Ascan afirma que actuará conforme a la legalidad y ‘sin poner trabas’ a Cespa

Asegura que, con el mismo dinero, "el milagro de los panes y los peces será difícil"

La empresa concesionaria hasta ahora del servicio de basuras del Ayuntamiento de Santander, Ascan-Geaser, ha afirmado que va actuar conforme a la legalidad y «sin poner trabas» a un servicio que es esencial para los ciudadanos, en relación a la devolución de la maquinaria que, según la entidad, «ponen en duda» tanto la Junta de Gobierno municipal (PP-Cs) como la nueva adjudicataria del servicio, Cespa.

El director general de Ascán-Geaser, Rubén Varela, ha denunciado en nota de prensa que tras la rueda de prensa que la entidad ofreció el pasado viernes, en la que anunció que iba a interponer una querella criminal contra el interventor y dos altos cargos municipales por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes, «las informaciones falsas continúan sucediéndose con el consiguiente deterioro reputacional de una empresa cántabra que lleva más de 30 años dedicándose a este servicio».

Valera ha reiterado que tras la resolución del contrato el Ayuntamiento ha elegido «a dedo» a la nueva concesionaria, Cespa, sin publicidad ni concurso público, para que releve a Ascán-Geaser en la recogida de residuos a través de un procedimiento de emergencia «sin precedentes en la historia del sector en España».

Así, ha señalado que «el milagro de los panes y los peces es muy difícil que se de en un servicio de gestión de residuos». Según ha sostenido, Cespa se ha comprometido a mejorar un servicio por un importe que «permite pocas mejoras si no se amplía» y se plantea alquilar maquinaria si Ascan no devuelve la suya, un supuesto que «no es posible por falta de máquinas de esas características en el mercado de alquiler».

En este sentido, ha indicado que este planteamiento «presupone» que Ascan no va a cumplir con «lo que es legal», que es, según Varela, «lo que vamos a hacer y lo que hemos hecho siempre».

Por otra parte, el director de Ascan ha apuntado que la propuesta de Cespa recoge la subrogación de una plantilla de 275 trabajadores, cuando la media de operarios del servicio es de 330, y con la que «el propio Ayuntamiento aplica deducciones a las facturas mensuales con el argumento de que es insuficiente».

«La preocupación es grande en la plantilla del servicio cuando han conocido este dato, tan diferente al real de 275 trabajadores, que es solo una de la larga sucesión de informaciones inciertas que contempla la propuesta de la empresa de capital alemán», ha asegurado.

Respecto al nuevo contrato diseñado por el Ayuntamiento, ha señalado que éste «no contempla ninguna obligación ni inversión en la Smart City y sí plantea complementar el servicio con más medios». «Es decir, menores requisitos de prestación de servicio con un precio mayor a pagar por el Ayuntamiento», ha censurado.

En este punto, Varela ha insistido en que Ascan-Geaser ha ofrecido «de manera reiterada» a lo largo de los últimos años «propuestas de mejora» del servicio con la contratación de más medios, que «jamás aceptó el Ayuntamiento de Santander» lo que, a su juicio, «deja patente, una vez más, la desigualdad de trato de una empresa que ganó un concurso público con respecto a otra elegida a dedo».

Finalmente, el portavoz de Ascán-Geaser ha aclarado que la empresa que dirige «solo se está defendiendo de una situación injusta que debe resolverse en los tribunales, y más en lo que afecta concretamente a un procedimiento de emergencia que tiene como objetivo adjudicar el servicio a otra empresa antes de las próximas elecciones, ya que la contrata con la empresa cántabra acaba justo después, en agosto de 2023».

Ceruti dice que para él «sería un honor estar querellado junto al interventor» por el contrato de basuras

El portavoz del equipo de Gobierno de Santander y del Grupo Cs, Javier Ceruti

 

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno de Santander y del Grupo Ciudadanos, Javier Ceruti, ha afirmado que para él «sería un honor estar querellado junto al interventor» por su actuación en el contrato de basuras, que ha llevado a su resolución por incumplimientos graves por parte de la anterior adjudicataria, la UTE Ascan-Geaser.

La empresa anunció el viernes que había presentado una querella criminal contra el interventor municipal, Ignacio Gómez Álvarez; la directora general de Medio Ambiente, Belén Domínguez Fernández; y la jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible, Julia Benito, por presunta prevaricación administrativa en la firma de informes del servicio; querella que, dijo, no descarta ampliar a la Junta de Gobierno local, de la que es parte Ceruti.

Hoy, a preguntas de la prensa sobre cómo puede afectar la vía judicial al proceso, Ceruti ha declarado que lo desconoce porque la decisión depende de un tercero, pero lo que sí tiene «clarísimo» es que el Ayuntamiento está haciendo «lo que han dicho los servicios técnicos que se tiene que hacer». Además de que, en su opinión, existe «un peligro muy grave», que es que deje de recogerse la basura, «lo que en muy poco tiempo provocaría una situación de insalubridad que pondría en peligro a los ciudadanos de Santander».

