Historias de la Unión Europea

Austria es mundialmente conocida por un bello y corto verano y unos paisajes nevados de postal de Navidad. Pero también porque, al estar situada en el centro de Europa, es un lugar de paso para todos los camiones habidos y por haber que van y vienen de todas partes. Algunas carreteras han de soportar tal desfile diario, que las autoridades nacionales se plantearon cerrar el tráfico de vehículos pesados en un tramo de autopista, amparándose, entre otras razones, en que se rebasaban los límites legales de contaminación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido el encargado de decidir si esa restricción se podía o no tomar y, finalmente, ha dictado una sentencia favorable a la circulación de camiones, al considerar que no existe razón para prohibir su tráfico en los términos en los que Austria lo hizo.
La polémica tiene su origen hace tres años en el Valle del Inn, situado en la región del Tirol. Allí se estableció que los camiones que pesaran más de 7,5 toneladas y portasen determinadas mercancías como madera en rollos, cereales, escombros, piedras o tierra, no pudieran circular a lo largo de 46 kilómetros de la autopista A-2.
El objetivo del reglamento austriaco era mejorar la calidad del aire y garantizar la salud humana y la de la fauna y flora de la zona. Estudios científicos habían demostrado a las autoridades del país centroeuropeo la necesidad de limitar el tráfico de vehículos pesados porque sus emisiones de NO2 constituían una importante fuente de contaminación.
Los austriacos seleccionaron las mercancías que podían trasladarse a través de otros medios de transporte menos contaminantes como el ferrocarril, una solución técnica y económica, ya que los estudios demostraban su capacidad de respuesta al incremento de la demanda.
La existencia de carreteras alternativas al transitado tramo de la A-2, que soporta casi la mitad del tráfico de vehículos pesados del Corredor de Brenner, también justificaba la prohibición. Escoger un itinerario equivalente y más corto era lo mejor, decían, y no cabía imaginar que todos los camiones extranjeros afectados por la norma legal austríaca tendrían que desplazarse hasta Suiza para dar la vuelta o escoger la ruta del Taern.
Las estadísticas reforzaban esta tesis ya que, según las autoridades tirolesas, entre la localidad de Worgl, cercana a Alemania, y la de Hal, a diez kilómetros de Innsbruck, circulan 5.200 vehículos pesados al día, aproximadamente uno cada quince segundos.

Mejor en tren
Tener que cambiar de ruta tiene unos efectos económicos considerables sobre las empresas de transporte y el problema se agrava en un sector caracterizado por un exceso de capacidad y unos márgenes muy pequeños. Además, por mucho que en Austria pensaran que las normas son inherentes al sistema de protección ambiental establecido, lo lógico es que las prohibiciones se aplicaran a todos los países europeos por igual.
Así, el Tribunal de Justicia sostenía que el paso del camión al ferrocarril tendría unos efectos perversos sobre los transportistas locales, obligados a realizar trayectos más largos en camión para dejar su carga en la estación de tren más próxima o para recogerla, con lo que, al final, acabarían generando más contaminación, justo lo contrario del objetivo perseguido.
Dado que el reglamento austriaco se refiere al transporte internacional o de tránsito, que está realizado en un 80% por empresas extranjeras y que, por contra, los transportes beneficiados por la medida son austriacos en un 80%, el resultado era incompatible con lo dispuesto en las normas de la Unión Europea. A esto se unía que la pretendida protección del medio ambiente que perseguía la prohibición vulneraba claramente el principio de proporcionalidad.
En suma, las autoridades austriacas deberían haber examinado otras soluciones para garantizar el transporte de las mercancías afectadas antes de adoptar una medida tan radical que, para colmo, entraba en vigor dos meses después, un período insuficiente para que las empresas afectadas se adaptaran a las nuevas circunstancias. Así lo entendió el Tribunal Europeo antes de echar abajo la normativa.