Aplazado a mayo el juicio al acusado de extorsionar a su exsocio al estar preso en Pontevedra por otra causa
El juicio al acusado de detener ilegalmente, herir y extorsionar a otro hombre con el que había tenido negocios en común, previsto esta semana en la Audiencia Provincial de Cantabria, se ha aplazado al próximo mayo, al estar el procesado preso desde hace un mes en una cárcel de Pontevedra por otra causa.
Así, la vista se ha señalado para el 26 de mayo a las 12.00 horas, cuando se practicará el interrogatorio al implicado, vecino de Torrelavega y que se enfrenta a cinco años de prisión que pide el fiscal. Ese día también están previstas las declaraciones de los perjudicados y las pruebas periciales, y al siguiente, 27 de mayo a las 10.00 horas, comparecerán los testigos.
Las sesiones no se ha podido desarrollar ahora, en la Sección Tercera de la Audiencia cántabra, al encontrarse el imputado en la prisión gallega de A Lama desde el pasado 14 de febrero, cuando según han informado fuentes personadas fue detenido junto a otro hombre de Monforte tras una redada en la que se incautó una gran planeadora cuando intentaban botarla al agua en Vilaboa de madrugada.
El remolque en el que quedó atascado estaba preparado para poder llevar la embarcación hasta el agua y se cree que les esperaban otros implicados en una furgoneta que se dio a la fuga poco antes de llegar la Guardia Civil.
En la causa de Cantabria, el vecino de Torrelavega está procesado por detener ilegalmente, herir y extorsionar a un exocio suyo para tratar de obligarle a que le cediera el contrato que tenía suscrito con una empresa, encargada de realizar servicios de transporte a Solvay.
La Fiscalía también le pide una multa de 900 euros y prohibición de comunicar y acercase durante ocho años a la víctima, a la que deberá indemnizar con 3.230 euros por los daños morales causados.
DETENCIÓN ILEGAL Y EXTORSIÓN A SU EXSOCIO TRAS «DESAVENENCIAS»
Según el escrito de acusación del ministerio público, el procesado mantenía «desavenencias» con su exsocio y de común acuerdo con otras dos personas -no identificadas- trató de obligarle a que cediese el contrato suscrito con la compañía que hacía transportes a Solvay.
Como ese fin, en febrero de 2021 interceptó con su vehículo el paso del que conducía la víctima, al tiempo que otro turismo, ocupado por los dos desconocidos, se situó detrás para impedir que diese marcha atrás.
El acusado y sus acompañantes, que iban encapuchados, se bajaron de los automóviles y obligaron al hombre a salir del suyo, golpeándole en la cabeza con la culata de una pistola, mientras le amarraron las manos por la espalda con unas bridas, le introdujeron a la fuerza en el coche del procesado y le trasladaron a su garaje.
Allí, permaneció sentado en una banqueta y le volvieron a golpear con la pistola, mientras el acusado «le retorcía los brazos, le encañonaba con el arma en la boca» y le decía que «esto se arregla» si dejaba el trabajo de Solvay y se lo pasaba: «Yo iré a la cárcel, pero a ti y a tu familia os va a costar la vida», le amenazaba.
El acusado logró así que el perjudicado enviara un correo electrónico al responsable de la contrata de Solvay en el que le decía que cesaba en su actividad y que a partir de ese mismo día prestaría servicio la empresa del acusado. Extrañados por la situación, los responsables de la empresa constataron lo ocurrido impidiendo al procesado que realizara ningún servicio de transporte.
Pese a ello, continuó insistiendo en su propósito con mensajes «intimidatorios», por lo que la Guardia Civil montó un dispositivo de vigilancia y constató que «merodeaba» por los alrededores del domicilio de la víctima y en Mercasantander, donde tenía estacionado su camión.
El acusado estuvo en prisión provisional durante un mes por estos hechos y a la salida de la cárcel se le impuso una medida cautelar de prohibición de acercamiento y comunicación con el perjudicado.
