AMA y el Gobierno coinciden en soluciones «desde la racionalidad» para las sentencias de derribo

La Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) y el Gobierno de Cantabria han coincidido este sábado en la necesidad de implementar soluciones «desde la racionalidad» y «el sentido común» para los afectados por sentencias firmes de derribo, que pasan principalmente por no derribar las viviendas ubicadas en terrenos donde después se podrá construir y porque todos tengan convenios que les garanticen una indemnización o la sustitución de su vivienda si ésta no se puede legalizar.

Los afectados han celebrado este sábado la XXIV Ruta de los Inocentes con el lema ‘No más cuentos, soluciones ya’, una marcha que les ha llevado a Santander, donde han mantenido un encuentro con el consejero de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Roberto Media, quien les ha trasladado que estos cuatro años de legislatura «tienen que ser el tiempo necesario para que esto se acabe de solucionar de una vez por todas».

Porque, ha subrayado, «cada expediente de esta gente es una tragedia y son muchísimos años de problemas. Por lo tanto, vamos a mirarlos como lo que son, unos verdaderos perjudicados y unos damnificados».

Decenas de afectados se han concentrado a las once de la mañana frente a la sede del Ejecutivo en Peñaherbosa para reclamar justicia, contra los derribos, y con grandes pancartas denunciando «Habéis destrozado nuestras vidas».

Allí, el presidente de AMA, Antonio Vilela, ha mantenido un breve encuentro con el consejero, que posteriormente ha acudido al Ateneo, donde ha intervenido en el acto central de la marcha, en el que también han participado representantes de distintas fuerzas políticas.

A preguntas de los medios sobre las perspectivas que le ofrece el nuevo Ejecutivo popular para la solución al problema de los derribos, Vilela ha manifestado que «siempre que empieza un nuevo gobierno hay la esperanza de que algo cambie y de que empiece bien, sobre todo por las declaraciones del propio Gobierno y los compromisos que han adquirido públicamente y libremente, tanto en el Parlamento como su presidenta».

En este sentido ha recordado que María José Sáenz de Buruaga ha manifestado su voluntad de solucionar el problema en esta legislatura y ha reconocido que lleva «20 años de retraso».

Sin embargo, el presidente de AMA ha reiterado una vez más que hay que «pasar de ese mundo de las palabras, donde llevamos tanto tiempo, al mundo de las realidades y que tengamos soluciones para cientos de familias».

Ha recordado que los causantes del daño han sido el Gobierno de Cantabria y los ayuntamientos, y son quienes «tienen que acabar con el sufrimiento de tanta gente que, mucha de ella ya por desgracia, no puede estar con nosotros porque ya ha fallecido». Al respecto ha comentado que lo que antes era la ‘Marcha de los Inocentes’ es ahora la ‘Ruta’ en autobuses, «porque ya no somos capaces de venir andando desde Argoños, porque somos muy mayores la mayoría», con una media de edad supera los 70 años.

Vilela ha reclamado «soluciones desde la racionalidad», que pasan por no «dilapidar» dinero público en el derribo de viviendas en lugares donde se van a volver a construir. «Si se pueden regularizar, no derribemos viviendas para construir en el mismo sitio, en un suelo urbano consolidado», ha enfatizado.

Otras soluciones son que los convenios lleguen a todos los afectados –la mayoría de los pendientes actualmente son con los ayuntamientos–; que se indemnice a valor de mercado; que se construyan viviendas de sustitución; y que haya dinero suficiente en el fondo de derribos para las indemnizaciones.

Por su parte, el consejero ha asegurado que los derribos son «un problema de legislatura» e «importantísimo» para el Gobierno, cuyo compromiso es «solucionarlo» y que Media sea «el último consejero que tenga que trabajar en estas cuestiones y que demos una solución».

Media ha repasado las decisiones del Ejecutivo en las primeras semanas de legislatura. Así, en Argoños se ha licitado la redacción del proyecto para comenzar el año próximo la construcción de unos chalets de sustitución; y en Arnuero ha firmado un modificado de medio millón de euros para afrontar los problemas técnicos que había en las obras de las viviendas de sustitución. Las llaves se entregarán en 2024, ha afirmado.

En Escalante, Media ha lamentado que «se ha tardado demasiado» en encontrar una parcela para construir 15 viviendas de sustitución. Ya ha firmado la compra y está en licitación el pliego para la redacción y dirección de obra. La primera semana de septiembre se acaba el plazo para presentar ofertas y la ejecución comenzará el año próximo.

Y en Pielagos, el Gobierno, «nada más llegar» se dirigió al Ayuntamiento y el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), «que llevaba dos años metido en los cajones, se aprobó de forma provisional y podrá ser una realidad «a la mayor brevedad posible».

Por otra parte, Media ha recordado el «compromiso» de que el Gobierno sea el «nexo de unión» entre los afectados y los ayuntamientos para que todos los perjudicados tengan un convenio firmado. Esa es la «hoja de ruta» de la Administración, para la que «lo primero es intentar salvar todas las viviendas que puedan salvarse».

Porque, para el consejero, al igual que para Vilela, «alguien tiene que poner sentido común y cordura en toda esta situación». Es decir, a las viviendas que no se puedan mantenerles, darles la posibilidad de otras de sustitución. «No se puede estar como en Escalante, meses y meses para encontrar una parcela: hay que ser mucho más ágiles».

Y si al final la única solución son las indemnizaciones, «tiene que haber dinero suficiente en ese fondo de derribos para que sean justas y rápidas». «Y por lo tanto, dentro del mal causado, que se busque una solución que minore esos perjuicios», ha concluido.