Para el concejal, si el Ayuntamiento condicionara su actuación «al miedo de obtener una resolución negativa» en los tribunales, «no haríamos nada». Y en este sentido se ha referido a la «injusticia extraordinaria» que en su opinión ha sufrido el interventor con la querella, pues «hizo lo que debía», al advertir en un informe de los incumplimientos del contrato.

«Cumplió con su deber y ahora está querellado», ha señalado el edil, que ha sufrido esta «amenaza» como miembro de la Junta de Gobierno local. «Nosotros hacemos lo que creemos que es justo y después que los tribunales decidan. Pero no podemos condicionar nuestra actividad al miedo a pasar apuros judiciales», ha sostenido. «El interventor no condicionó su obligación al miedo de sufrir una querella y nosotros no lo vamos a hacer tampoco», ha subrayado.

Además, ha apuntado que «ni siquiera la concesionaria ha discutido» que Santander está sucia, por lo que «había que tomar medidas».

En este sentido, ha recordado que Ascan ha afirmado que la ciudad está sucia porque las condiciones del contrato no se podían cumplir, lo que ha hecho que el edil vuelva a reclamar una comisión de investigación sobre basuras «porque cada vez hay más cuestiones que aclarar». En este caso, «quién chantajeó a la concesionaria y le obligó a presentar una oferta a la baja» porque, según el argumento de la UTE, «solo caben dos circunstancias: o concurrió sabiendo que no iba a cumplir lo que prometía o fue obligada a concurrir por alguien y nos gustaría saber quién».

NUEVA ADJUDICATARIA

Respecto a la nueva adjudicataria temporal del servicio, Cespa, la segunda empresa mejor valorada en el concurso de basuras de 2012, Ceruti ha precisado que las condiciones del contrato «no son las mismas» que las de Ascan-Geaser porque se trata de un contrato de emergencia.

En este sentido, el portavoz de Cs ha «aplaudido» la decisión de la Concejalía de Medio Ambiente y de Alcaldía (ambas del PP) de optar por la segunda empresa mejor puntuada como «criterio objetivo» para la adjudicación, «el único que podía escapar de cualquier mala interpretación».

El concejal ha señalado que una vez Cespa ha aceptado el encargo, «entendemos que lo ha hecho con pleno conocimiento de las condiciones y sabiendo que va a poder llevar a cabo una limpieza eficiente de la ciudad porque sino estaría haciendo lo mismo que la anterior concesionaria y no creemos que sea el caso».

De cualquier forma, ha asegurado que «se controlará» que haya «un perfecto cumplimiento» de las condiciones del contrato. Incluso se ha previsto que Cespa asuma el alquiler de la maquinaria si Ascan no la entrega.

La responsabilidad del contrato es de la directora general de Medio Ambiente –«que ha sufrido una querella por la anterior concesionaria que dice que ha hecho demasiado bien su trabajo»–, además de que hay otra empresa externa que vigila el cumplimiento. Y en Cs estarán «atentos y vigilantes» a que se cumpla «aunque me parece que esta vez no va a hacer mucha falta», ha comentado Ceruti.

«Esta vez va a haber mucha gente mucho más atenta de lo que lo estuvo antes, vigilante respecto al cumplimiento de este contrato», ha apostillado.

TRABAJADORES

En cuanto a los trabajadores del servicio, el edil ha dicho que su «sensación» es que, cuando empiece a prestar el servicio Cespa, a partir del 11 de noviembre, «habrá que contratar a más gente» porque la plantilla actual, que se subrogará, no cumple el número exigido en el contrato –como señala el informe de Intervención de 2018–, y la nueva concesionaria deberá «tener la plantilla en los números necesarios».

Ceruti también ha recordado que en el contrato se condiciona la reducción de plantilla a la aportación de maquinaria que lo sustituya; máquinas y estado de las mismas –que ha cuestionado, afirmando que «muchas no funcionan»– que ahora revisará la nueva concesionaria. Ya se sabe que no ha habido camiones lava contenedores cuando el contrato establecía que fueran tres.

También, el edil ha rechazado las comparaciones de Ascan con lo sucedido con los contratos de Parques y Jardines y de Aguas, porque la situación es diferente. «Si Ascan-Geaser hubiera cumplido sus condiciones, hubiera llegado el vencimiento del plazo y aún no estuviera licitado el siguiente contrato, hubieran seguido ellos, como en Parques y Jardines, pero las circunstancias son completamente diferentes» porque tiene sentencias en contra por incumplimientos graves y un informe del Consejo de Estado «que dice que debemos resolver el contrato».

«Se ha buscado en los dos asuntos resolver el problema de la manera más razonable» y «no se ha dispensado ninguna diferencia de trato», ha subrayado al respecto.

Y ha lamentado que la adjudicataria, que el viernes recordó que era una empresa cántabra, no cumpliera el contrato «con diligencia porque perjudicaban a aquella gente de la que son».

MUNICIPALIZACIÓN

Respecto a la municipalización del servicio de basuras que ayer han reclamado asociaciones vecinales de Santander, Ceruti la ha rechazado por la «imposibilidad material» y la falta de capacidad para gestionar el servicio por parte del Ayuntamiento, además de porque la externalización se ha «demostrado que es más efectiva» para consistorios «de cierto tamaño».

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