nuevos parámetros.

A razón de 2.000 euros por año, un autónomo podría acumular 80.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero.

Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual «insuficiente» para complementar la pensión pública de un trabajador autónomo y garantizarle unos ingresos totales adecuados.

REDUCIRÁ LOS INGRESOS DEL ESTADO

Desde el punto de vista de la Hacienda Pública, las asociaciones sostienen que la fiscalidad de los sistemas de previsión social supone un mero diferimiento de la tributación, es decir, que su tratamiento fiscal no genera beneficios.

La reducción en la base imponible del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de las aportaciones se compensa más adelante con la tributación como rendimiento de trabajo de las prestaciones.

Por lo tanto, aseguran que toda medida destinada a reducir ahora las deducciones fiscales por aportaciones a instrumentos individuales de previsión social complementaria derivará en una reducción de los ingresos fiscales del Estado en el medio y largo plazo.