Vox lleva al próximo Pleno del Congreso sus propuestas para autónomos, sin cotización según ingresos

Vox defenderá en el Pleno del Congreso de la próxima semana sus propuestas para el trabajo autónomo, rechazando la propuesta del Gobierno para reformar el sistema de cotización en función de los ingresos percibidos, y planteando a la Cámara su retirada.

En su moción, consecuencia de la interpelación dirigida en la última sesión de control al ministro del ramo, José Luis Escrivá, plantean ventajas y descuentos en el actual sistema de cotización, facilitar rebajas fiscales y medidas de apoyo económico con ayudas directas y menos trámites administrativos.

Respecto a las cotizaciones, en su iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, Vox plantea que los autónomos puedan cambiar con mayor frecuencia de base de cotización de forma voluntaria, al alza o a la baja, a lo largo del ejercicio, y que los mayores de 48 años puedan adecuar de forma voluntaria su cotización a sus rendimientos profesionales o empresariales.

TARIFA PLANA PARA MADRE TRABAJADORAS

Asimismo, pide reducir la cotización de aquellos trabajadores por cuenta propia que el año pasado hayan ingresado por debajo del salario mínimo –un 50% de la cuota mínima para quien no llegue y el 75% para quien no alcance el 50% del SMI– y una tarifa plana de 60 euros durante dos años para mujeres que se incorporen tras haber sido madres.

Desde esta formación también plantean que los autónomos societarios puedan deducir su cotización en el Impuesto sobre Sociedades y promover compensaciones fiscales para las bases imponibles generales negativas para los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar su negocio con motivo de las restricciones derivadas del Covid.

Vox propone, además, que estas compensaciones se computen en los rendimientos de capital mobiliario o de ganancias patrimoniales obtenidas por la venta de cualquier activo patrimonial que haya sido destinado a cubrir «gastos familiares o de negocio».

Finalmente, reclaman ayudas directas para todos los autónomos y empresarios con sede en España que hayan sufrido pérdidas de facturación, reducir «al máximo» los trámites administrativos e incluir los créditos públicos en los acuerdos extrajudiciales dentro de una reforma de la Ley Concursal.