24.782 asalariados y 21.089 autónomos de Cantabria recibieron prestación en septiembre

Un total de 24.782 asalariados y 21.089 autónomos recibieron en Cantabria algún tipo de prestación social el mes pasado, en el marco de las medidas extraordinarias aprobadas por el Gobierno de España para hacer frente a la crisis social y económica ocasionada por la pandemia de la COVID-19.

En Cantabria, al cierre del mes de septiembre, 4.219 trabajadores estaban afectados por un ERTE. Esto son 27.353 trabajadores menos que en el peor momento de la crisis en el conjunto de España, el 30 de abril, cuando llegaron a ser 31.572. Por lo tanto, un 86,6% de los trabajadores han salido de un ERTE frente al 76% del total de España.

Además, en septiembre un total de 24.782 trabajadores cántabros percibieron algún tipo de prestación social por parte del SEPE (ERTE, desempleo, etc.), por un importe total de 24,6 millones de euros.

De ellos, 12.169 eran trabajadores acogidos a un ERTE, cuya nómina asciende en total a 5,3 millones de euros. Desde abril, el gasto acumulado en prestaciones sociales ha supuesto 211,4 millones de euros (de los cuales, 92,2 corresponden a ERTEs), 135 millones más que en el mismo periodo del año pasado.

Asimismo, al cierre del pasado mes, un total de 21.089 cántabros autónomos han recibido algún tipo de prestación de la Seguridad Social. De ellas, 19.730 son prestaciones extraordinarias por cese de actividad, 13 prestaciones para autónomos de temporada y 1.346 se corresponden con la nueva prestación compatible con la actividad. El gasto acumulado de la prestación extraordinaria suma más de 51 millones.

En cuanto a los avales gestionados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), a 15 de septiembre, en Cantabria se han aprobado 10.164 operaciones, que afectan a 6.806 empresas, por un importe avalado de 721 millones de euros y una financiación total de 923 millones.

FONDO COVID-19

Por otro lado, Cantabria ha recibido un total de 86,9 millones de euros procedentes del Fondo COVID-19, no reembolsables, «siguiendo criterios objetivos y cuantificables» relacionados con el impacto de la pandemia: 64,7 millones del primer tramo destinado a gasto sanitario y otros 22,1 millones de euros para gasto educativo.

Además, a la Comunidad Autónoma le corresponden cuatro millones de euros del Fondo Social Extraordinario para minimizar el impacto social de la pandemia. Asimismo, ha dispuesto de 597.000 euros de becas comedor.

Como en el conjunto del país, se ha prorrogado la moratoria para el pago de alquileres hasta el 31 de enero de 2021 y se han extendido los supuestos para beneficiarse del bono social en el suministro eléctrico hasta el 30 de junio de 2021. También Cantabria podrá destinar a gasto sanitario 27 millones de euros de Fondos FEDER.

ESFUERZO SIN PRECEDENTES

Para la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, estos datos evidencian el «enorme esfuerzo que este Gobierno está realizando para que nadie se quede atrás por la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19».

«Nunca antes en nuestra historia económica un gobierno había desplegado un conjunto de medidas tan amplio en tan poco tiempo», ha destacado.

Así, Quiñones ha ensalzado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez «está luchando contra la pobreza infantil, está atendiendo las necesidades de los trabajadores y también de las empresas y a los autónomos, a los que está garantizando mecanismos para asegurar la continuidad de la actividad».

«El Gobierno va a centrar todos sus esfuerzos, como lo ha hecho desde el inicio del estado de alarma, para superar la crisis sanitaria y a la vez reactivar la economía y sentar bases sólidas para una recuperación que no deje a nadie atrás trabajando desde todos los planos con el fin de proteger a las familias, los trabajadores, los autónomos y las empresas creando y prorrogando un escudo social sin precedentes», ha subrayado la delegada del Gobierno.

Y para ello, a juicio de Quiñones, el Gobierno ha empleado el mejor instrumento, el diálogo social con seis grandes acuerdos con patronal y sindicatos durante el año 2020.

«Una voluntad de diálogo constante del Gobierno con los agentes sociales para acelerar la recuperación y proteger nuestro tejido empresarial con mecanismos que sirven para proteger a los trabajadores, como el de los ERTEs que no se había visto antes en ningún gobierno de nuestro país», ha enfatizado.

De la misma forma, la delegada del Gobierno ha pedido que todas las fuerzas políticas «abandonen sus trincheras» y trabajen de forma coordinada con el Gobierno para sacar adelante el país.

«España necesita un horizonte de estabilidad política e institucional que solo puede venir de la mano de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado «que reflejen las necesidades de la ciudadanía», ha afirmado.

«El diálogo social ha marcado el camino de lo que debe convertirse la política, un espacio útil de diálogo, cooperación y trabajo conjunto en beneficio de todas las personas», ha subrayado, por lo que también ha pedido que todos los partidos de la oposición «entiendan que no son unos presupuestos más, son unos presupuestos decisivos para diseñar la hoja de ruta, unos presupuestos de país».